Reforma laboral: las cooperativas ven de reojo que con el proyecto no se genere riqueza

El presidente de Confecoop, Carlos Acero, aseguró que con la iniciativa se debería ampliar el espectro de creación de trabajo

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Carlos Acero, presidente de Confecoop, habló del proyecto de reforma laboral de Gustavo Petro. Colprensa
Carlos Acero, presidente de Confecoop, habló del proyecto de reforma laboral de Gustavo Petro. Colprensa

Sin duda, el proyecto de reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro es uno de los asuntos más discutidos en Colombia en los últimos días. Esto, debido a que los gremios del país ven que es una iniciativa que más que todo protege los derechos de los trabajadores e impulsa la informalidad en vez de generar empleo formal, que es lo que más necesita en estos momentos de coyuntura económica.

Sobre la iniciativa, Infobae Colombia habló con el presidente de la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop), Carlos Acero, quien aseguró que la reforma es necesaria, pero, según visto el texto, aún le falta una política pública en los términos normativos para la creación de trabajo digno.

Acero manifestó que en este momento lo que requiere Colombia es que se reconozcan las diversas formas de organizar el trabajo.

¿Cuál es la posición de las cooperativas frente al proyecto de reforma laboral?

Desde hace tiempo atrás, llamamos la atención del Gobierno nacional en la necesidad de que cuando se hable de un tema integral de reforma al trabajo, de generación, de ampliación del espacio laboral en Colombia, que se tenga en cuenta cómo el modelo cooperativo es un generador de trabajo digno. También, que tenga en cuenta cómo la OIT y la Ocde recomiendan incluir, dentro de las opciones de la creación de trabajo y empleo digno, a las formas cooperativas de trabajo o mutualización del trabajo.

La OIT señala que el futuro del trabajo está basado en las personas y allí se encuentra el modelo cooperativo de trabajo, un actor fundamental, porque ese modelo cooperativo pone al ser humano en el centro de todo el proceso productivo.

De manera que eso se lo presentamos al Gobierno nacional y al Congreso de la República y aspiramos a que esto se tengan en cuenta porque lo que requiere Colombia es que se reconozcan las diversas formas de organizar el trabajo, diversas formas en que las personas se acerquen al mundo del trabajo y del empleo dentro de lo marcado por la Constitución Política Colombiana, en el Artículo 25, que el Estado colombiano reconoce todas las formas de trabajo para generar ingresos, tener dignidad y un aporte en la sociedad.

¿Cuál sería el riesgo del sector cooperativo con la iniciativa?

En el sector cooperativo se generan 130.000 puestos de trabajos formales. Por la naturaleza y características de nuestro modelo de empresa hay una protección natural a la conservación y a la estabilidad.

Por supuesto que de llegar a aprobarse la reforma en los términos como está planteada habrá algún nivel de afectación en algunas de las actividades económicas en donde están las cooperativas, pero por las características del modelo y de la estructura de las organizaciones, el impacto, por ser puestos de trabajo en el área de servicios, no sería tan grande. Pero, en sectores de producción y de trabajo sí podría generarse un impacto.

Por eso, lo que le proponemos al Gobierno es que se debe ampliar el espectro de creación de trabajo. En eso, a nivel global, la Ocde habla del poder del modelo cooperativo para crear y sostener puestos de trabajo basado en la autogestión que sirve para los procesos productivos, para la recuperación de empresas en crisis y para coadyuvar en los procesos de democratización del trabajo y de la gestión empresarial.

¿En qué están de acuerdo y en qué no están de acuerdo con el proyecto de ley?

Lo que nosotros estamos diciendo es que más allá de que se dice que el proyecto de ley no genera empleo, sino que está diseñado para dar garantías, planteamos que a los trabajadores de las cooperativas también se les reconozcan los derechos y garantías para este tipo de forma de organizar el trabajo.

Desde el movimiento cooperativo proponemos es mayor amplitud. Lo que tenemos que hacer es generar una política pública en los términos normativos que seguramente no están contenidos ni siquiera en este proyecto de ley para reconocer que en el mundo cooperativo contemporáneo y en el futuro hay formas distintas de crear trabajo digno, de generar sostenibilidad en el trabajo y de, a partir de organizar a las personas, crear riqueza individual y colectiva.

Estos elementos no hacen parte del proyecto de reforma y son necesarios que se incorporen en esa oferta legal más amplia, que es lo que todos los sectores piden.

Hay críticas frente a la llamada economía popular, ¿ustedes tienen claridad de lo que se busca con esta?

Sí. Creo que el debate no está en la definición y no puede quedarse el Gobierno, ni los sectores, ni la gente, en una discusión conceptual. En la práctica, en la realidad, lo que ocurre es que Colombia es un país con un altísimo porcentaje de informalidad en la economía.

Lo que se busca, como siempre, es que haya mecanismos, tanto en la economía como en el marco regulatorio, que se permita y facilite de manera gradual que muchas personas, hoy en la informalidad, gracias a políticas públicas, a instrumentos, acceso a financiación, acceso real a mercados, puedan formalizarse.

¿Cuánto puede demorarse la aplicación de esta?

Esos son procesos. No es porque se dicte una ley o se defina un concepto. Lo que se debe trabajar de manera conjunta, entre el Gobierno y los sectores económicos y sociales es en que esos procesos maduren. Y que las personas que no tienen mecanismos favorables, que no acceden a créditos o la producción no les genera ingresos, o no tiene acceso a asistencia técnica, o no pueden acceder a otros mecanismos de soporte, lo tengan de manera gradual.

Ahí es donde, a nivel global, el modelo cooperativo es un factor determinante.

Cuando se organizan las personas y las comunidades para la producción, para el trabajo, para el consumo y para la inclusión económica y financiera, estas facilitan el proceso y la llegada de más personas de la economía informal hacia procesos estables y sostenibles.

A propósito de créditos, ¿cómo afecta al sector el alza en las tasas de interés del Banco de la República?

Sin lugar a dudas, el alza en las tasas de interés tiene un efecto en la economía en general. Entonces, en la medida en que las tasas tienen incremento el acceso o la búsqueda de las personas para acceder al crédito disminuye. En la medida en que se consolide un proceso más estable, donde la inflación y la tasa no se incrementa, volverá a fortalecerse el mercado y de manera paulatina un nuevo escenario.

Eso es importante, porque para resolver temas de consumo un interés alto para cientos de miles de personas formales e informales se genera un costo económico social mayor. A mayor tasa y con ingresos bajos habrá menos oportunidades de resolver los problemas de la gente.

Si se es pyme, pequeños productores, quedará más difícil ser competitivos. Por eso se necesitan señales de estabilidad macroeconómica, de señales en el mercado, de certidumbre, para que el proceso económico facilite la operación.

En ese sentido el modelo cooperativo es interesante porque los asociados de las cooperativas, generalmente, tienen acceso al recurso del crédito en condiciones más favorables que lo harían solicitando a esos servicios.

¿Qué medidas tomó el Gobierno para que esto no los impacte muy duro?

El Gobierno ha evaluado eso. Se tiene el programa de inclusión crediticia con el que se valora el papel histórico de las cooperativas.

Prepara ajustes en la normativa, tanto en la banca de fomento como en el Fondo Nacional de Garantías para que las organizaciones que tienen presencia en los municipios del país a donde no llegan otras entidades financieras se conviertan en un irrigador de crédito productivo y de microcréditos.

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