Ley de humanización carcelaria: la política para tener menos delincuentes en las cárceles y las calles

Una de las reformas del Gobierno nacional que deberá discutir el Congreso en las próximas semanas será el proyecto de Ley de Modernización y Humanización al Sistema Penitenciario. Este se propone garantizar los derechos humanos de las personas condenadas, a través de mecanismos sustitutivos para el cumplimiento de la pena y el fortalecimiento de la justicia restaurativa.

Desde febrero, cuando se radicó el proyecto de ley por parte del Ministerio de Justicia, se han formulado varias críticas sobre su contenido que se buscaron solucionar por medio de la ponencia, propuesta casi tres meses después, para que inicie formalmente el debate en las comisiones primeras de Cámara y Senado.

El representante Pedro Suárez Vacca, coordinador ponente del proyecto, explicó que “uno de los aspectos que más ha resaltado la Corte Constitucional, que origina la violación de derechos humanos en los establecimientos carcelarios, es el hacinamiento. Se pretende permitir que los jueces que toman la decisión de imponer o de vigilar sentencias condenatorias privativas de la libertad a alguna persona, puedan a la luz de unas condiciones muy particulares permitir que las personas se resocialicen y vayan acercándose cada vez más rápido a su situación de libertad”, sostuvo a Infobae.

Esto se hará a través de los llamados subrogados penales, o beneficios, como los permisos de trabajo, estudio, de salida del centro de reclusión, prisión domiciliaria, entre otros, que se van a ofrecer a los o las condenadas según sus condiciones personales, sociales, familiares y el tipo de delito cometido.

“Va a haber un proceso evolutivo que se corresponde con lo que se denomina el proceso de resocialización para poder llegar a la libertad condicional. Cada interno tiene que superar, de acuerdo con su comportamiento, sus labores de enseñanza, trabajo o estudio para llegar hasta ese punto; es decir, va a haber unas etapas previas a la libertad condicional”, explicó Suárez Vacca.

Una de las modificaciones es reducir el máximo de la pena de prisión que actualmente se encuentra en 60 años, por considerar que es una cadena perpetua (que no existe en Colombia) para mayores de edad. Se propone fijar esa cantidad en 40 para un solo delito y 50 en caso de concurso, es decir la condena de varias acciones delictivas.

En la ponencia ya no se eliminarán los delitos de incesto, injuria, calumnia e inasistencia alimentaria como se había planteado inicialmente. “Consideramos que ellos no ayudan a disminuir el hacinamiento carcelario, toda vez que estos tipos penales no tienen a muchas personas privadas de la libertad; y que un tipo de proyecto que pretenda eliminar ese tipo de delitos debe estar dirigido más al Código Penal que a la ejecución de la pena como se está haciendo en este proyecto”, sostuvo el ponente.

Los únicos delitos que se contempla eliminar son contra el sentimiento religioso y el respeto a los difuntos, por considerar que están más relacionados con el ámbito ético y moral que con lo penal; sin embargo, será parte de los acuerdos que se alcancen con las bancadas.

La reincidencia, un factor clave

El proyecto se propone contribuir a la seguridad ciudadana, mientras que desde algunos sectores señalan que podría llevar a tener más criminales en las calles. El gobierno busca ese objetivo por medio de que las personas que han cometido delitos leves no reincidan, a través del proceso de resocialización que se perderán si ya han sido beneficiados y que los criminales de carrera no puedan acceder a los mismos.

“Aquí no se puede hablar de unos regalos. Se garantiza es que las personas que se someten a todo el procedimiento resocializador del Estado –esta vez sí con todos los instrumentos con que cuenta el Inpec, los jueces y la propia Fiscalía– efectivamente no van a cometer nuevos delitos y sobre todo porque la reincidencia va a ser un factor fundamental para impedir cualquier tipo de reconocimiento de subrogados como este proceso de resocialización”, explicó el ponente.

Se avaluará comportamiento en prisión, actividades durante el cumplimiento de las penas y las muestras de progreso hacia la generación de confianza para recibir beneficios, como permisos extramurales, libertad temporal o condicional, hasta que logre retornar a la sociedad.

“Lo que nosotros concebimos es que hay criminales de carrera, hay gente que está dedicada a cometer delitos y a esos es a los que hay que impedirles acceder a estos beneficios. Por eso insisto en la reincidencia que va a ser uno de los factores más importantes para impedir que quienes cometen delitos habitualmente salgan en libertad. Entonces el propósito es que las personas que, por una circunstancia muy extraordinaria, ajena a su realidad social y que no se corresponde con su actividad normal, pueda estar en libertad a pesar de haber cometido un delito o después de haber obviamente superado las etapas de la resocialización”, señala.

Las críticas a los cambios de la política carcelaria

Aunque el proyecto se proponía establecer beneficios para las personas capturadas en las protestas sociales para que no se pudiera imputar terrorismo ni concierto para delinquir, Suárez Vacca explica que la ponencia no incluyó modificaciones en ese aspecto. Se mantienen las investigaciones para que los jueces determinen, con base en las pruebas de la Fiscalía, si se incurrió en esos delitos.

En cuanto a la prisión domiciliaria, según el ponente, se abre una mayor posibilidad para que más personas condenadas puedan acceder al beneficio, a través de la modificación de los años mínimos lo que hace que se cobijen más conductas, pero con unas exigencias para que el juez pueda determinar que el condenado no va a representar un peligro para la comunidad.

La ponencia incluyó facultades especiales para el presidente de la República, que han generado debate en otros proyectos como el PND. “Se requiere que el presidente organice muy bien los estamentos administrativos como el Inpec para poder poner en marcha todos los instrumentos que se están organizando a través de esta ley. El presidente lo que básicamente va a poder hacer no es crear ni quitar tipos penales ni aumentar penas, que eso no de facultad del presidente, sino básicamente va a tener la facultad de organizar las instituciones administrativas”, explicó el ponente.

“Básicamente el presidente no va a modificar la institución, sino va a reglamentar administrativamente temas como lo de las medidas electrónicas que hoy existen en el Inpec, pero que ya son obsoletas y muy costosas para la vigilancia de la prisión domiciliaria u otro tipo de beneficios extramurales”, aseguró Suárez Vacca respecto a las facultades extraordinarias que se busca otorgar al jefe de Estado.

Uno de los ejes centrales del proyecto de la política de humanización carcelaria es la suspensión de la ejecución de la pena para pequeños agricultores de cultivos de uso ilícito. Ese artículo fue cuestionado por el fiscal Francisco Barbosa quien lo calificó como un beneficio para narcotraficantes.

“El señor Fiscal debería sentarse a leer muy bien el proyecto de ley porque es muy claro el artículo que se refiere al tratamiento que se le va a dar diferenciado a los pequeños campesinos cultivadores de la hoja de coca, que no son los narcotraficantes, y entonces es claro que los jueces de la República –quienes son los únicos competentes para hacer ese tipo de determinaciones– van a tener que analizar minuciosamente si la persona es un pequeño cultivador, de acuerdo a los criterios existentes hoy y diferenciadores de los pequeños campesinos cultivadores de coca que son cientos de miles aquí en Colombia, y la diferencia que hay entre ellos y los narcotraficantes. Es clarísimo que aquí no se beneficia bajo ninguna circunstancia el narcotráfico”, señaló el representante Suárez Vacca.

Desde Cambio Radical han solicitado que se retire el mensaje de urgencia al proyecto de ley, porque sostienen que llevaría a tramitarlo “a la carrera” en el Congreso. Sin embargo, para el Gobierno, es urgente solucionar el Estado de cosas inconstitucional de las cárceles, por lo que buscan acelerar la discusión al menos para que se aprueben los primeros debates en junio.