Corte Constitucional cita audiencia para revisar las garantías de seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz

La Sala de Seguimiento de la de la Corte Constitucional ordenó la realización de una audiencia de seguimiento con el fin de revisar las garantías de seguridad para la población firmante del Acuerdo Final de Paz, sus familias y de todos los movimientos políticos y sociales de firmantes de este instrumento.

La convocatoria a esta audiencia busca hacer seguimiento al estado de implementación de las órdenes dictadas en la sentencia que guardan relación con el proceso de reincorporación de la población firmante.

Además, la Corte busca atender las graves situaciones de seguridad – amenazas, desplazamientos forzados y hostigamientos – que han ocurrido en los últimos meses en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) y las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR).

Entre ellos, la Sala de Seguimiento resaltó la grave situación de riesgo de desplazamiento forzado de la población de firmantes ubicada en el AETCR de Mesetas (Meta); las situaciones de riesgo de los AETCR de Agua Bonita, La Plancha, Anorí, Carrizal, Remedios, Charras, Los Monos y Miravalle; las condiciones de vulnerabilidad de la nueva área de reincorporación de Tallambí; y el desplazamiento forzado de las 23 personas integrantes de la cooperativa Copagroc en Cunday (Tolima).

La Corte se centrará en verificar el cumplimiento de las garantías de reincorporación de la población firmante como una herramienta que contribuye a su seguridad humana, pues permite mitigar diversos factores de riesgo. Por un lado, este enfoque incluye asegurar el monopolio de la fuerza a cargo del Estado, el control territorial y la seguridad de tanto de los espacios en los que habitan los firmantes como de sus asociaciones, liderazgos y proyectos productivos. Por otro lado, implica garantizar las condiciones que le permitan a los y las firmantes del Acuerdo Final de Paz superar su situación de vulnerabilidad tras deponer las armas, llevar una vida plena libre de estigmatización y formar parte del tejido social.

De esta manera, la Corte citó al ministro de Defensa, al alto comisionado para la Paz, al director de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, al defensor delegado para prevención de riesgos y sistema de alertas tempranas, al encargado de la secretaría técnica de la comisión intersectorial para la respuesta rápida a las alertas tempranas en el ministerio del Interior, a la directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, al director de la Agencia de Renovación del Territorio, al director de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, al director de la Agencia Nacional de Tierras, a la procuradora delegada para el seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, así como a los representantes de los firmantes en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, el Consejo Nacional de Reincorporación, el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia y la cooperativa ECOMUN.

La audiencia se llevará a cabo el próximo 26 de mayo, a las 8:00 a. m., y será transmitida por la página web de la Corte y sus redes sociales Facebook y YouTube.

Hace un mes el alto tribunal había hecho pública su preocupación la ausencia de respuesta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) frente a los requerimientos de información efectuados por la Corte, así como los hallazgos al interior de la entidad sobre situaciones que obstaculizan el debido funcionamiento de los programas de protección para la población firmante.

En ese momento, la Corte consideró que la función de proteger vidas humanas sometidas a un riesgo extraordinario, extremo o inminente no puede depender de la realización de trámites o procedimientos excesivos para asegurar el cumplimiento de contratos suscritos con particulares, ni puede suspenderse por razones de orden administrativo o contractual.

Para la Corte Constitucional, estas amenazas, “revelan la persistencia de bloqueos institucionales y fallas estructurales que impiden el funcionamiento óptimo e integral de las medidas de protección individuales y colectivas, diseñadas como uno de los subcomponentes esenciales de la política de seguridad para los excombatientes firmantes del Acuerdo Final de Paz”.

Hasta abril de este año, 355 exguerrilleros de las Farc, que dejaron las armas en 2016, habían sido asesinados en Colombia.