En las labores operativas por la Policía Nacional, se logró capturar a Antonio Seca Barrios mejor conocido en el mundo del hampa como ‘Pacho’, presunto integrante del Clan del Golfo y quien sería uno de los hombres más buscados por las autoridades de Cartagena.
Según indicó la Fiscalía General de la Nación, alias ‘Pacho’, quien fue capturado en el barrio Pie de la Popa de la ciudad amurallada, es investigado por ser el presunto responsable de siete homicidios ocurridos en jurisdicción de la Isla de Barú (Bolívar) durante el 2022.
Sobre los homicidios se estableció que el primero habría sucedido el 23 de mayo en una finca de Barú, allí el capturado junto a otros sujetos armados “habrían torturado y asesinado a tres personas. Además, un día después, en un establecimiento nocturno del barrio Caño de Loro, el procesado habría herido con arma de fuego a un hombre, causándole la muerte”. De igual forma, sobre los tres homicidios restantes señaló el ente investigador: “En otro hecho, en el corregimiento de Ararca, también fueron asesinados con arma de fuego tres hombres, uno de ellos fue torturado antes de morir”.
Pero no solamente los homicidios serían cargos en contra del vinculado al Clan del Golfo; al parecer, alias ‘Pacho’ transportaba mediante embarcaciones tipo lanchas rápidas a importantes integrantes de la estructura narcoparamilitar así mismo como estupefacientes.
La contundencia del material probatorio aportado por una fiscal especializada fue suficiente para que un juez de control de garantías le impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, tortura; fabricación, tráfico o porte de arma de fuego, y desaparición forzada. Cargos que no fueron aceptados por ‘Pacho’.
Se debe recordar que el Clan del Golfo es una estructura que tiene gran control en el norte del país, por lo que las autoridades nacionales intensifican acciones operativas tanto terrestres como marítimas y aéreas para frenar la proliferación de sus economías ilegales.
Operaciones contra el narcotráfico
Las acciones operativas de las autoridades lograron asestar un nuevo golpe contra el narcotráfico, en esta ocasión se trata de la intercepción de más de cinco toneladas y media de cocaína que eran transportadas en tres embarcaciones por Colombia y Panamá; nueve personas fueron capturadas en las labores de los uniformados.
Desde la Fiscalía General de la Nación, en conjunto con unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), se llevó a cabo la labor operativa tras la información que indicaba sobre “un grupo narcotraficante que pretendía sacar varios cargamentos de estupefacientes en lanchas rápidas desde las costas del Golfo de Morrosquillo con destino a Centroamérica”, al parecer con la intención de ser distribuido en el norte del continente y Europa.
Gracias a las alertas oportunas se logró que las unidades de la Armadas Nacional lanzaran una operación de interdicción marítima que permitió localizar dos embarcaciones que transportaban más de cuatro toneladas de clorhidrato de cocaína y que se encontraban en jurisdicción de Coveñas (Sucre).
Desde el ente investigador indicaron a la prensa que en este operativo fueron capturados cinco hombres, cuatro colombianos y uno de nacionalidad panameña: “En una de las lanchas iban escondidos 2.148 kilogramos de la sustancia ilícita en 88 bultos, y fueron capturadas en situación de flagrancia los cuatro tripulantes; mientras que en la otra se detectaron 1.915 kilogramos del estupefaciente en 77 sacos”.
Respecto a la otra embarcación, de manera simultánea, las autoridades panameñas se desplegaron ante el navío que había salido de aguas nacionales. Según señalaron desde la Fiscalía General aquí se movilizaban a 70 millas náuticas de la Isla Mamitupo, en inmediaciones de Colón (Panamá) con 1.538 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 82 kilogramos de pasta base de coca.
Entre tanto, dos fiscales de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico presentaron ante un juez de control de garantías a las nueve personas capturadas a quienes les fue imputado el cargo de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; pese a que ninguno de los procesados aceptó los cargos recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro penitenciario.