Qué sigue tras la declaración de Mancuso en la JEP: tiene 30 días para aportar pruebas sobre sus acusaciones

Durante cuatro días de audiencia ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz ―JEP―, el exlíder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, hizo diversas acusaciones y revelaciones sobre los nexos de distintos sectores de la sociedad y las fuerzas armadas con el paramilitarismo.

Ya finalizadas las diligencias tendrá 30 días hábiles, contados a partir de este miércoles 17 de mayo, para que entregue todas las pruebas e información puntual sobre los hechos que relató durante las audiencias.

Se le pidieron nombres de empresas y movimientos políticos que estuvieron vinculados con la estrategia de expansión paramilitar en la subregión del Urabá Antioqueño y en el departamento de Córdoba, que debe incluir nombres completos y roles.

Le solicitaron igualmente los nombres de empleados de Postobón y Ecopetrol que tuvieron supuestamente relaciones con las AUC y estuvieron implicados en la masacre en Turbaco, así como los responsables de alterar los antecedentes en el extinto DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) y sus víctimas.

También debe incluir una carpeta con la documentación sobre la constitución de las cooperativas de vigilancia Convivir y el listado que entregó la Brigada de Infantería de Marina N° 1 en Montes de María, en donde estén identificadas las personas que hacían parte de inteligencia militar.

Así mismo, debe entregar los nombres de los militares venezolanos que estuvieron vinculados con el conflicto colombiano en la frontera entre Colombia y Venezuela.

Por otra parte, la JEP iniciará un proceso de contrastación de lo que dijo el exlíder paramilitar, en el que se pretende verificar si realmente “hizo aportes efectivos, suficientes y novedosos, que permitan contar con elementos suficientes para resolver sobre su sometimiento ante la jurisdicción”, explicaron los magistrados.

Para ello, se utilizarán los expedientes judiciales disponibles, informes presentados por las víctimas y los documentos presentados por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, entre otros aportes. Mancuso ya había hecho varias de sus afirmaciones ante la justicia ordinaria y ante el tribunal de Justicia y Paz, creado durante la desmovilización de las AUC entre 2003 y 2006, durante el gobierno de Álvaro Uribe.

En caso de que se resuelva su entrada al tribunal, deberá comparecer para aportar a los macrocasos de la sala de reconocimiento de la jurisdicción, donde las víctimas podrán intervenir. Si no se le permitiese acogerse a la justicia transicional, su proceso deberá pasar a la justicia ordinaria, donde se determinará las penas que deba cumplir, tal como sucedió recientemente con Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40′.

Declarando de forma remota desde Estados, donde paga una condena por narcotráfico, Salvatore Mancuso mencionó nombres de políticos que habrían apoyado la causa paramilitar, entre los que incluyó al exvicepresidente Francisco Santos. “Vino en representación de la oligarquía colombiana, porque en la capital estaban preocupados por la llegada de las FARC cerca de Bogotá, se nos pide la creación de un bloque, que hasta sugirió el nombre de Bloque Capital”, relató el otrora líder de las AUC.

También aseguró que las Autodefensas incidieron en varias campañas presidenciales, entre ellas la de Horacio Serpa (fallecido en 2020), Andrés Pastrana y Álvaro Uribe.

Sobre este último, Mancuso hizo señalamientos puntuales. Dijo que el exmandatario le retiró la protección al exalcalde de la localidad de El Roble (Sucre) Eudaldo Díaz, lo cual habría permitido que los paramilitares lo asesinaran. “En un consejo comunitario él denunció, ante el entonces presidente Uribe, que lo iban a matar y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos”, sostuvo el exlíder paramilitar ante la JEP.

También reveló el supuesto asesinato y desaparición de al menos 200 personas en la frontera entre Colombia y Venezuela, lo cual motivó que el Gobierno nacional, a través del canciller Álvaro Leyva, acuerde mecanismos de cooperación con el país vecino para “localizar los restos mortales de colombianos dados por desaparecidos en zonas de frontera, sepultados en territorio venezolano según manifestaciones del señor Salvatore Mancuso”.