Recuperar la vida tras pagar su pena: el reto de la reinserción laboral de las mujeres pospenadas

Al salir de la cárcel de El Buen Pastor a Mari Ángel Martínez “le tocó duro”. No fue fácil volver a trabajar, vender dulces en los buses fue la forma que encontró para seguir adelante con su vida y tener algo de dinero para pagar una habitación, mientras era rechazada una y otra vez en todas sus aspiraciones laborales debido a sus antecedentes penales.

Cuando estaba privada de la libertad trabajó en las cocinas del “rancho”, que es como llaman las reclusas al lugar donde preparan la comida de la cárcel; allí adquirió algo de experiencia en cocina, algo que nunca había hecho antes –en realidad, nunca había trabajado formalmente–, y al salir, después de varios intentos de conseguir un empleo, una amiga accedió a darle trabajo en un restaurante pequeño cerca de Barranquilla.

Cuando una persona cumple su condena sale con expectativas de una vida mejor, sin saber qué le espera afuera. “Soy una persona luchadora, cometí mis errores, pero ahí estoy intentándolo”, dice Martínez.

El proceso de reincorporación a la vida civil es mucho más complejo de lo que se imaginan quienes no han estado tras las rejas. No solo para ellas, también la sociedad paga el precio de esa dificultad de reinserción, porque desconfían y sienten que en cualquier momento pueden ser víctimas de una reincidencia de aquellos expresidiarios.

El Código Penal dice que el tratamiento penitenciario, es decir, estar privado de la libertad, tiene la finalidad de alcanzar la resocialización de quienes violan la ley penal, a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario.

Carlos Palomino, dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), explica que todo centro penitenciario está obligado a brindar herramientas que contribuyan a la reinserción de las personas y asegura que la institución sí cumple con esa obligación.

Palomino, que desempeña su labor entre celdas y pasillos, observa cómo las mujeres trabajan diariamente entre 8 y 9 horas. Deben estar listas a las 7:00 de la mañana, llegar al comedor a desayunar y después empezar a cumplir sus tareas. Les asignan labores locativas remuneradas –como cocinar para las demás reclusas y hacer el aseo a los patios–, pero también estudian o enseñan a otras reclusas.

El INPEC denomina este proceso como TEE intramural, que alude al Trabajo, Estudio y Enseñanza tras las rejas. Según cifras del propio instituto, hay 6,773 reclusas. 2,337 de ellas trabajan, 3,109 estudian y solo 157 enseñan. Las actividades están divididas en servicios y círculos de productividad artesanal, y entre ellas se dedican a la manipulación y preparación de alimentos, lencería y bordados, uso del papel y material reciclado, bisutería, maderas, fibras y materiales sintéticos, telares y tejidos.

Sin embargo, la mayoría lo hace para obtener beneficios, como la rebaja de pena, debido a que se les ofrece este beneficio dependiendo de su desempeño en la actividad que realicen, de la conducta que tenga cada una y de la gravedad del delito por el que fueron condenadas. Según la Ley 65 de 1993, tendrían una rebaja de la pena de un día de reclusión por dos días de estudio, de enseñanza o de actividades culturales. Además de esa ayuda, ellas obtienen un certificado de que alcanzaron esta formación. Y a través de los talleres adquieren experiencia que les servirá al momento de su salida.

Nurys Campo es un expresidiaria a quien esas habilidades adquiridas en la cárcel le han servido para su reincorporación laboral posterior. Hoy es una mujer de 68 años que ocupa su tiempo entre tejidos y adornos, habilidades que ha complementado después de su salida de la cárcel. Se ganó el cariño de sus compañeras, tras estar un año y tres meses en calidad de sindicada. Decidió emprender, porque no tenía un trabajo fijo y depende económicamente de sus hijos. No acudió a un programa de capacitación, solo con lo que aprendió dentro de la cárcel pudo continuar con sus manualidades.

El INPEC afirma que no tiene una cifra exacta de personas pospenadas en el país, pero llevan registro de quienes van saliendo de la cárcel cada mes. En el presente año han salido 3.530 mujeres. Después de su salida, las expresidiarias tienen la posibilidad de asistir al programa pospenitenciario Casa Libertad. Es un trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el INPEC, Colsubsidio y la Fundación Acción Interna en el que apoyan a la población pospenada durante su reinserción.

El proceso inicia con un articulador, un funcionario que se encarga de conversar con los beneficiarios y conocer sus necesidades para seguir el proceso con el especialista que se requiera. Esa persona sirve de guía durante todo el servicio, y, de esta forma, atienden necesidades de tipo individual, familiar, comunitaria y/o productiva.

Uno de los frutos de este programa se evidenció en la primera feria Casa Libertad emprende, realizada en junio de 2022 en el Parque Santander Productos. 16 expositores pospenados mostraron y vendieron sus productos hechos a mano, como bolsos, aretes, zapatos, muñecos, camisetas, gorras, y también alimentos como yogures y postres.

Sin embargo, Danna Cortés, experta en el área de pospenados en las oficinas del INPEC, afirma que son pocas las personas que acuden a este programa, puesto que se trata de un programa voluntario. “Se hace el proceso con los pospenados de forma individual, dependiendo de sus necesidades, pero no se les garantiza un trabajo o un aporte económico”, dice Cortés. Esto hace que las personas no lo vean como una oportunidad relevante porque se acostumbran a la dinámica de vincularse a algo solo si tiene algún beneficio, que a veces solo lo entienden como un estipendio económico o como fuente de ingreso, asegura.

Además del INPEC, y de las acciones que emprende el gobierno, existen otras instituciones que favorecen los procesos de reinserción, como la Fundación Acción Interna. Ha hecho presencia desde el 2012 apoyando a esta población. Ofrece orientación, formación y capacitación en diversas áreas.

Tiene una casa donde se implementan proyectos de segundas oportunidades: barbería, taller de teatro, de confección, de tatuajes, entre otros. También tienen alianzas con empresas, impulsan emprendimientos y promueven las convocatorias laborales que van acorde a lo que requiere cada perfil. De esta forma han apoyado a cerca de 1,700 pospenados.

Catalina Salazar Osorio es una pospenada que participó en el desfile de Colombiamoda con la marca People, gracias a la Fundación Acción Interna. A sus 37 años, siendo comunicadora social, fue condenada a 5 años de prisión. “Hacía firmas falsas y creía que no me iba a pasar nada, pero terminé en ese lugar. Mi refugio fueron estas fundaciones que trabajaron por ayudarme, y que potencializan las cosas buenas que podemos ofrecer para prepararnos al salir a la sociedad y reincorporarnos, pero... volver es lo más difícil del mundo, es muy duro”, contaba Salazar en una entrevista con el periódico El Universal.

Por otro lado, la fundadora y directora de la fundación Acción Interna, Johana Bahamón, es quien ha apoyado, en compañía de otras entidades, la reciente ley aprobada por el Congreso de la República de las Segundas Oportunidades. Tiene el objetivo de favorecer a esta población con mayores posibilidades en el mercado laboral, mediante la creación de beneficios tributarios, económicos, corporativos y otros que impacten positivamente a las empresas y la estructura de costos de ellos mismos por la contratación de pospenados. También el beneficio aumentaría en la empresa si al menos un 60% de los contratados son mujeres y/o mujeres y hombres transgénero de la población pospenada.

“No creemos que la cárcel sea el único elemento de castigo. El Estado debe cambiar su forma de ver a esta población y dar alternativas”, explican desde la fundación Movimiento cárceles al desnudo.

Su trabajo está orientado a crear estrategias de apoyo que permitan defender los derechos humanos. Se ha encargado de apoyar a personas que requieran vinculación laboral o el patrocinio de proyectos semilla, que se convierten en proyectos de vida para el pospenado. Como fundación han involucrado a la población en empresas aliadas. “Pero, no falta la pregunta: y si fue estafador ¿qué me garantiza que no lo volverá a hacer? O si estuvo en la cárcel por robo, ¿qué tal que me robe en la empresa?. El prejuicio y la desconfianza es otro tema pendiente en la sociedad colombiana”, ejemplifican.

En su recorrido por diferentes cárceles del mundo, tomaron como referencia a Suiza, un país en el que no solo hay un bajo porcentaje de reclusos, sino en el que el sistema carcelario es digno para las personas. Esto se debe a que no ven a la cárcel como la única forma de castigo, sino que les brinda alternativas como multas, sentencias en suspenso o brazaletes electrónicos. “Vimos que pueden equivocarse más de una vez y no van directo a la cárcel, hay alternativas como el servicio comunitario”, explica la Fundación.

Se necesita de trabajo a largo plazo para que el sistema carcelario sea entendido más como un facilitador de segundas oportunidades que de condenas extensas. “Aun la sociedad no es consciente de que todos cometemos errores. Entonces, se deben generar espacios de reconciliación de la población carcelaria y civil para generar lazos. Se necesita ese sentir y confiar”, afirma Clara Araujo, psicóloga de un centro de reclusión.