Condenaron al llamado “Hacker de la Fiscalía” por llamar “corrupta” a la jueza del caso en contra de Álvaro Uribe

Richard Maok Riaño Botina, el creador de contenido que se conoce como @hackerFiscalia, fue condenado a siete años y cinco meses de prisión por la jueza 38 de Conocimiento de Bogotá; esto porque el youtuber llamó corrupta a Carmen Helena Ortiz, quien fue la jueza del caso Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, por estar exiliado en Canadá, a Maok le fue concedido el beneficio de prisión domiciliaria. Durante la audiencia el condenado se burló de la sentencia y de la juez: “Me la paso en la casa…jajaja” expresó mientras la jueza leía el fallo.

El seis de marzo del 2021 Botina comentó en sus redes sociales que la funcionaria judicial presuntamente habría recibido dinero para beneficiar al expresidente Álvaro Uribe Vélez en la primera solicitud de preclusión que se hizo por parte de la Fiscalía en medio de la investigación por presunta manipulación de testigos. Tanto el representantes de víctimas, como la Procuraduría General y la Fiscalía General solicitaron una sentencia ejemplar en el caso porque el implicado habría atentado contra una servidora judicial, poniendo en riesgo, incluso, la vida de la jueza Carmen Ortiz y la de su familia.

En el marco de la audiencia el abogado defensor del implicado afirmó que su representado no fue el que realizó las manifestaciones en contra de la autoridad judicial, sino que se trató de una mención hecha por un entrevistado del programa que el creador de contenido emite en su canal de YouTube. Además, mencionó que en su cliente siempre existió un ánimo conciliatorio.

El defensor añadió que Riaño Botina no caricaturizó a la denunciante y, en todo caso, se retractó de lo expuesto en el material audiovisual en cuestión, porque este se bajó de las redes sociales del youtuber. Richard Riaño Botina fue condenado en primera y segunda instancia por delitos contra la administración pública en 2007 y fue funcionario de la Fiscalía.

A esta se le delegó el caso del expresidente Uribe por presunto fraude procesal y soborno relacionado a la presunta intención de manipular testigos que lo han vinculado de tener nexos con paramilitares. La jueza debe escuchar al fiscal Gabriel Jaimes que dará a conocer las razones por las cuales considera que se debe precluir el proceso en contra del exsenador tras su renuncia al Congreso de la República.

Después de escuchar al defensor Gabriel Jaimes la jueza dará la palabra a la defensa del senador Iván Cepeda, quien se consolida como la víctima acreditada en el caso, y a los exfiscales Eduardo Montealegre y su exvicefiscal Jorge Perdomo, quienes también solicitaron que se les reconozca como víctimas. Con la información brindada de ambos bandos la jueza debe dar su veredicto.

Esta mujer es profesional de derecho y especialista en derecho administrativo de la Universidad Santo Tomás tiene además una especialización en instituciones jurídicos penales de la Universidad Nacional. Desde 2000 inicio su carrera en la Rama Judicial cuando se desempeñó como Oficial Mayor del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y Cundinamarca después llegó a ser jueza de 42 Penal Municipal, Jueza 16 Penal Municipal y Jueza Sexta Penal del Circuito Especializada de Bogotá.

Gracias a El Espectador se conocieron algunas de las decisiones judiciales tomadas por la jueza recientemente; el 18 de octubre de 2019 tomó medidas urgentes de protección a las víctimas y los pobladores de 19 municipios que están dentro del área de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango esto por una solicitud de a Fiscalía General. En este caso la entidad de la rama judicial solicitó la recolección de residuos dejados en la vía Toledo-Puerto Valdivia para implementar un plan de remoción del buchón de agua y estabilizar el terreno, entre otros.

Carmen Ortiz para este momento ordenó un plan de contingencia para atender a las poblaciones afectadas y solicitó la creación de una mesa de trabajo interinstitucional en aras de hacer un estudio técnico sobre el megaproyecto. Tanto (EPM) Empresas Públicas de Medellín como Hidroituango apelaron la determinación de la jueza, pero esta mantuvo la decisión.