Desde diciembre del año pasado se viene librando una batalla entre la alcaldía de Medellín y la multinacional encargada de construir en el exclusivo sector de El Poblado la nueva sede de la cadena de supermercados Pricesmart. Los cuestionamientos están fundados en presuntas irregularidades en los permisos de las licencias y diseños.
Precisamente desde la Secretaría General de la capital antioqueña se instauró una demanda para revocar la validez de las licencias que han sacado el proyecto adelante; dentro de las personas vinculadas a esta demanda de nulidad se encuentra la segunda curadora de Medellín, así mismo aparece la Sociedad Inversiones Inmobiliarias San Michel y la Sociedad Pricesmart Colombia S.A.S.
Los cuestionamientos a la construcción de la sede del supermercado de cadena iniciaron en diciembre del 2022, en esa época la Subsecretaría de Control Urbanístico envió unas cartas a las autoridades de planeación solicitando la suspensión de la obra, lo argumentado era que evidenciaban deficiencias en los diseños y componente vial ya que los permisos fueron tomados a partir de la norma para el uso comercial del suelo cuando en el lugar predomina el uso residencial.
Al respecto en uno de los oficios de la subsecretaría revelados por el diario El Colombiano, se evidencia la importancia que le dan al uso residencial del lugar: “El proyecto comercial Pricesmart Poblado no tiene una correcta aprobación del diseño urbanístico, por lo tanto, lo que hoy se está construyendo no está totalmente amparado en autorizaciones o aprobación por las autoridades competentes”.
Entre tanto el representante jurídico de Pricesmart Colombia Santiago Días indicó que pese a que el proceso de construcción inició desde el 2022, el predio había sido adquirido cuando estaba vigente el antiguo POT:
“Las normas que rigen este tema vienen desde 1990 y la licencia que ellos tenían era de 2005. Este POT actual no permitiría el proyecto, pero esas normas no nos rigen. Lo importante aquí es que es un desarrollo con todo en orden. Hemos hecho las renovaciones respectivas (...) Pricesmart está totalmente tranquilo porque contamos con una licencia debidamente expedida, que goza con una presunción de legalidad y que ha sido revisada por diferentes autoridades y no se ha encontrado nada en contra”, indicó Díaz en El Colombiano.
Precisamente este argumento es uno de los centrales para que la multinacional encargada de la construcción del almacén de cadena respondan a las acciones legales que viene adelantando la Secretaría General de Medellín.
“En relación con las acciones legales que cuestionan la legalidad de la licencia de construcción, Pricesmart reitera que dispone de la licencia debida y legalmente expedida, que goza de presunción de legalidad. Además, se ha cumplido con todos los requerimientos y procedimientos solicitados por las autoridades, y se continuará con esa disposición de resolver dudas” indicaron desde la empresa.
Secretaria de Inclusión Social en Medellín alerta preocupante cifra con extranjeros
En Medellín se han identificado personas en habitabilidad de calle originarias de Norteamérica, Europa, Centroamérica y Suramérica. La alcaldía de esa ciudad ha realizado 4.000 intervenciones, según la oficina de Inclusión Social. Mientras que desde el Observatorio de Turismo se identificaron a 40 migrantes en esta condición, durante 2023.
La mayoría de estas personas se concentran en las calles aledañas al Bronx, la avenida de Greiff y la Central Minorista (en el centro de la ciudad). La secretaria de Inclusión Social de Medellín, Isabel Cristina Cadavid, afirmó a Noticias Caracol que “la problemática empeoró con la pandemia porque Medellín es una ciudad que, por su clima, por su gente tan acogedora, por su ubicación geográfica, por las oportunidades que brinda, se hace muy llamativa”.
El defensor de derechos humanos Fernando Quijano aseguró que detrás del consumo de drogas hay un negocio ilegal que es protegido por las mafias de la ciudad, el cual está relacionado con el turismo, las drogas y las fiestas. Contó que en la ciudad podría haber entre 6.000 y 9.000 personas en habitabilidad de calle, cada uno de ellas consume un promedio de 50 mil a 70 mil pesos diarios en estupefacientes.
“Eso nos da una proporción de consumo y de dineros que ingresan a las plazas de vicio, estaríamos hablando de unos 300 millones de pesos. Al mes, ustedes podrían hacer cuánto es la proporción”, declaró para el medio antes citado