Temblores presentó “El Estado de la Impunidad” al presidente Petro y le hizo tres solicitudes formales

El 16 de mayo, la ONG Temblores presentó al presidente Gustavo Petro, a los ministros de Justicia, Néstor Osuna, y de Defensa, Iván Velásquez, y al director de la Policía Nacional, el mayor general William René Salamanca Ramírez, el informe El Estado de la Impunidad y el reporte #ReporteGRITA2023. En la presentación, le hizo tres solicitudes al jefe de Estado para prevenir los escenarios de violencia policial en Colombia.

Las tres solicitudes tienen son sobre el modelo de vigilancia, la restricción de armamentos declarados menos letales y frente a la persecución policial a usuarios de la dosis personal. Pero antes de entrar de fondo en las solicitudes es importante saber qué es el informe El Estado de la Impunidad y #ReporteGRITA2023.

Este es el primer informe de Policarpa, la clínica de justicia ambulante de ese colectivo. Esta comenzó a trabajar en 2020, “cuando empezamos a identificar, en el proceso de representación y asesoría legal de víctimas de violencia policial, una serie de prácticas institucionalizadas al interior de la Fiscalía General de la Nación que obstaculizan el derecho al acceso a la administración de justicia en estos casos”, advirtieron desde Temblores.

Para la consolidación del informe, la organización no gubernamental revisó expedientes penales de casos de violencia física, homicida y sexual cometidos entre 2015 y 2020 por agentes de la fuerza pública. A partir de esto, se pudo determinar que la impunidad en estos casos no es un problema situacional, sino estructural, “que se alimenta de una multiplicidad de prácticas y de la cual son cómplices múltiples actores del sistema de administración de justicia”.

Según el informe de cinco capítulos, entre las prácticas de la Fiscalía que han propiciado la impunidad en estos casos están los cambios sistemáticos o injustificados de Fiscalía, archivo o traslado de los expedientes, del ente acusador a la Justicia Penal Militar, sin notificación a las víctimas, y la inadecuada tipificación jurídica por parte de los fiscales, que advierten es la antesala al traslado a la Justicia Penal Militar.

Sobre esto último, el informe señala que en varios de los hechos denunciados por las víctimas los fiscales no aplican los tipos penales correspondientes, lo que ha llevado a que “gravísimas violaciones a los derechos humanos” terminen siendo “cobijados con el manto de ‘actos del servicio’. De acuerdo con las cifras que recoge el informe, de los 974 homicidios cometidos por la fuerza pública en el lustro entre 2015 y 2020, solo hay 90 sentencias condenatorias; en el caso de las 7.383 denuncias por violencia física solo hay 93 sentencias condenatorias; mientras que de las 948 denuncias por violencia sexual solo 47 tienen sentencia condenatoria.

En este reporte, advierten desde Temblores, recoge los casos que se han presentado en los primeros tres meses de 2023, con el que buscan caracterizar y dar a conocer cómo ha continuado la violencia policial en el Gobierno de Gustavo Petro, que se comprometió en campaña a reformar a la Policía Nacional.

Según las cifras del #ReporteGRITA2023, entre el 1 de enero al 31 de marzo, la plataforma de Temblores recibió 56 denuncias de agresiones por parte de la Policía. De estos, confirmaron 44 casos de violencia (4 hechos homicida, 30 de física y 2 sexual), que dejaron al menos 41 víctimas. En los hechos de violencia homicida, la ONG señaló que pudo documentar que tres de estos ocurrieron cuando las víctimas estaban privadas de la libertad en custodia del Estado.

Modelo de vigilancia

La ONG le solicitó al presidente “una profunda transformación” del modelo de vigilancia basada en el principio de transparencia del actuar policial. Para esto, advirtió que la delimitación de cuadrantes “no ha sido efectivo en la consolidación de una policía cercana a la comunidad que mejore la percepción ciudadana de seguridad y que sea el garante real de los derechos humanos de todas las personas”; y que por el contrario, “ha terminado en la territorialización de prácticas de estigmatización y persecución, especialmente en barrios marginados y empobrecidos”.

También señaló que los Centros de Atención Inmediata (CAI) “se han vuelto escenarios de detenciones arbitrarias, procedimientos irregulares, torturas y tratos crueles”, afectado la relación y percepción de la ciudadanía hacia la Policía. Señaló, además, que por el diseño de los CAI (vidrios oscuros y poca posibilidad de acceso ciudadano) se han convertido en escenarios con poca transparencia “donde se vulnera el principio de publicidad de los procedimientos policiales y en los que han ocurrido graves violaciones a los DDHH”.

Por esto, le pidió al presidente Petro: un piloto de transformación de los CAI para garantizar el principio de publicidad y transparencia de los procedimientos policiales, empezando por la arquitectura de los CAI, que dice, no deben tener vidrios polarizados ni ser espacios privados para la ciudadanía; que se prohíban las detenciones temporales en los CAI, y que en caso de que se requiera el traslado de una persona allí, esta debe estar acompañada por un veedor de la Procuraduría, que también piden estén presentes en los CAI.

También le solicitó tomar acciones para acabar con el hacinamiento en las estaciones de Policía y que se construya un marco legal con un debido protocolo que delimite el tiempo máximo que una persona privada de la libertad puede pasar en una estación de policía y que se le indiquen sus derechos mientras está recluido.

Restricción de armamentos declarados menos letales

Según la respuesta de la Policía a Temblores, “entre 2020 y 2021 hubo incremento 2700% en la compra de armas de letalidad reducida y del 192% en la compra de municiones”, estos causaron, al menos, 103 lesiones oculares en el marco del para nacional de 2021. Por esto le solicitó al presidente Petro que se suspenda la compra de estos armamentos, y que estos recursos sean reinvertidos en la construcción de un programa de reparación integral a las víctimas de traumas oculares. También le pidió promover una resolución internacional para la restricción de armamentos declarados menos letales en contextos de protesta social.

La persecución policial a usuarios de la dosis personal

Desde Temblores solicitaron también al presidente de Colombia la derogación total del decreto 1884 de 2018, que provocó el incremento de comparendos que la Policía impuso a la ciudadanía por el porte de sustancias ilícitas en espacios públicos, que según datos que la Policía entregó a la ONG, entre 2017 y 2019 se interpuso 208.183 comparendos a nivel nacional. De estos, el 87% recayeron en ciudadanos que portaban entre 1 y 20 gramos de marihuana, cantidades a la dosis mínima que determina la Ley 30 de 1986.

Por esto, la ONG pidió, además de dicha derogación, que se promulgue un decreto que reglamente, acorde a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, el uso de sustancias en el espacio público, y este ordene la creación de salas de consumo supervisado para la reducción de daños en materia de salud y para que las personas que no tienen acceso a espacios privados, como habitantes de la calle, puedan consumir sin ser perseguidas y criminalizadas por la policía.