Fiscalía imputará cargos contra el gobernador de Quindío por irregularidades en la entrega de un predio

En la tarde del martes 16 de mayo, la Fiscalía General de la Nación anunció la radicación de una audiencia de imputación de cargos contra el gobernador de Quindío, Roberto Jaramillo, y la exgobernadora Amparo Arbeláez Escalante, por presuntas irregularidades en el traspaso de un predio público a una empresa privada.

De acuerdo con el organismo judicial, Arbeláez celebró un contrato de cesión gratuita en 2007 sobre un terreno con extensión cercana a los 20.000 metros cuadrados que fue entregado a la Asociación Abrazar, cuyo representante es el actual mandatario de Quindío.

“El inmueble, ubicado en Calarcá (Quindío) superaba en valor los 12.100 millones de pesos y habría sido entregado sin costo alguno a la organización particular para que pusiera en funcionamiento sus instalaciones”, precisó la Fiscalía a través de un pronunciamiento. Arbeláez Escalante, aprovechando su condición de mandataria local, tramitó una ordenanza ante la Asamblea Departamental para que esta le permitiera transferir bienes y así ceder el terreno a la compañía privada.

Para la Fiscalía, la otrora gobernadora y Jaramillo vulneraron varias normas de carácter legal y constitucional. Además, se registraron elementos materiales que dan cuenta de posibles inconsistencias en la documentación y otros requisitos presentados ante la Oficina de Instrumentos Públicos de Calarcá que, según pesquisas, indujeron al error a funcionarios que terminaron por establecer los mecanismos para la tradición del predio.

Por ello, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputará a Jaramillo y a Arbeláez Escalante por los delitos peculado por apropiación, celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y fraude procesal.

De otro lado, el gobernador no se ha pronunciado sobre el llamado de la Fiscalía, en el que también dio a conocer que el Tribunal Superior de Bogotá tendrá que definir las fechas de audiencia en la que comparecerán el funcionario y la exgobernadora.

No es la primera vez que Arbeláez Escalante es investigada por anomalías cometidas durante el periodo en que fue gobernadora. En diciembre de 2011, la Procuraduría General de la Nación la inhabilitó para ejercer cargos públicos por 10 años debido a la comisión de fallas disciplinarias en la celebración de un contrato de investigación y adaptación tecnológica para un sistema de transporte por cable en el municipio Buenavista también cuando era gobernadora de Quindío.

La decisión fue tomada por el Ministerio Público cuando fue senadora por el Partido Liberal y también fueron sancionados Luis Ernesto Gil Cardozo, entonces secretario territorial de Infraestructura (inhabilitado por 13 años), y Liliana García Forero (sancionada para ejercer cargos públicos por 14 años), quien fungía como directora del Departamento Jurídico del departamento.

En esencia, Alejandro Ordóñez, entonces procurador general, argumentó que esa contratación estuvo dividida en dos fases; la primera estuvo basada en una consultoría, mientras que la segunda fue un contrato de obra. En ese sentido, se tenía que realizar, respectivamente, un concurso de méritos y una licitación pública. Sin embargo, esto nunca se hizo, pues se hizo un proceso de contratación directa.

Bajo ese panorama, la entonces cabeza del órgano judicial aseguró que los funcionarios cometieron un “altísimo grado de negligencia” registrado durante el proceso contractual y explicó que se generaron errores generados por desatenciones en el análisis de documentos que eran puestos a disposición para su estudio y posterior adjudicación. Sobre esto, les fueron señaladas conductas relacionadas con “culpa gravísima” que, según lo establecido por el Código Único Disciplinario, acarrea como sanción la destitución del cargo.