La congresista Katherine Miranda apeló a su derecho a la intimidad personal y familiar para no hacer pública su pareja sentimental. Esa relación había cobrado relevancia ante los cuestionamientos por la decisión de archivar una denuncia en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes que resultó a favor del fiscal general Francisco Barbosa.
Miranda no estuvo presente en la sesión en la que se decidió votar el archivo de la denuncia que presentó la fiscal Angélica Monsalve, quien acusa a Barbosa de ejercer presiones en su contra por los casos de corrupción que tiene a su cargo. Gloria Arizabaleta y Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, tampoco estuvieron presentes y Alirio Uribe votó a favor, como también Olga Lucía Velásquez, del partido Verde.
“Miranda no es del Pacto y parece más de oposición”, dijo la representante Mafe Carrascal al revelarse la votación de los miembros de la Comisión de Acusación, así como sus ausentes. La denunciante apeló la decisión y señaló que las ausencias debían cumplir con los requisitos correspondientes, mientras que a la representante de la Alianza Verde le llovieron las críticas.
Una de esas críticas vino del periodista Gonzalo Guillén, quien radicó un derecho de petición para consultar posibles conflictos de interés de Miranda para, supuestamente, favorecer al fiscal con su ausentismo. “¿Tiene usted o su pareja Edward Rodríguez alguna relación de amistad o de negocios con el ex contralor general de la República Felipe Córdoba?”, preguntaba el documento.
La representante por Bogotá citó la protección constitucional a la intimidad para no confirmar los rumores que desde hace varios años han rodeado sobre una relación con el excongresista del Centro Democrático Rodríguez. “No obstante, a pesar de no estar obligada a responder frente a mi vida personal, quiero manifestarle que en este momento no estoy casada, ni en unión libre, ni en ninguna relación que me cause un conflicto de intereses”, fue lo único que aclaró.
Al respecto, también señaló que “no tiene ninguna relación de amistad, relación o de negocios con el ex- Contralor General de la República Carlos Felipe Córdoba Larrarte y menos aún que constituya causal de impedimento para las funciones que tengo en mi condición de Representante a la Cámara del Congreso de la República de Colombia”.
Miranda negó que ella tenga alguna relación de amistad, cercanía o de negocios con el fiscal Francisco Barbosa. Afirmó que del 2020 al 2023 no ha sido citada ni a la Fiscalía ni al despacho del Fiscal General, en el marco de sus funciones, pese a que la pregunta iba dirigida a conocer si había estado en el Búnker o en la oficina de Barbosa.
De haber asistido a la Cámara el pasado 26 de abril, cuando se decidió el archivo de la votación, Miranda sostuvo que “hubiese pedido el aplazamiento de la votación y solicitado a la Mesa Directiva un triunvirato dada la importancia del proceso, igualmente la comparecencia por parte del señor fiscal Francisco Barbosa”.
La fiscal Monsalve apeló la decisión porque considera que no se dio ninguna investigación frente a lo expuesto en su denuncia. “Les anuncio que ante tanta impunidad con altos funcionarios, he decidido promover una iniciativa de ley para establecer un verdadero procedimiento para aforados constitucionales, espero contar con la firma del pueblo que clama justicia. No más impunidad”, dijo la denunciante.
El representante Ocampo, que tampoco estuvo presente, señaló que “las actuaciones en la comisión son penales, no políticas; ahí somos Fiscales y no puedo contar los pormenores en este momento, porque me traería investigaciones, denuncias y recusaciones. Confíen todos en que hago lo correcto y cómo siempre espero que mis actuaciones representen el cambio que buscamos”.
Uribe Muñoz señaló que su error había sido no solicitar la votación nominal y que los votos del Pacto Histórico no iban a cambiar la decisión. Señaló que el resultado era decidir si se abría o no una investigación, pero la Comisión no tiene la capacidad de adelantar un juicio, por lo que propuso una modificación a los fueros políticos y el proceso para juzgarlos para evitar la impunidad.