OEA hizo recomendaciones al gobierno Petro para mitigar la violencia en el país

A través de un informe semestral sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz, el secretario General de la OEA, Luis Almagro, no solo le dio un nuevo espaldarazo a la política de paz total del Gobierno nacional, sino que hizo un llamado a los grupos armados ilegales para sumarse a establecer mecanismos que interrumpan las hostilidades contra actores civiles en los territorios.

Dicho documento – el primero realizado durante la administración del presidente Gustavo Petro –, fue presentado en el Consejo Permanente de ese organismo realizado el miércoles 17 de mayo. Allí, el jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (Mapp/OEA), Roberto Menéndez, reconoció que la nueva política de seguridad y pacificación nacional están enfocadas en la protección de la vida humana y el medio ambiente.

En ese sentido, el organismo valoró “la visión holística, completa e integral que incorpora y privilegia la implementación del Acuerdo Final de Paz, firmado en 2016 por el Gobierno de Colombia y las Farc-EP, así como la invitación con caminos concretos a los grupos armados ilegales para sumarse a esta política a través de acercamientos, conversaciones y escenarios de diálogos políticos y jurídicos”. Además, resaltó el desarrollo y acompañamiento de procesos de paz urbanos, labor liderada por la oficina del alto comisionado para la Paz.

Por otra parte, el informe resaltó que, si bien hay esfuerzos estatales para consolidar la paz en los territorios, las acciones armadas por parte de estructuras ilegales continúa en determinadas zonas del país. Sobre esto, detalló que de acuerdo con el monitoreo realizado por la sección de este organismo, entre agosto y septiembre de 2022, hubo una reducción de ataques contra la población en Arauca, Chocó, Bolívar, Putumayo y Chocó.

Sin embargo, criticó hechos violentos posteriores a ese periodo y alertó por el incremento de hostilidades contra niños, niñas y adolescentes a través de prácticas como el reclutamiento forzado y agresiones sexuales ejercidas por esos grupos ilegales tanto en zonas rurales como urbanas.

El informe de la Secretaría General de la OEA avisó posibles alianzas entre estructuras adheridas a la Segunda Marquetalia y el ELN. Además, el Estado Mayor Central de las antiguas Farc tiene constantes enfrentamientos con la guerrilla activa; mientras que en Catatumbo (Norte de Santander) no se registraron enfrentamientos entre esos grupos, pero sí fuertes tensiones por el control territorial en los municipios que componen esa región.

En contraste, el organismo multilateral resaltó que, dentro de la política de pacificación nacional, se realizaron acercamientos entre Los Shottas y Los Espartanos, los dos principales grupos criminales de Buenaventura. Este proceso de paz urbana, liderado también por organizaciones sociales, la Iglesia católica.

Producto de lo acordado entre las dos estructuras que se disputan el control de las economías ilegales en el casco urbano del municipio, se generó una reducción de los homicidios en un 50% entre el primer y segundo semestre de 2022, de acuerdo con registros de la Policía Nacional. Y si bien la OEA resaltó esa cifra, manifestó su preocupación por un aumento de otros hechos delictivos, como amenazas y desapariciones forzadas.

“La población y la institucionalidad advierten el aumento de amenazas, extorsiones y desapariciones forzadas. Estas afectaciones tienen un alto impacto para las comunidades, pese a los bajos índices de denuncia”, advirtió. En ese orden, recomendó una presencia activa y permanente tanto de la fuerza pública como de otras entidades del Estado.

Uno de los hechos resaltados por el organismo dentro del actual gobierno fue la instalación de Puestos de Mando Unificados por la Vida (Pmuv) con el primer objetivo de articular a diferentes instituciones a fin de proteger la vida de quienes ejercen liderazgos sociales. Además, saludó el acompañamiento de Petro en la gran mayoría de estos; “lo que denotó la relevancia de este espacio para el Gobierno nacional”.

A pesar de ese esfuerzo reconocido, lamentaron la continuación de ejercicios violentos en zonas donde el conflicto armado es una constante más allá de la firma del Acuerdo Final. En Bojayá (Chocó), reseñaron que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo) le exigen a lideresas y líderes sociales actos de presión para retirar a la fuerza pública de los centros poblados e incentiven la siembra de cultivos ilícitos.

Al otro lado del país, en zonas rurales de Cúcuta y Puerto Santander (Norte de Santander) se estarían ofreciendo recursos “para el fortalecimiento organizativo con el fin de coaccionar a liderazgos sociales y ganar aceptación en el territorio”.

En total, fueron remitidas 18 sugerencias a los diferentes ministerios y consejerías relacionados con la construcción de paz en el país. Siete de ellas, enviadas a las carteras de Interior, Defensa, Agricultura, Relaciones Exteriores, Ambiente, Justicia y la oficina del alto comisionado para la paz, fueron las más importantes, pues tienen que ver con Paz Total, sustitución de cultivos ilícitos y puesta en marcha de la Reforma Rural Integral (RRI).

Al Ministerio del Interior le pidió fortalecer el alcance y funciones de los Pmuv, así como definir una ruta o canal de atención para que sea activado por cualquier integrante de este mecanismo ante situaciones de riesgo que se presenten contra defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo Final.

A la dependencia liderada por Iván Velásquez, solicitó “mantener como prioridad la ejecución de acciones que eviten el surgimiento, reconfiguración y expansión territorial de los grupos armados ilegales” con el objetivo de mitigar la violencia y sus impactos en civiles.

A la cartera de Agricultura y Desarrollo Rural, pidió el fortalecimiento junto con la cartera dirigida por Luis Fernando Velasco, de los mecanismos de participación ciudadana creados en el Acuerdo Final, incluyendo los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet); el Plan de Formalización Masiva de la Propiedad Rural y el de Zonificación Ambiental.

La petición para la Cancillería estuvo basada en la atención humanitaria en municipios fronterizos y la continuación de los mecanismos de diálogo para la definición e implementación de medidas conjuntas para mitigar los escenarios de vulneración de derechos de la población migrante, especialmente en los límites con Venezuela y Panamá.

Al Ministerio de Ambiente le recomendó avanzar en la construcción del Pacto Nacional para la Defensa de la Amazonía, Orinoquía y Pacífico para la conservación y protección ambiental en esas áreas.

A la cartera de Justicia y el Derecho solicitó garantizar la consulta previa sobre el proyecto de ley de Coordinación Interjurisdiccional como parte clave en el desarrollo de un marco normativo “que permita avanzar en la superación del vacío normativo para la articulación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena”.

A la oficina del alto comisionado solicitó señalizar las zonas contaminadas con minas antipersona y municiones usadas sin explotar y seguir promoviendo procesos de desminado humanitario, educación en el riesgo de minas y asistencia integral a las víctimas. También restablecer el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia para el fortalecimiento de labores constructivas de paz en los territorios.