Transparencia por Colombia emitió alerta por financiación de elecciones regionales

La financiación de las campañas políticas en Colombia preocupa a Transparencia por Colombia y a la Alianza para el Control Ciudadano al Financiamiento de Campañas que, a partir de un análisis que hicieron a las elecciones legislativas y presidenciales de 2022, emitieron una serie de alertas frente a las elecciones regionales de octubre de 2023 y en las que se elegirán alcaldes, gobernadores, consejos y asambleas departamentales.

Hernández también señaló que “para las elecciones de 2023 resulta fundamental fortalecer los procesos de vigilancia a la financiación electoral, instamos al Consejo Nacional Electoral a continuar el fortalecimiento de Cuentas Claras, mejorar el acceso a la financiación pública e incorporar mecanismos de control a los aportes privados a las campañas”.

De acuerdo con el estudio de Transparencia por Colombia y la Alianza, hay cinco patrones que caracterizan la financiación de las campañas en Colombia. Sobre estas se generaron, además, tres alertas frente al proceso electoral de octubre de 2023.

De acuerdo con el informe de Transparencia por Colombia y la Alianza, los cinco patrones que se presentan en la financiación de campañas son: la persistencia de la alta dependencia de recursos privados para la financiación de las campañas políticas; el financiamiento público durante el desarrollo de las campañas es prácticamente nulo; persisten las barreras para el acceso a los recursos de campañas para las campañas de las mujeres; hay un riesgo de opacidad en la información de ingresos y gastos de campañas; y el mayor disparador gastos en las campañas políticas continúa siendo la propaganda electoral, incluyendo el auge de redes sociales que resulta difícil de monitorear

Sobre el primer patrón, que tiene que ver con la dependencia de las campañas políticas de los recursos privados, advierten que “sería deseable tener un financiamiento más balanceado entre aportes públicos y privados para las campañas, de tal manera que sea posible contar con una contienda electoral más equitativa entre partidos, organizaciones y movimientos que tienen recorridos y capacidades muy distintas”.

En el caso del segundo patrón, que tiene que ver con que el financiamiento público es prácticamente nulo durante las campañas electorales, el informe señala que “durante el desarrollo de las mismas se han encontrado barreras para acceder a los anticipos estatales, como los requisitos de adquisición de las pólizas por parte de las organizaciones políticas y la apertura de la cuenta bancaria única de campaña”.

Para el tercer patrón, que tiene que ver con las barreras de acceso a la financiación para las campañas de mujeres, el reporte repara en que “en las elecciones legislativas las organizaciones políticas realizaron donaciones a 242 candidatos, en contraste con los aportes realizados a 129 candidatas”.

En el cuarto patrón señalan que hay un riesgo de opacidad en la información de ingresos y gastos de campañas, ya que “en las campañas de 2022 se evidenció un bajo cumplimiento con esta obligación. Por ejemplo, a tres días de las elecciones legislativas, menos de la mitad de las candidaturas habían hecho algún reporte de ingresos y gastos a través de Cuentas Claras”.

El quinto y último patrón que encontraron, al analizar las elecciones de 2022, tiene que ver con el incremento de los gastos en las campañas políticas, siendo los gastos en propaganda los más altos, al llegar a ser el 45% del gasto en las campañas al Congreso, mientras que en las campañas presidenciales, en la primera vuelta representó el 61,3% de los gastos, mientras que para la segunda vuelta llegó al 65,1% de los recursos invertidos.

En este último patrón, el informe advierte que: “Las redes sociales son un medio de propaganda política que se encuentra en auge, lo cual se evidencia en que, para las elecciones legislativas, representaron un 19% del total de gastos de propaganda electoral para Senado y 31,3% para Cámara, mientras que para las elecciones presidenciales representaron un 24,7% en primera vuelta y un 40% en segunda vuelta. Sin una regulación clara sobre la propaganda electoral en redes sociales, se hace difícil realizar un monitoreo y control sobre este tipo de gastos”.

Desde la Alianza para el Control Ciudadano al Financiamiento de Campañas (de la que hace parte Transparencia por Colombia) emitieron las siguientes alertas frente a las elecciones regionales de 2023:

• El evidente incremento del número de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que tendrán derecho a participar en estas contiendas electorales, implica que el número candidaturas podría crecer ampliamente, por lo cual el control a la financiación de estas elecciones será mucho más desafiante que en elecciones pasadas. En este contexto, se hace un llamado a que las organizaciones políticas apoyen a sus candidatos y candidatas en comprender e implementar todas las obligaciones asociadas a la administración y rendición de cuentas de ingresos y gastos de campañas.
• Ese mismo escenario implicará que la demanda por fuentes de financiación se ampliará significativamente. Resulta necesario que la autoridad electoral revise las barreras que impiden el acceso a financiamiento público para incrementar la entrega de recursos estatales por medio de los anticipos de campañas, con el fin de mitigar los riesgos de financiación por fuentes no permitidas. Igualmente, se hace un llamado al sector privado para que amplíe el acceso al financiamiento para mujeres, jóvenes y nuevos liderazgos, lo cual fomenta la participación política en condiciones de equidad.
• Los miles de personas que recibirán avales para las elecciones locales de 2023 deben ser conscientes de su deber de rendir cuentas sobre los ingresos y gastos de sus campañas, incluso si no resultan elegidas. La calidad y la oportunidad de la información que reporten a través del aplicativo Cuentas Claras determinan en buena medida la transparencia de su financiamiento. Las campañas deben cumplir con la obligación del reporte de ingresos y gastos en tiempo real a través del aplicativo y evitar que se realicen constantes cambios en los registros cargados al aplicativo Cuentas Claras.

Vale mencionar que la Alianza para el Control Ciudadano al Financiamiento de Campañas está conformada por Transparencia por Colombia, la Corporación Región, el Foro Costa Atlántica, la Fundación Cívico Social Pro Cartagena (FUNCICAR), la Corporación Cívica de Caldas, la Corporación VIGÍA Cívica, la Corporación Desarrollo y Paz de Córdoba y Urabá, Transparencia por Santander y la Unidad de Acción Vallecaucana.