Se podría caer el Plan Nacional de Desarrollo por “derrochón” y por los súper poderes que le otorga a Gustavo Petro

Con la sanción de la ley 2494 de 2023, el presidente Gustavo Petro no solo busca contratar a dedo a los amigos que lo ayudaron a ser elegido, sino que enfila baterías para usurpar funciones del Congreso de la República para, entre otras cosas, crear y fusionar entidades del Estado.

Así lo advirtió el miércoles 24 de mayo el concejal de Bogotá por el partido cristiano Colombia Justa Libres Marco Acosta, quien por tal motivo presentó, cuatro días después de sancionada, una demanda de Acción Pública de Inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, contra los artículos 100, 101, 364, 366, 367 de la Ley 2294 de 2023 que expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2023 – 2027 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.

En efecto, refirió el concejal al radicar la denuncia, la promesa cumplida del presidente Gustavo Petro, de que utilizaría a las Juntas de Acción Comunal y otras Organizaciones Sociales e incluso personas naturales para la ejecución de obras, o la adquisición de bienes y servicios relacionados con infraestructura social, vivienda rural, vías y caminos vecinales entre otros, “fue recibida por parte miles de ciudadanos con gran indignación”, razón por la cual el concejal Acosta tomó la decisión de demandar el articulado.

Explicó que, en específico, a través de los artículos 100 y 101 de la ley del Plan, el gobierno está buscando que estas organizaciones puedan recibir contratos a dedo hasta por 6.000 Salarios Mínimos Legales Vigentes (SMLV), sin acreditar ninguna experiencia en la materia.

“El presidente Gustavo Petro lo que quiere es pagar favores políticos a través de la contratación estatal vulnerando los principios de igualdad, imparcialidad, moralidad pública y selección objetiva”, manifestó el concejal Marco Acosta demandante de la ley.

Por otra parte, por medio de la ley del Plan de Desarrollo el Congreso le delegó al presidente super poderes para crear y modificar entidades del estado, función que de acuerdo con el concejal Acosta no puede ser delegada, y que es del resorte exclusivo de la ley orgánica.

Especificó que estas facultades desconocen lo que se establece en el Artículo 150 número 10 inciso 3 de la Constitución, así como el Artículo 264 de la ley quinta de 1992.

“El Gobierno debe entender que el respeto a los valores democráticos es el camino a la paz y a la prevalencia del interés general. Intentar imponer normas abiertamente inconstitucionales es una afrenta a nuestro sistema democrático”, puntualizó el miércoles 24 de mayo el concejal Marco Acosta quien acto seguido explicó esta demanda está orientada a defender la democracia colombiana.

“Como ciudadano me pongo en pie de lucha por la defensa de nuestra democracia, nuestras instituciones y el equilibrio de las ramas del poder público. Es por ello que presenté esta demanda para proteger nuestro marco institucional que está en riesgo e invito a los demás ciudadanos a estar vigilante en defensa de nuestra institucionalidad y nuestros valores democráticos”, concluyó a este respecto el cabildante de Colombia Justa Libres, quien ya había criticado al presidente por su falta de postura y de autocrítica.

“No educó al hijo, no propuso La Paz total, no presentó la reforma política, todo lo que fracasa lo niega o desconoce, falta autocrítica presidente”, había dicho el concejal un día antes.

El presidente firmó el jueves 19 de mayo en el resguardo indígena de El Remanso, en el departamento del Guaviare (centro-sur) el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, que tiene como ejes defender la vida, la naturaleza y la justicia social.

“Aquí 11 millones y medio votaron por cambiar a Colombia y volverla una potencia mundial de la vida. Y decidieron que eso un Gobierno lo aplicara y así seremos evaluados, porque a partir de hoy el Gobierno del cambio gobierna con su plan de desarrollo”, dijo ese día el jefe de Estado.

El gobernante colombiano destacó que el Plan Nacional de Desarrollo “es un punto de llegada de un diálogo nacional, la justicia social empieza porque la gente tenga derechos, y este plan dice salud, educación, agua y derechos”, preciso.