El 17 de mayo, el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, recibía una buena y mala noticia, la primera, que el Tribunal Superior de Bogotá negó la medida detención domiciliaria que pidió la Fiscalía en el proceso de presunta corrupción por la construcción de la megabiblioteca en el colegio Normal Distrital San Pedro Alejandrino de Santa Marta. La segunda noticia, fue que la Contraloría le abrió un nuevo proceso por otra presunta responsabilidad fiscal por irregularidades en el manejo del sistema de regalías: el daño se estima en $8.547 millones.
Según un documento conocido por Colprensa, la Contraloría advierte que habrían existido presuntas irregularidades e incumplimientos al contrato, cuya finalidad es “mejorar las capacidades de Ciencia y Tecnología para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana en el Departamento del Magdalena”.
Entre los hallazgos del órgano de control está que habría existido una inobservancia al principio de planeación y del servicio, pues se compraron equipos para el funcionamiento de laboratorio de salud sin contar con la infraestructura para ello. Sumado a una falta de obras por negligencia en los tiempos estipulados.
“Este evidencia que aún no se realizan las obras para las áreas de procesamiento de pruebas para Covid-19 mediante PCR, esto debido al atraso y solicitud de ampliación en tiempo y adición presupuestal, según información presentada por el equipo de LSP por cambios en el plano arquitectónico que de acuerdo al Acta N°4 Con el Instituto Nacional de Salud corresponden a: “(…) las observaciones en cuanto a las áreas separadas que debe tener el laboratorio de biología molecular, entre otras se sugirió dejar una exclusa entre las áreas de recepción de muestras y desembalaje, y áreas suficientemente grandes para que se puedan instalar con facilidad los equipos que van en cada una de ellas”, expresa el auto de la entidad.
Las razones para vincular a la investigación al gobernador Caicedo orbitan en que este no respondió al envío de pruebas documentales necesarias para el proceso y la solicitud no se atendió dentro del término estipulado, que le hizo la Contraloría:
“Carlos Eduardo Caicedo no ha realizado control ni seguimiento a los contratos y convenios derivados del proyecto BPIN 2020000100121 sin lograr, que los bienes y servicios el cumplimiento de los fines esenciales del estado, la delegación de la contratación no lo exime del control y seguimiento de las contrataciones de la entidad contratante”, se lee en el el auto.
También se advierte que se podría estar frente a un daño patrimonial al Estado, porque “no se cumplieron los cometidos y los fines esenciales del Estado, de poner en funcionamiento y operatividad los laboratorios para el servicio de la comunidad”.
La Contraloría anunció una visita a la gobernación y citar en versión libre al gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y los cuatro funcionarios, entre los que están Jenny Camacho, jefe de la oficina de contratación de la gobernación; Julio de Jesús Salas, secretario de salud del Magdalena; Ernesto Amaru, representante legal de la universidad del Magdalena; y Maritza Rondón, representante legal de la corporación Universitaria de Colombia seccional Santa Marta.
Esta apertura de responsabilidad fiscal se conoce durante la diligencia que también se lleva contra Carlos Caicedo, en el conocido ‘robo del Magdalena’, en el que presuntamente el actual gobernador es presuntamente responsable de las irregularidades en la construcción de una megabiblioteca en el colegio San Pedro Alejandrino, por valor de 10.000 millones de pesos.
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