El sábado 20 de mayo se dio a conocer la masacre de cuatro jóvenes de la comunidad indígena del Putumayo, a manos, presuntamente, del frente ‘Carolina Ramírez’ del EMC de las disidencias de las Farc. De acuerdo con la denuncia de la comunidad, el hecho que se presentó el 17 de mayo se dio porque los cuatro menores de edad se estaban tratando de escapar del reclutamiento forzado por parte del grupo armado.
Debido a que la situación no solo vulnera los derechos de las comunidades étnicas, sino de menores de edad, una de las autoridades que hará presencia en la zona será el Instituto Nacional de Bienestar Familiar (ICBF), que en su primer pronunciamiento aseguró que la información que tienen hasta el momento da cuenta que el crimen perpetrado por el grupo al margen de la ley de muestra un alto nivel de sevicia.
“Nosotros tenemos información de la manera como ocurre el hecho en Putumayo y también de la acción de la comunidad, manera como los actores armados actuaron con sevicia con los cuatro niños”, comentó la directora del Icbf, Astrid Cáceres, desde San José del Guaviare a los medios colombianos.
Cáceres mencionó, también, que ya tienen en sus manos la denuncia de la comunidad, donde se señala que: “Tras el escape, el día 17 de mayo del 2023, en horas de la tarde y tras la búsqueda por parte del grupo armado organizado a estos jóvenes, fueron encontrados en la comunidad “el Estrecho” límites entre Caquetá y Amazonas, causándoles así la muerte con arma de fuego a cada uno de los 4 jóvenes que habían intentado escapar de la situación de reclutamiento”.
Pese a que en los documentos entregados por la comunidad se describe la situación, la directora del Icbf, advirtió sobre la situación que: “No lo estoy confirmando porque no estoy en el territorio, para eso es el Consejo de Seguridad, pero esa es la información”.
El sábado, luego de que se hiciera pública la situación, el mismo presidente Gustavo Petro fue quien llamó a un consejo de seguridad mediante su cuenta oficial de Twitter: “El asesinato de 4 menores indígenas en Putumayo es un crimen atroz, una bofetada a la paz que violenta las bases del Derecho Internacional Humanitario. He convocado una reunión de seguridad extraordinaria para anunciar medidas frente a estos hechos.”, escribió el mandatario.
La denuncia de la situación en la zona de Puerto leguizamo que fue publicada por la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) narra que el reclutamiento de uno de los jóvenes del pueblo Murui se dio en el mes de marzo; aunque en ese momento la comunidad no sabía los motivos de desaparición del menor de edad. Paralelamente y pese a que el pueblo no sabía, Luis Alberto Matías decidió planear un intento de fuga junto con otros jóvenes de la comunidad que se encontraba en manos de las disidencias.
“Aproximadamente, según fuentes de información, el joven Luis Alberto Matías el día 15 de mayo del 2023 decidió escapar de este grupo armado que lo había reclutado forzosamente. Este escape lo realizó junto a otros 3 jóvenes más que se encontraban en su misma situación y que también hacen parte del pueblo Murui; sin embargo, no se cuenta con la suficiente información de su identificación.”, se lee en la denuncia hecha por OPIAC; y agregan que posteriormente se dio la situación de violencia, ya que una vez fueron encontrados por los disidentes, al poner resistencia, los criminales decidieron acabar con la vida de los cuatro menores de edad sin tener piedad alguna.
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