No cesan las denuncias de los colombianos que llegaron a Bogotá deportados desde los Estados Unidos el pasado 10 y 11 de mayo. Nuevos testimonios recopilados por la Defensoría del Pueblo dan cuenta que los connacionales fueron víctimas de “graves vulneraciones” de sus derechos.
Uno de los testimonios que más llamó la atención de los funcionarios de la institución es que, según las versiones es la de un joven de tan solo 17 años que fue víctima de agresiones físicas por parte de los oficiales estadounidenses.
Los colombianos deportados así mismo denunciaron ante la Defensoría del Pueblo que las mujeres madres de familia fueron esposadas sin razón alguna.
“Una de las más dicientes, según los testimonios de los retornados, fue la agresión física contra un adolescente de 17 años, quien también fue esposado. Varias de las madres contaron que fueron esposadas sin una razón aparente, y una mujer narró que fue agredida durante el vuelo de regreso, pues la tomaron del cuello provocándole una lesión”, informó la Defensoría.
Las familias deportadas además aseguraron que los niños, niñas y adolescentes también fueron víctimas de maltratos y vulneración de sus derechos fundamentales. No solo porque pasaron largos tiempos sin que se les permitiera bañarse, sino de igual forma, por falta de alimentación e interrupción de su sueño en horas de la noche y la madrugada.
Entre las denuncias más recurrentes que interpusieron los connacionales ante la Defensoría es que una vez se entregaron a las autoridades estadounidenses, tras cruzar la frontera con México, en ningún momento se les informó que serían regresados a Colombia.
“Ellos nos hicieron saber que llegan a Piedras Negras (ciudad mexicana fronteriza con Estados Unidos) y antes de cruzar el río se entregan. Ellos tienen la esperanza de hacer un proceso ante un juez para regular su situación. Sin embargo, a ellos después de Piedras Negras los llevan a Laredo (Texas, Estados Unidos) y no se les da información, solamente cuando ya los suben al vuelo con destino a Colombia, pero tampoco conocen su situación ni a dónde llegarán”, relató la defensora Regional Bogotá, Xiomara Ramos.
De acuerdo con los testimonios recopilados por la Defensoría del Pueblo, mientras los connacionales permanecieron en los centros de procesamiento de Estados Unidos “se les impidió el uso de zapatos”, por lo que tuvieron que permanecer descalzos durante su estancia allí.
Los colombianos retornados además aseguraron que todas sus pertenencias fueron incautadas y posteriormente destruidas. “Los inadmitidos llegaron solamente con la ropa que tenían puesta y sus papeles”, indicó la Defensoría.
“Entre algunas otras cosas nos narran que vienen esposados y con grilletes, inclusive las madres”, agregó la defensora Regional Bogotá.
Ante la grave vulneración de derechos a los que se enfrentan los colombianos deportados desde los Estados Unidos, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado para que la Comisión Intersectorial para el Retorno del Ministerio de Relaciones Exteriores ponga en marcha las acciones para que se garanticen los derechos humanos de los connacionales que sean retornados.
“Están buscando una ruta para que esas personas que retornan al país tengan la atención que necesitan”, comentó Ramos.
Según la Defensoría del Pueblo, se espera que durante los próximos meses arriben a Colombia 14.000 connacionales deportados desde los Estados Unidos, por lo que desde la institución aseguraron que mantendrán el apoyo y acompañamiento a las familias que lleguen al país.
La llegada masiva de colombianos retornados desde los Estados Unidos se da tras la finalización del Título 42 el pasado 11 de mayo. Aquella era una restricción de movilidad impuesta en el marco de la pandemia por covid-19, con la que no se contemplaban grandes consecuencias legales para los migrantes que intentaban cruzar de forma ilegal la frontera de México con el territorio norteamericano.
Luego de la finalización de la medida, el Gobierno estadounidense ahora implementa la norma conocida como Título 8, a través de la cual los inmigrantes que ingresan a Estados Unidos sin una autorización legal se enfrentan a consecuencias “más graves”, según advirtió el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas en semanas anteriores.
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