Conflictividad social aumentó en más del 40% en 2023, advirtió la Defensoría del Pueblo

Durante la presentación del quinto boletín del Observatorio de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, advirtió que al terminar el primer cuatrimestre de 2023 se han registrado 437 eventos de conflictividad social en el país. Esto representa un incremento del 41% en comparación con el mismo periodo de 2022, cuando registró 311 eventos.

Por lo que el defensor le pidió al Gobierno nacional fortalecer las labores de prevención temprana para evitar que los conflictos sociales escalen a una situación de mayor complejidad y desencadenen en hechos de violencia.

De acuerdo con las cifras de la Defensoría, este tipo de conflictos se registraron en 176 municipios de 29 departamentos. Siendo Bogotá en donde más se concentraron con el 17% de los casos, seguido por Antioquia (8%), Santander (8%), Bolívar (8%) y La Guajira (6%). El listado lo completan Córdoba, Cauca, Atlántico, Cundinamarca, Valle del Cauca y Tolima. En estos departamentos se registraron, en cada uno, el 4% de los casos.

Camargo señaló que: “Resulta fundamental que las autoridades gubernamentales, en todos los niveles, escuchen los clamores de las comunidades para que puedan adelantar un diálogo franco que permita plantear respuestas efectivas. Allí lo más importante es que haya un seguimiento riguroso a los acuerdos para evitar que las comunidades se sientan engañadas”.

Según la información consolidada por la delegada para la Prevención y la Transformación de la Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo, el inconformismo social estuvo relacionado con la garantía del derecho a la educación, el respeto por los derechos laborales, la implementación de medidas o políticas de transporte, las demandas de inversión o presencia estatal, los conflictos ambientales, el derecho a la salud, acceso a la tierra y el territorio, medidas de erradicación o sustitución de cultivos ilícitos, la garantía de los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad, entre otros.

Sobre esto, Camargo reparó en que las dinámicas de la conflictividad social deben ser atendidas abriendo espacios de diálogo a la mayor brevedad: “Sin posponer los llamados a los que apelan los ciudadanos a la hora de manifestarse, independientemente de la región en la que se encuentren. Cuando sienten que sus derechos son vulnerados, las autoridades gubernamentales deben propender por reivindicárselos”.

La Defensoría del Pueblo también pudo determinar que entre los mecanismos a los que la ciudadanía se ha volcado para manifestar su insatisfacción o inconformidad frente a las acciones, u omisiones, del Estado la mayoría optó por el bloqueo de vías (41%), seguidos por los plantones o concentraciones (32%), marchas o movilizaciones (11%), ocupación o toma de instalaciones (4%), paros cívicos o cese de actividades (4%).

También señaló que en el 9% de los eventos hubo disturbios o medidas con riesgo para la integridad de quienes manifestaban.

En estos casos, en la Defensoría se facilitaron 54 espacios de diálogo en 16 departamentos: Nariño, Santander, Córdoba, Norte de Santander, Cauca, Caquetá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia, Arauca, Risaralda, Atlántico, Meta, Caldas, La Guajira y Guainía.

Igualmente, en estos 54 espacios se lograron consensos y acuerdos que permitieron, además de atender las peticiones de las comunidades, levantar las manifestaciones que se venían adelantando por diferentes actores sociales.