Gran incertidumbre ha causado el hallazgo de cuatro cuerpos desmembrados en la tarde del pasado domingo 21 de mayo en La Guajira, en hechos que aún son materia de investigación para las autoridades que lograron dar con las primeras pistas hasta este martes 23 de mayo de 2023.
Los hechos se registraron sobre el Jarillón del río Tapias, en jurisdicción del corregimiento de Pelechúa, en la zona rural del Distrito de Riohacha, lugar en el que fueron encontrados cuatro costales que contenían en su interior restos humanos en avanzado estado de descomposición.
Una vez las autoridades hicieron presencia en el lugar, los cuerpos fueron trasladados a la Unidad Regional de Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Barranquilla, con el objetivo de que allí dieran con las identificaciones de las víctimas.
Una vez en la capital atlanticense, el estudio de los restos se dificultó debido a que las condiciones en las que se encontraban eran sumamente precarias, debido a que los cuerpos mostraban claras señales de tortura y maltrato, sumado al mal clima y a las altas temperaturas en las que permanecieron.
Finalmente, tras varias horas de investigación, Medicina Legal habría entregado los nombres de las víctimas, de quienes se sospecha estaban desaparecidos desde el pasado 29 de abril de 2023.
A pesar de no haber confirmación oficial por parte de la entidad, los cuerpos serían de tres campesinos oriundos de Corozal, Sucre, que habrían salido desde su pueblo con destino a Barranquilla.
Se podría tratar de Jaime Monroy, Carmelo Badel Gómez y Julio Ordóñez, quienes tenían como objetivo llegar a la Arenosa luego de realizar un recorrido que pasaría por Santa Marta y Buritacá, donde comprarían cálculos biliares para bovinos.
Estos cálculos, que son las piedras que se forman en la vesícula del ganado, son vendidos con fines que van desde la fabricación de sim cards así como materia prima para elaboración de fármacos que pueden llegar a ser avaluados hasta en $250.000 por gramo.
Los padres de las víctimas fueron contactados por Medicina Legal para hacer una prueba de ADN que les permita a las autoridades establecer si existe o no una relación entre ellos y los cuerpos hallados.
A pesar de lo que informó la Fiscalía General de la Nación, los familiares de los hombres, que aún permanecen desaparecidos, han ofrecido una recompensa de diez millones de pesos para las personas que informen sobre su paradero.
Monroy era un ganadero reconocido en la zona que comenzaba a comercializar los cálculos bovinos, lo que al parecer sería un elemento muy deseado por algunos habitantes de la zona.
Julio Ordóñez habría sido la persona que estableció el vínculo entre Monroy y los comerciantes con los que se reunirían en su trayecto hacia Barranquilla y que les entregarían el material con el cual regresarían a su pueblo natal.
Por su parte, Badel Gómez era el conductor contratado para transportarlos hasta el lugar donde se concretaría el negocio a raíz de una necesidad económica.
La Policía de La Guajira, que atendió el caso inicialmente, se manifestó en sus redes sociales e informó algunos detalles sobre la investigación.
“El Comando del Departamento de Policía Guajira dispuso de un componente institucional conformado por Policía Judicial de la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia Policial, que se encargarán de adelantar las investigaciones que determinen los factores de modo, tiempo y lugar, que permitan presentar ante las autoridades judiciales dar a los responsables de estos homicidios”, informaron.
En medio de la búsqueda para encontrar a los responsables de los hechos, las autoridades solicitaron la ayuda de la comunidad, para detener una serie de macabros hallazgos en este sector del país, tal como sucedió el pasado 15 de abril, cuando se encontraron otros costales con restos humanos en Punta de los Remedios, corregimiento de Dibulla.