Las empresas colombianas y extranjeras que señaló Salvatore Mancuso de promover el paramilitarismo en el país

Cuatro días de audiencia única de verdad ante la JEP bastaron para que Salvatore Mancuso hiciera un recuento de figuras políticas, altos mandos de la fuerza pública y personas jurídicas que, de acuerdo con su testimonio, tuvieron algún tipo de vínculo con el despliegue paramilitar y el fortalecimiento de grupos como las Autodefensas Unidas de Colombia. El armamento, vehículos, uniformes y equipos de comunicaciones no solo fueron financiados a través de economías ilícitas como el narcotráfico y el secuestro; sino a través de transacciones hechas con empresas.

Esa última versión no solo fue mencionada por el excomandante del Bloque Catatumbo de la estructura paraestatal; testimonios de otros jefes de autodefensas y documentos como el Informe Final de la Comisión de la Verdad amplían esas afirmaciones. Compañías bananeras y petroleras son las principales dentro de esas menciones; sin embargo, Mancuso entregó como aporte novedoso el involucramiento de grandes empresas estatales.

Si bien la Jurisdicción Especial para la Paz no tiene contemplado juzgar a empresas por presunto apoyo a grupos armados ilegales, los empresarios sí pueden someterse a este tribunal por conductas directamente relacionadas con el conflicto armado interno. Además, los aspirantes a comparecer –o sometidos– pueden mencionarlas siempre y cuando muestren evidencia de lo asegurado. Así las cosas, Mancuso salpicó también al sector privado –Postobón, Bavaria y Coca Cola– de apoyar el proyecto paramilitar.

En el primer día de audiencia, el exparamilitar mencionó que empresas bananeras asentadas en Urabá financiaron en gran medida a grupos privados de seguridad –Convivir– a cambio de protección ante ataques guerrilleros. Al respecto, afirmó que la Convivir Papagayo estuvo respaldada por compañías bananeras nacionales y extranjeras.

“A través de Papagayo hubo casi 200 empresas bananeras que mediante esa Convivir apoyaron con tres centavos de dólar a las Autodefensas. De esos, iba un centavo para las Autodefensas, otro para el Ejército y otro para la Convivir por cada kilo que se exportaba. Lógicamente, esto sumó millones de dólares”, detalló Mancuso.

Mencionó la complicidad de Banadex, –filial de Chiquita Brands–; Banacol, Unión de Bananeros de Urabá y Augura entre otros. Además, dijo que por Urabá entraron “ocho mil fusiles por lo menos, y millones de cartuchos” y que esa Convivir actuó como bisagra en el desarrollo de estructuras paraestatales.

Mancuso Gómez expuso ante la JEP que la compañía estatal más grande del país permitió a paramilitares extraer petróleo que luego era vendido bajo apariencia de que fue sacado de oleoductos de forma legal. En la diligencia, mandos de “alto nivel” tenían conocimiento de esas operaciones y ayudaban a coordinarlas. El exparamiltar se comprometió a entregar más información sobre estos hechos, como nombres de esos funcionarios que permitieron la extracción del combustible.

Sobre “nuevos relacionamientos” con paramilitares, Mancuso señaló “que yo recuerde sí: personas jurídicas. Estuvo Postobón, Bavaria, Coca Cola”. Pese a que no aportó más información sobre el relacionamiento de esas compañías con la expansión de estructuras paraestatales, también acordó entregar más datos relevantes sobre aquellas afirmaciones.

No es la primera vez que esa compañía es mencionada por exparamilitares. Edward Cobos Téllez, alias Diego Vecino, excomandante del Bloque Montes de María de las AUC, ya había mencionado que Postobón desembolsaba 10 millones de pesos directamente al jefe de finanzas de Rodrigo Tovar Pupo –Jorge 40–. El otrora líder de las Autodefensas en Urabá, Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito, dijo que esa empresa había concretado un acuerdo de pagos por seguridad, el cual fue avalado por los hermanos Castaño.

Pese a que la compañía colombiana negó nexos con cualquier actividad ilegal, Mancuso Gómez se comprometió a ahondar en esas versiones.

Con respecto a Coca Cola, a comienzos de siglo líderes sindicales interpusieron ante la justicia de Estados Unidos una demanda por presuntas alianzas entre la multinacional y agentes paramilitares. Sin embargo, ese recurso no tuvo el efecto esperado en esos tribunales. Aun así, la ONU criticó al Estado colombiano en 2020 por no ahondar en esas investigaciones.

Una relacionada con esos hechos gira alrededor de Adolfo Múnera, trabajador de una embotelladora afiliada a Coca Cola Barranquilla e integrante de la junta directiva del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria Agroalimentaria. Fue asesinado en esa ciudad en 2002. De hecho, ese movimiento de acuerdo con investigaciones fue victimizado durante el conflicto armado.

Según cifras de ese movimiento, 67 de sus integrantes fueron amenazados de muerte y 38 tuvieron que huir de sus ciudades. Además, han denunciado que fueron señalados como “guerrilleros”, incluyendo el propio Múnera, señalado por supuestamente pertenecer al ELN y cuya pesquisa se cerró en 1999 por falta de pruebas.

Otras empresas, como Drummond, también fueron mencionadas por Mancuso en los cuatro días de audiencia. Su testimonio no fue novedoso, pues el Informe Final de la Comisión de la Verdad también detalló las alianzas entre esa compañía y el Bloque Norte de las Autodefensas para fortalecer su expansión carbonera en Cesar.

El capítulo ‘Hasta la guerra tiene límites’ detalló que desde 2006, la multinacional estadounidense financió a las Fuerzas Militares en conjunto con otras multinacionales a través de acuerdos que sumaron casi 5.000 millones de pesos. En 2012, estos acuerdos de cooperación entre el Ejército y las multinacionales generaron serias violaciones a los derechos humanos, como asesinatos contra parceleros en Mechoacán y El Prado, centros mineros del Cesar.