En los municipios Caldono y Jambaló, ubicados al norte del Cauca, integrantes de las comunidades indígenas misak y nasa denunciaron un aumento de enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las extintas Farc, principales estructuras presentes en la región.
Ante esas situaciones, hicieron un llamado al Gobierno nacional para atender la emergencia debido al alto riesgo que representan las acciones armadas para estas poblaciones. En ese sentido, se llevó a cabo durante el miércoles 24 de mayo una misión de paz interinstitucional en compañía de autoridades locales y municipales.
Allí, habitantes de las veredas Los Robles, Zolapa y San Antonio también advirtieron los permanentes casos de reclutamiento forzado y las constantes disputas territoriales que tienen ambas estructuras. Uno de los hechos recientes denunciados por organizaciones como el Consejo Regional Indígena del Cauca –Cric– fue el rapto de Libia Quiguanás y Telésforo Ipia, ambos residentes de Jambaló. Tras una búsqueda liderada por los mismos indígenas, fueron encontrados a orillas del río homónimo con heridas mortales causadas con arma cortopunzante.
Teniendo en cuenta esos hechos y la constante amenaza hacia las comunidades, la oficina del alto comisionado para la Paz –Oacp– pactó nuevos compromisos a los ya acordados, entre ellos el desarrollo de medidas para la puesta en marcha de acuerdos humanitarios dentro del mecanismo ‘Ecosistemas de paz’.
En respuesta, los representantes de los pueblos misak y nasa indicaron que era la primera vez que recibían la visita de un equipo de la actual administración y delegados internacionales.
“Anteriormente tocaba luchar o marchar e ir a las grandes ciudades para tener la oportunidad de dialogar con el Gobierno. Ahora son ellos quienes vienen hasta aquí para escuchar nuestras realidades”, manifestó Gina Dagua, autoridad nasa.
Asimismo, la entidad indicó que el compromiso más inmediato es adelantar la instalación de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas –Ciprat– el jueves 25 de mayo en Caldono.
Este engranaje estará liderado por el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y otras dependencias del Gobierno. “El respeto por la vida y los derechos humanos de la población civil de la región de Jambaló y Caldono es urgente para superar esta crisis humanitaria y dar paso a la construcción de paz duradera en la región”, señaló la oficina del alto comisionado a través de un pronunciamiento emitido también durante el miércoles 24.
Esta escalada de violencia contra los pueblos indígenas del norte de Cauca se produjo en medio del anuncio de interrupción del cese al fuego entre el Gobierno nacional y el Estado Mayor Central de las Farc el lunes 22 de mayo.
A través de un comunicado, la disidencia al mando de alias Iván Mordisco cuestionó el papel de la administración del presidente Gustavo Petro en la consolidación de la política de paz total, proyecto bandera del gobierno. Entretanto, el jefe de Estado le envió un segundo mensaje a ese grupo ilegal para que sí se cumpla la pausa de acciones violentas en las regiones donde aún está vigente.
“Esperamos que los diferentes frentes de la EMC en las zonas donde no se levanta el cese al fuego cumplan con este precepto: cese al fuego significa cese de hostilidades a la población civil, entrada del estado civil a la zona para transformar las economías no legalizadas en economías prósperas para el campesinado, acuerdos de sostenimiento de las tropas en conflicto”, indicó el jefe de Estado a través de su cuenta de Twitter.
Pese a ello, la Oacp aclaró que la segunda fase de la paz total será la concreción de espacios dialógicos en los que las víctimas serán sujetos centrales para la elaboración de pactos de pacificación en los territorios con casos más críticos de violencia.