La representante a la Cámara de la Alianza Verde Olga Lucía Velásquez citó a debate de control político a varias autoridades para que den cuenta por las acciones frente a los feminicidios y violencia de género en Colombia.
Los funcionarios que están citados son: el fiscal General de Nación, Francisco Barbosa, el ministro de Justicia, Néstor Osuna; el ministro de Defensa, Iván Velásquez; la procuradora General, Margarita Cabello; el defensor del Pueblo, Carlos Camargo; el director de la Policía, general William Salamanca; y la consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Clemencia Carabalí.
De acuerdo con información de El Espectador, en la citación al debate se advierte que “persiste la falta de articulación del sistema para garantizar la seguridad, integridad y protección de las mujeres en riesgo y sus hijos”. También fueron citados la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, así como el alcalde de Medellín, Daniel Quintero; y el de Cali, Jorge Iván Ospina.
En Twitter, la representante Velásquez, comentando el anuncio del presidente Gustavo Petro de convocar a un consejo de seguridad para establecer medidas para combatir los feminicidios y otras violencias basadas en género, anunció el debate de control político:
“Iniciativa acertada que se suma al debate de control político sobre Feminicidio que haremos en Cámara de Representantes con encargados de implementación y seguimiento a normas para proteger a las mujeres. Importante incluir componente de SALUD MENTAL, que incide en la violencia desbordada”, trinó la representante.
El presidente Petro anunció el consejo de seguridad a través del siguiente trino: “He convocado un consejo de seguridad con el propósito de establecer medidas para combatir los feminicidios, la trata de mujeres, la violencia intrafamiliar, entre otros delitos. Lo anterior como respuesta a la situación de emergencia por violencia de género”.
Ángela María Robledo, fórmula vicepresidencial de Petro en las elecciones presidenciales de 2018, ponderó el anunció del presidente: “Erradicar las violencias contra las mujeres debería ser otro de los propósitos de la Paz Total. ¡Comisionado de Paz! ¡Esa es la paz cotidiana que también es urgente para nuestro país!”
La senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano, esposa de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le sugirió al presidente invitar al consejo de seguridad a la secretaria de la Mujer de la capital colombiana, Diana Rodríguez Franco.
“Presidente, le propongo invite a la secretaria de la Mujer de Bogotá, Diana Rodríguez Franco, y de todo el país. Nos ayudó a estructurar la Emergencia por violencia de género (machista) que logramos poner en el Plan de desarrollo por iniciativa de María José Pizarro”.
Declaración de emergencia por violencia de género a una firma de ser una realidad
La emergencia por violencia de género será declarada una realidad, después de la firma del presidente de la República, Gustavo Petro. Esto sería un hecho histórico en el país que permitiría darle más herramientas y armas legales a las autoridades y a la rama judicial para enfrentar esa problemática.
La iniciativa que entró como un artículo nuevo al Plan Nacional de Desarrollo (PND) fue aprobado en el pleno del Congreso de la República. Los legisladores decidieron apoyarla con 71 votos a favor en el Senado y 114 en la Cámara.
Con esa declaratoria de emergencia, el proyecto busca frenar la ola de violencia de género que actualmente vive en el país. Según con el Observatorio Colombiano de Feminicidios en 2022, 614 mujeres fueron asesinadas y hasta el 3 de marzo de 2023 se han reportado 139 casos a nivel nacional.
En cuanto a la línea de casos de violencia no fatal contra las mujeres que llegaron a Medicina Legal en el primer trimestre de 2023, suman cerca de 18.294 reportes. Sumado a eso se destaca la violencia interpersonal e intrafamiliar con 517 episodios, más que los registrados en el mismo periodo de 2022.
El dato que más prende las alarmas en el país, es que actualmente el 82,9% de los casos de violencia de género aún se encuentran en etapa de investigación en la Fiscalía, mientras que solo el 0,8% se encuentra en juicio, lo que evidencia el alto nivel de impunidad y de falta de celeridad de las autoridades para enfrentar ese tipo de delitos.