El proyecto de reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro avanza en el Congreso de la República. La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes ya dio el visto bueno a 21 artículos y en los próximos días debatirán los 100 restantes.
En medio del debate de este, en el que hay muchos comentarios en contra de la iniciativa, surgió la solicitud de 62 asociaciones, federaciones y gremios de pacientes, de usuarios, de trabajadores, de académicos, así como exministros y exviceministros de Salud y de Hacienda de que el proyecto de ley sea retirado del Congreso de la República.
Esto, debido a los riesgos que para los pacientes, usuarios, institucionalidad y sostenibilidad del sistema de salud podrán materializarse, de ser aprobado el texto tal y como está.
A esta solicitud, enviada por medio de una carta denominada “Propuesta de Pacto Nacional por un mejor Sistema de Salud en Colombia”, respondió el ministro Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que desestimó la solicitud.
Luego de la discusión en la Comisión Séptima, el funcionario aseguró que en este momento lo que se debe hacer con el proyecto de ley es complementarlo.
“El proyecto hoy no es como se presentó. La ministra Corcho (Carolina) abrió un compás para que pudiera aportarse mucho y estamos continuando en ese proceso, que es lo que quiere el presidente (Gustavo Petro), de llegar a acuerdos con todos los sectores para tener la posibilidad de que todos podamos estar tranquilos con respecto a este proyecto”
Las afirmaciones de Jaramillo se conocen pese a que los 62 actores del sector advirtieron que no es claro que la reforma a la salud presentada por el Gobierno nacional contribuya al progreso en el derecho fundamental de la salud y más bien pone en riesgo los avances adquiridos en el goce efectivo del derecho, entre ellos, la libertad de escogencia de los ciudadanos del asegurador y prestador y amenaza los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad que establece la Constitución Política.
Además, pese a que estos dieron a conocer 14 puntos que señalan como preocupantes.
“No resuelve los problemas de cobertura y acceso que se presentan en los territorios. Por el contrario, fragmenta y desarticula los niveles de atención, afecta su integralidad, no garantiza la continuidad de los tratamientos de los pacientes y elimina la función de agencia para el paciente, lo cual se traducirá en barreras de acceso para la población”, es uno de ellos.
Otro es que dispersa funciones de agenciamiento y gestión integral de riesgos en diversos agentes públicos, lo cual crea confusión en los roles y las responsabilidades frente a los pacientes y el sistema.
Además, que no garantiza la sostenibilidad financiera del sistema y, por el contrario, rompe la protección financiera que para el Estado significa la unidad de pago por capitación (UPC).
“Conduce a la estatización total del sistema al concentrar la mayor parte de sus funciones en las entidades públicas y desaparece por completo el aseguramiento en salud, para transitar hacia un sistema público de salud”, advierte.
A su vez, que desincentiva la participación privada en la prestación de los servicios, desconoce los esfuerzos en calidad, avance tecnológico, formación del talento humano en salud e inversión, que ubican a Colombia en un lugar destacado de oferta hospitalaria de excelencia.
También, que propone el manejo centralizado de los recursos en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), institución que manifestó no contar con las capacidades ni la infraestructura para responder por toda la operación financiera y gestión administrativa del sistema. Adicionalmente, que crea fondos cuenta regionales con estructuras burocráticas asociadas, que exponen al sistema a una falla del servicio, que se traducirá en pérdida de vidas.
La objeción de Alejandro Gaviria
Uno de los que firmó la solicitud es el exministro de Salud Alejandro Gaviria, que también hizo parte de este Gobierno al ser el encargado, en un principio, del Ministerio de Educación. El exfuncionario objetó la reforma y advirtió que está mal de forma y de fondo.
“Este proceso en mi opinión va mal en la forma y en el fondo estamos lejos de los consensos, el trámite ha sido muy accidentado, el texto es incompleto, a veces incoherente, pero sobre todo empieza a ser percibido como una imposición caprichosa e ilegítima”, advirtió.
Del mismo modo, agregó que “me cuesta creer que esta sea una reforma de un Gobierno que se dice de izquierda. Esta reforma traerá más segregación con las clases medias y altas con seguros de salud, y unos pobres en un sistema público desbordado, sujeto a las afugias burocráticas de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres)”.
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