Lo que no se sabe sobre el ataque al Palacio de Justicia: tres militares comparecerán ante la JEP

Débora Anaya, hija de Norma Constanza Esguerra, una de las 11 desaparecidas en la retoma, señaló a Infobae Colombia que la expectativa de las víctimas es baja por la negativa de los comparecientes a aportar al esclarecimiento

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La Toma del Palacio de Justicia, en Bogotá. Operación Antonio Nariño fue un asalto perpetrado el miércoles 6 de noviembre de 1985 por un comando de guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) Archivo Colprensa.
La Toma del Palacio de Justicia, en Bogotá. Operación Antonio Nariño fue un asalto perpetrado el miércoles 6 de noviembre de 1985 por un comando de guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) Archivo Colprensa.

Tres militares que buscaron acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz, pero se han negado a entregar aportes significativos de verdad por los hechos de la retoma del Palacio de Justicia, tendrán una última oportunidad para ser acogidos por esa justicia transicional.

Se trata del sargento mayor (r), Gustavo Arévalo Moreno; el sargento viceprimero (r), Bernardo Alfonso Garzón Garzón, y el mayor (r) Óscar William Vásquez Rodríguez, quienes tendrán audiencia única de aporte a la verdad el 24 de mayo, para que cumplan su compromiso de aportar al esclarecimiento de los hechos.

Para la JEP, los tres militares han incumplido con ese compromiso conocido como el régimen de condicionalidad. Así lo determinó en agosto de 2022 cuando los convocó a una audiencia única de aporte a la verdad para confirmar si colaborarán o deben ser expulsados del tribunal.

“La Sección comprobó que tanto Gustavo Arévalo Moreno como Óscar Vásquez Rodríguez han tenido una actitud reticente y poco colaborativa, pues desde que suscribieron su acta de sometimiento el 16 de marzo y el 5 de agosto de 2021, respectivamente, no han realizado ningún aporte de verdad ni han contribuido con el Sistema Integral para la Paz”, señaló la JEP.

El esclarecimiento ha sido infructuoso respecto de los hechos ocurridos entre el 6 y el 7 de agosto de 1985, cuando la fuerza pública realizó la retoma del Palacio de Justicia. Para las víctimas, se trata de un pacto de silencio entre los responsables del operativo, de los cuales dos ya han sido expulsados de la JEP.

El condicionamiento para los tres militares que trabajaron en organismos de inteligencia para la época de los hechos, se dio en la misma decisión que rechazó el sometimiento del general (r) Iván Ramírez Quintero por no aportar verdad e, incluso, evadir el diálogo con las víctimas.

Iván Ramírez Quintero. / Colprensa
Iván Ramírez Quintero. / Colprensa

Arévalo Moreno y Vásquez Rodríguez no asistieron de manera voluntaria a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), mientras que Ramírez Quintero y Garzón Garzón fueron considerados renuentes por esa entidad del sistema porque, pese a los llamados que les hicieron, ni contestaron ni asistieron.

Las víctimas apelaron la comparecencia de Bernardo Garzón Garzón por lo que se condicionó su sometimiento, que solo podrá mantenerse si en la audiencia hace aportes significativos acerca de los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia.

Bernardo Alfonso Garzón Garzón, condenado por los hechos del Palacio de Justicia
Bernardo Alfonso Garzón Garzón, condenado por los hechos del Palacio de Justicia

Otro de los expulsados de la JEP por este subcaso fue el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, quien, incluso, negó ante los magistrados hechos por los que ya ha sido condenado, es decir, que han sido probados por la justicia ordinaria, que lo encontró responsable en coautoría del delito de desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández, Luz Mary Portela León, David Suspes Celis e Irma Franco Pineda.

En esta audiencia de aporte de los tres militares comparecientes estarán presentes las víctimas. Déborah Anaya, hija de Norma Constanza Esguerra, desaparecida en la retoma, explicó a Infobae Colombia que las víctimas esperan conocer menciones a los cómplices de la desaparición y tortura, el modus operandi y aportes a la búsqueda de quienes no han sido hallados.

“Esperamos que no ocurra lo que sucedió con Arias Cabrales, que le faltó el respeto a la Corte que dijo, en varias oportunidades, que llegó a la JEP porque sus abogados le dijeron que podían reabrir el caso”, sostuvo Anaya. “Esperamos que ninguno de ellos vaya a salir con esta aberración jurídica que lo hacen es para dilatar el proceso y es revictimizante”, agregó.

Las víctimas plantearán como aporte a la verdad que se establezca la cadena de mando del Plan Tricolor y los mandos militares que dieron la orden o autorizaron las torturas y desapariciones de personas que salieron vivas del recinto.

“Vamos con muy poca esperanza porque desafortunadamente en el caso del Palacio de Justicia se teje una maraña de impunidad en la cual ellos por más que la justicia los ha encontrado culpables, ellos no quieren aceptar. Lo que ocurrió la última vez fue muy revictimizante, la expectativa es baja, no estamos muy felices con lo que sucedió”, afirmó Anaya.

También tienen solicitudes a la JEP para que les permita a las víctimas intervenir en la audiencia para plantearle a los militares sus solicitudes puntuales y dejar presente el sentir frente a lo que ha ocurrido con la comparecencia de los responsables en la retoma del Palacio de Justicia.

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