Las mujeres periodistas colombianas recibieron un espaldarazo de la Corte Constitucional, que ordenó a varias autoridades nacionales y electorales del país crear mecanismos para visibilizar la violencia en internet que a diario enfrentan quienes se dedican a informar e investigar los hechos en Colombia.
En el fallo, el tribunal le solicitó a la Fiscalía General de la Nación, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a los ministerios de Justicia y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que a más tardar en dos meses hagan públicos en sus respectivos sitios web contenidos relacionados a la violencia digital que vive la población femenina en el país.
La sentencia se dio tras una tutela que varias periodistas colombianas, asesoradas por la Fundación para la Liberta de Prensa (FLIP), instauraron para que las diferentes instituciones del Estado colombiano propendan por garantizar que las comunicadoras ejerzan su profesión sin agresiones en línea.
“Los ataques en línea son una nueva esfera donde se llevan a cabo agresiones contra las mujeres periodistas relacionadas con el género, usualmente de naturaleza misógina y de contenido sexualizado”, reza el texto firmado por locutoras, directoras de medios y columnistas como Vicky Dávila, Camila Zuluaga Suárez, Lina María Peña, Lariza Pizano Rojas, Andrea Dávila Claro, María Jimena Duzán, Claudia Gurisatti, Máryuri Trujillo y Cecilia Orozco.
“Los ataques en línea son una nueva esfera donde se llevan a cabo agresiones contra las mujeres periodistas relacionadas con el género, usualmente de naturaleza misógina y de contenido sexualizado. Indicaron que, en algunas circunstancias, este patrón proviene y beneficia a determinados grupos o actores políticos a través de estrategias de desinformación, amplificación e intimidación”, aseveraron las firmantes.
La abogada de la FLIP, Raissa Carrillo Villamizar, asesoró a las periodistas en la radicación de la tutela que, en las últimas horas, salió avante en la Corte Constitucional.
En el fallo, entre otras cosas, también se le ordenó a los partidos políticos del país crear un Comité de Ética y un proyecto de ley para debatirse en el Congreso de la República para erradicar la violencia a estas profesionales que “se ha manifestado a través de múltiples tipos de violencia, entre ellos la violencia digital”, dijeron los magistrados en el texto.
“La violencia contra las mujeres periodistas es un mal generalizado que muestra una faceta específica de la violencia generalizada contra la mujer”, señala el texto del alto tribunal en el que mostraron algunos de los problemas que diariamente enfrentan las periodistas.
“En efecto, acallar al periodista, pero sobre todo acallar a la mujer periodista, es una manifestación de la tendencia a que ciertos hechos no se develen, sobre todo en democracias deficitarias o con tendencia a gestionar sus problemáticas por canales distintos al diálogo racional”, señaló la Corte.
Los magistrados coincidieron con las firmantes de la tutela en que la violencia en internet que varias de ellas reciben provienen de conductas machistas y políticas, por eso advirtieron a las colectividades que, si son conocedores de agresiones contra esas profesionales y no toman cartas en el asunto, podrían enfrentar sanciones.
“El CNE está facultado para sancionar al partido o movimiento en los casos en que advierta que la organización política incitó o perpetuó hechos de violencia o cuando el partido tuvo conocimiento de estas conductas ejercidas por sus miembros, pero no adelantó ninguna actuación tendiente a sancionarlas”, estableció el fallo.
El espaldarazo de la Corte a las denunciantes se da luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó un recurso que ellas habían presentado exigiendo protección para su labor informativa. El tribunal se negó con el argumento de que, pese a que existían todas las pruebas de violencia en internet, no había evidencia de que eso, en realidad, sucediera. Las denunciantes, por su parte, presentaron ejemplos de lo que han vivido en internet desde que ejercen su profesión.
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