Durante el último día de audiencia única de verdad de Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP–, el excomandante de las AUC mencionó que el DAS sí tuvo nexos con ese grupo paramilitar y que la extinta entidad entregaba información de inteligencia para la persecución, estigmatización y asesinatos de varios líderes políticos de izquierda en el país.
En ese orden, el antiguo jefe del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia dijo que, por orden del DAS, los paramilitares declararon como objetivo militar al hoy presidente, Gustavo Petro, así como al canciller Álvaro Leyva, Piedad Córdoba y Alirio Uribe.
Este último instó a Mancuso a ampliar ante la JEP esa declaración y que entregue los nombres de los mandos de la fuerza pública que impartieron instrucciones para asesinarlo a él y a los integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –Cajar–, también mencionado por el exparamilitar en la diligencia.
En declaraciones recogidas por RCN Radio, el congresista del Pacto Histórico dijo que desde esa organización tenían conocimiento de los nexos entre grupos paraestatales y agentes del Estado, así como del riesgo que corrían tanto ellos como otros defensores de derechos humanos.
“(...) Nosotros cuando éramos miembros del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo sabíamos que el paramilitarismo era de Estado, que los paramilitares actuaron de la mano de la fuerza pública y de la mano de las autoridades”, indicó Uribe Muñoz. Asimismo, reiteró que el tribunal de paz debe pedir la ampliación de esa parte de su testimonio para esclarecer quiénes estuvieron detrás de aquellas órdenes.
“Dice –Mancuso– que había orden de asesinarme, de tal manera que yo sigo insistiendo en que la JEP debe profundizar en estos hechos”, manifestó el legislador.
El representante a la Cámara por Bogotá también afirmó que, según lo mencionado por “un comandante paramilitar” que había una orden de acabar con todo el colectivo de abogados. Por ello, pidió la entrega no solo de nombres de agentes de la fuerza pública involucrados, sino también de empresas que habrían financiado esos grupos paramilitares.
Sobre esto, Mancuso mencionó durante los cuatro días de audiencia única que compañías extranjeras como Coca-Cola, Drummond, Chiquita Brands, y nacionales como Postobón, Bavaria y Ecopetrol habrían estado involucradas en la expansión del proyecto paramilitar a través de pagos a cambio de seguridad ante ataques de guerrillas.
Sobre los perfilamientos de Uribe Muñoz, Petro, Leyva Durán y Piedad Córdoba, el exparamilitar declaró que José Miguel Narváez, entonces director de inteligencia del DAS, le entregaba a las AUC listados con nombres de “objetivos militares”. En ese orden, declaró que desde esa dependencia se ordenaron los crímenes contra el primer mandatario y el ministro de Relaciones Exteriores.
Bajo esos hechos, la magistratura le consultó por otras decisiones tomadas por Narváez al mando del DAS y cuáles de ellas fueron ejecutadas por paramilitares. En respuesta, explicó que en ese momento el ahora canciller colombiano estaba identificado como “un vocero de la guerrilla y que siempre había defendido los intereses de la guerrilla, haciéndole daño al país con esto porque con las guerrillas no se podía negociar”.
También mencionó sobre los pedidos hechos de las AUC al DAS sobre seguimientos y asesinatos, que Carlos Castaño le había pedido a esa entidad la persecución de Chepe Santacruz, narcotraficante aliado de Pablo Escobar y el Cartel de Medellín.
De hecho, el exparamilitar narró que el narco fue detenido justamente por Castaño, que lo asesinó y entregó a Danilo González, jefe de inteligencia del Gaula de la Policía.
“Todo lo que tenía que ver con izquierda, él lo consideraba como un enemigo de la nación colombiana”, dijo Mancuso sobre José Miguel Narváez.