Poco antes de que el presidente Gustavo Petro anunciara el fin del cese al fuego con las disidencias de Iván Mordisco, conocidas como Estado Mayor Centras de las Farc, estas ya habían compartido un comunicado de respuesta cargado de acusaciones y quejas. Sin referencias al homicidio de menores reclutados, asociaron el rompimiento de la tregua con supuestos intereses de los Estados Unidos.
En el comunicado aseguraron que en septiembre de 2022 ordenaron un cese de hostilidades con la fuerza pública como voluntad de paz, aunque se siguieron presentando enfrentamientos. Luego fue aceptado el cese al fuego propuesto por el gobierno, del que sostiene solo ellos haber cumplido, debido a incumplimientos por parte de las fuerzas militares.
“El supuesto gobierno del cambio, el cual no se ha visto más que en discursos y promesas, sigue en el continuismo de asumir decisiones norteamericanas con celeridad, como lo mostró la presencia del Comando Sur de los Estados Unidos en el consejo de seguridad del día de ayer, 21 de mayo de 2023, del cual se concluye romper oficialmente y de manera unilateral el cese al fuego”, dijeron en el comunicado.
Ese señalamiento no es cierto por cuanto el Consejo de Seguridad se realizó a la 1:00 p. m. y solo estuvieron presentes la cúpula militar, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y la jefa de gabinete, Laura Sarabia. El encuentro con la general Laura Richardson, comandante del Comando Sur de EE. UU. se dio después del consejo, sobre las 3:00 p. m. en la Casa de Nariño.
La disidencia de Iván Mordisco aseguró que la decisión violó el protocolo establecido “con el sofisma de un rompimiento parcial del fuego en Meta, Putumayo, Guaviare y Caquetá, acción que en la práctica es romper con el conjunto de las FARC-EP y está en consonancia con dejar la Amazonia en manos de la OTAN, para lo cual Estados Unidos regaló una flotilla de helicópteros Black Hawk, denominada Guacamayas, en cuya inauguración asistió el presidente Petro en medio de banderas estadounidenses”.
Esto en referencia a los 12 aviones que donó Estados Unidos a Colombia que fue llamada por el presidente como “Las guacamayas”, debido a que estarán destinadas a combatir la deforestación, los incendios y realizar acciones humanitarias. Una cooperación entre países que no tiene relación con la sociedad del país con la OTAN.
Las críticas van dirigidas al Gobierno nacional por adoptar una decisión “contraria a una política de paz total”, porque anuncian que el rompimiento unilateral “desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos, prisioneros”. Además, se quejan el Mecanismo de Monitoreo del cese al fuego porque sostienen que varios hechos que les fueron atribuidos no fueron verificados.
“Desde nuestra experiencia, este ha sido el gobierno menos serio para entablar conversaciones, al punto de que ni se han instalado los mecanismos locales del Mecanismo de Veeduría Monitoreo y Verificación, así como las permanentes violaciones a su protocolo en temas que van desde la vocería para pronunciarse en aspectos del cese al fuego hasta la incesante necesidad de verificar hechos sobre terreno, o crear un protocolo de georreferenciación que era una claudicación anticipada y, como ha sido la constante en este proceso, todas las acciones de desescalamiento son responsabilidad de nuestra fuerza”, sostuvieron.
Petro anunció el cese al fuego de manera parcial en los departamentos de Caquetá y Putumayo, donde se presentó el reclutamiento y homicidio de cuatro menores que llevó a la decisión. La retoma de las hostilidades también se realizará en Meta y Guaviare, luego de 72 horas del anuncio.
“El gobierno ha tenido una política de hacer acercamientos en el marco del secretismo y la confidencialidad a espaldas del pueblo colombiano. El gobierno debe aceptar que la burocracia interna estatal impide tomar decisiones rápidas y conjuntas, al punto de esperar a romper unilateralmente el cese al fuego para nombrar sus voceros en la mesa de diálogo y suspender órdenes de captura, contrario a las FARC-EP que, desde el comienzo tuvo listos sus voceros”, sostuvieron los disidentes.
Aseguraron que la decisión fue improvisada y presionada como el desarrollo de los acercamientos en los que aseguran que se han incumplido los protocolos. Aun así, el Gobierno espera mantener la Mesa de conversaciones y que esta se instale en las siguientes semanas.