Declaración de emergencia por violencia de género a una firma de ser una realidad

La emergencia por violencia de género sería declarada una realidad, después de la firma del presidente de la República, Gustavo Petro. Esto sería un hecho histórico en el país que permitiría darle más herramientas y armas legales a las autoridades y a la rama judicial para enfrentar esa problemática.

La iniciativa que entró como un artículo nuevo al Plan Nacional de Desarrollo (PND) fue aprobado en el pleno del Congreso de la República. Los legisladores decidieron apoyarla con 71 votos a favor Senado y 114 en la Cámara.

Cabe resaltar que ese proyecto fue presentado por la periodista Ana María Vélez, quien a través del portal del Change.org, y por medio de la petición SOSMujeresColombia, logró recoger más de 6.400 firmas de ciudadanos que apoyaron la iniciativa y que el 13 de marzo se entregaron a la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro.

Semanas después, Vélez realizó una intervención en la plenaria del Senado con el fin de que los congresistas adoptarán su petición en el Plan Nacional de Desarrollo que, vale recordar, fue aprobado en ambas corporaciones.

Con esa declaratoria de emergencia, el proyecto busca frenar la ola de violencia de género que actualmente vive en el país. Según con el Observatorio Colombiano de Feminicidios en 2022, 614 mujeres fueron asesinadas y hasta el 3 de marzo de 2023 se han reportado 139 casos a nivel nacional.

En cuanto a la línea de casos de violencia no fatal contra las mujeres que llegaron a Medicina Legal en el primer trimestre de 2023, suman cerca de 18.294 reportes. Sumado a eso se destaca la violencia interpersonal e intrafamiliar con 517 episodios, más que los registrados en el mismo periodo de 2022.

El dato que más prende las alarmas en el país, es que actualmente el 82,9% de los casos de violencia de género aún se encuentran en etapa de investigación en la Fiscalía, mientras que solo el 0,8% se encuentra en juicio, lo que evidencia el alto nivel de impunidad y de falta de celeridad de las autoridades para enfrentar ese tipo de delitos.

• Capacitar con enfoque de género a aquellos funcionarios de la rama judicial (jueces, fiscales, comisarios (a) de familia, entre otros) y demás entidades que tienen a su cargo la atención de mujeres víctimas de violencias, para que cuenten con procedimientos más eficaces de protección y atención de esta problemática.
• Priorizar presupuestos y disponer de todos los medios administrativos para prevenir, atender, investigar y sancionar las violencias contra las mujeres; así como, para fortalecer los programas gratuitos de asistencia legal y mental relacionados con este flagelo.
• Crear cuerpos elites en las fuerzas militares y de policía que cuenten con formación en violencias basadas en género para atender a las mujeres. Asimismo, convocar al menos una vez al año un consejo de seguridad para analizar este tema.

• Instalar en el “Mecanismo Articulador para el Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Sexo y Género”, una mesa intersectorial liderada por la Consejería Presidencial para la “Equidad de las Mujeres”, que se realizará por lo menos cuatro veces en el año, para tomar medidas inmediatas y efectivas con el fin de proteger y reaccionar de forma más oportuna ante las situaciones de violencia estructural que vive el país.
• Generar acciones para diseñar y activar efectivamente las rutas y protocolos de atención independientemente de la instauración de la denuncia. En otras palabras, ya no será necesario la denuncia de la víctima para que las autoridades puedan intervenir.

“! Lo logramos! En el transcurso de un año deben implementarse, con obligatoriedad, estos primeros cinco puntos que contempla la declaratoria para salvar vidas, proteger a las mujeres de sus agresores y permitir una atención prioritaria, oportuna, pero sobre todo efectiva. ‘Ni una menos’, dice la campaña mundial y hoy con este paso, Colombia insiste en ese mismo grito”, enfatizó Ana María Vélez.