La Corte Suprema de Justicia hizo un llamado a los abogados y miembros de la rama judicial para que se regrese a la presencialidad para hacer los trámites que corresponden en cuanto a la justicia se refiere. El tribunal supremo señaló que es la misma ley la que exige que los trámites sean de manera presencial, y que las medidas provisionales que se tomaron para atender la emergencia del covid-19 se han ido levantando, porque ya se superó el episodio de salud pública. Pese al argumento de la Corte, varios funcionarios y abogados se pronunciaron en contra del llamado.
“La @CorteSupremaJ reitera la importancia de la atención directa de los servidores judiciales al usuario de la #Justicia. La virtualidad del juez penal en los juicios, necesaria durante la pandemia, ya no se justifica y la presencialidad debe ser la regla según Ley 2213 de 2022.”, señaló en su cuenta oficial de Twitter la institución.
Para ampliar el llamado, el presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, Hugo Quintero Bernate, aseguró en una entrevista con el noticiero CM& que han sido muchas veces en las que en medio de la virtualidad los abogados y funcionarios afectan la solemnidad de la justicia, pues aparecen en toalla, sin la respectiva vestimenta, en espacios donde se dificulta tomar una audiencia y demás: “Nosotros creemos que los juicios virtuales a veces le quitan solemnidad al acto de administrar justicia”, dijo el magistrado.
Quintero Bernate añadió que, incluso, la defensa y los argumentos se han visto afectados con esta dinámica, porque los testigos leen sus declaraciones, lo que es contrario a la tradición jurídica porque las intervenciones deben partir del conocimiento del caso y que parte de la verdad de la persona que testifica: “Los testigos deben ser espontáneos, deben rememorar por sí mismos lo que vieron. Hemos notado en la práctica que algunas oficinas de abogados han invertido más en teleprompter que en abogados para efectos de los testigos”.
Por su parte, algunos abogados salieron en defensa de lo mencionado hace unos días por la Corte Constitucional, que señaló que estas funciones pueden seguir atendiéndose de forma virtual, porque la implementación de la virtualidad trajo múltiples ventajas en estos últimos tres años, no solo a nivel personas, sino a nivel judicial, puesto que con este método es más fácil evitar el aplazamiento de las diligencias, las fallas en los traslados de los procesados o testigos por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la posibilidad de atender más casos y audiencias en un mismo día.
“Declarar que en pandemia el 80% de aplazamientos fueron causados por la defensa; declarar que oficinas invirtieron en teleprompter para testigos; declarar que la defensa no cumple labor social sino que hace negocios; que la virtualidad alejó a la comunidad de sus jueces, no solo es desacertado sino que nos pone en peligro y estigmatiza la profesión!”, escribió en sus redes sociales Diego Cancino.
Otros litigantes señalaron: “Es tratar de justificar a la " brava " la sepultura de la virtualidad, con argumentos sin ningún sustento, sin comprobación y alejados de la realidad. Absurdo acudir a la mentira para justificar la nostalgia por las audiencias aplazadas y que ahora serán la regla general”; “La verdad es que desde 2021 en mi despacho judicial trabajamos presencialmente. Cosa distinta es que seguimos haciendo todo virtual en SAMAI, TYBA, atendiendo WhatsApp, haciendo las audiencias virtuales por @Lifesize y las providencias son virtuales, ya no se imprime”, “Deberíamos objetarlo, con acontecimientos reales, para que se den cuenta de la realidad en la tribuna. Los goles son fáciles siempre sentados con las comodidades que ofrece palco...”, escribieron en redes sociales.