Defensoría denunció que el Estado Mayor Central habría cometido más de 50 violaciones al derecho internacional humanitario

A través de un fuerte pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo le hizo un llamado al Estado Mayor Central de la extinta guerrilla de las Farc para que muestren verdaderos actos de paz y coherencia frente a sus manifestaciones sobre el inicio de los diálogos con el Gobierno nacional y sus intenciones de hacer parte de la Paz Total de la administración Petro.

Durante el lunes 22 de mayo, el defensor Carlos Camargo instó a ese grupo residual para que interrumpan todas sus acciones violentas contra civiles y cesen el reclutamiento forzado contra niñas, niños y adolescentes. Al respecto, recordó que hechos como la masacre de cuatro menores de la comunidad indígena Murui en el municipio Solano (Caquetá) fue una grave infracción al derecho internacional humanitario (DIH) y se suma a las más de 50 que habría cometido esa estructura ilegal.

Dicho llamado lo hizo el funcionario después del anuncio del presidente Gustavo Petro de suspender el cese al fuego bilateral que se había pactado con esa estructura mediante el decreto 2656 del 31 de diciembre de 2022. La decisión fue tomada tras un consejo de seguridad en el municipio donde ocurrió aquella masacre, calificada por el Gobierno como “un hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un país en paz”.

Al respecto, Camargo Assis indicó que “necesitamos un compromiso real de paz por parte de todos los grupos armados ilegales, de manera especial a las disidencias de las Farc, ante el anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, de suspender el cese el fuego con el EMC en Meta”. Sumado a eso, pidió a ese grupo la pronta instalación de la Mesa de diálogos para determinar un cese al fuego con enfoque territorial.

A su vez, el defensor del Pueblo señaló que con los hechos violentos perpetrados no hay una clara voluntad de paz; en cambio, expresó que ello configura una afrenta al Gobierno nacional y a los deseos de paz de la ciudadanía colombiana.

“El centenar de acciones violentas que han adelantado los grupos armados ilegales durante este año dejan claro que no hay una verdadera voluntad de paz. Lo que sí queda claro es que se han venido burlando del Gobierno Nacional y se siguen burlando del anhelo de paz que tenemos todos los colombianos”, añadió el funcionario.

Desde que el 31 de diciembre el Gobierno Petro anunció el cese al fuego con cuatro estructuras armadas ilegales (Clan del Golfo, Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central) fueron monitoreadas 90 acciones armadas atribuidas a estas. De ellas, 20 habrían sido enfrentamientos entre dichos grupos y 70 fueron ataques violentos contra la población en diversos territorios.

La Defensoría del Pueblo también mostró preocupación por la debilidad que tendrían los procesos de negociación con esas estructuras ilegales basada en las constantes violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario y en la interrupción de los decretos 2656 y 2658 que pactaban el cese al fuego con el Estado Mayor Central y el Clan del Golfo, respectivamente.

De igual manera, cuestionó la transparencia de los protocolos de monitoreo y verificación del mecanismo que permite la pausa de acciones armadas entre esos grupos y la fuerza pública. “Les exigimos a los grupos armados hechos concretos, actuaciones inmediatas y no más dilaciones para iniciar los diálogos con el Gobierno Nacional”, manifestó el defensor Camargo. Incluso, sentenció que la paciencia del Gobierno tiene límites y no pueden desaprovechar la oportunidad “histórica” que ofrece la administración Petro para dialogar y encaminar esos procesos en la política de Paz Total.