Además de la dificultad de alta inflación (12,82% en abril del 2023) que afecta al país y que la Junta Directiva del Banco de la República se enfocó en enfrentar con una sola variable, la subida de la tasa de interés (13,35% en la actualidad), y que todavía no dio resultados, se sumará ahora el déficit fiscal, que podría llegar a los $100 billones.
Ante este complejo panorama, llama la atención el silencio que guarda al respecto la Contraloría General de la República, según lo advirtió el profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario Henry Amorocho en intervención hecha en el Seminario Gestión, Control y Responsabilidad Fiscal en las Entidades Públicas.
“Qué importante sería que además de que la Junta Directiva del Emisor se dedique al problema de la inflación la Contraloría General de la República se ocupe del por qué no se ha controlado la inflación y por qué no se está controlando el déficit fiscal”, dijo en el evento.
Para el académico, se requiere la pronta intervención del órgano de control para saber en realidad cuál es el valor de las reformas estructurales o qué pasa con un detrimento del erario tan evidente, como la quema de más de 250.000 hectáreas de bosques en la Amazonía, cuya recuperación le podría valer al fisco cerca de $14 billones.
“Contraloría General de la República: qué importante es utilizar ese mecanismo del control de advertencia en este momento difícil para la economía del país”, dijo Amorocho al agregar que “con ánimo propositivo hacemos un llamado respetuoso para que observemos al control fiscal macro como una herramienta fundamental que impulse por caminos de efectividad el cumplimiento dinámico del ciclo planificar, hacer, verificar y actuar”.
Lo anterior, para obtener los resultados que la carta política solicita, donde se guarde armonía y consonancia con la finalidad social del Estado y la satisfacción de las necesidades colectivas.
¿Nueva reforma tributaria?
Para el experto, es un anhelo de todos no ver al Estado lleno de ejemplos de irracionalidad administrativa, como es el caso del poder Ejecutivo, que presenta a consideración del Congreso de la República reformas estructurales en materia laboral, pensional y de salud sin estimativos y proyección de costos en el tiempo.
Igualmente, manifestó que prima la improvisación en el proceso de planeación, debido a que no hay total claridad de manera integral la financiación del Plan Nacional de Desarrollo.
Señaló que con la propuesta de financiar el proceso de paz con recursos de emisión primaria la variable de riesgo será la determinación del déficit fiscal y la financiación, dentro de lo que no se descarta una nueva reforma tributaria en 2024 o en 2025.
“Comienza a ser importante que el control de gestión en lo fiscal y la responsabilidad fiscal vayan cogiendo nuevos rumbos en donde el protagonismo lo tome el control fiscal macro y no solo el control fiscal micro, basado en el proceso de ejecución”, subrayó.
Según el experto, es positivo hacer un control a los recaudos del sistema tributario en partidas loables como $10 millones, $100 millones y $1.000 millones. Pero también se deben considerar montos como las desfinanciaciones billonarias del plan de desarrollo, de las reformas estructurales y del presupuesto de 2024.
Tasas de interés, inflación y control de advertencia
El profesor de Hacienda Pública y Presupuesto también advirtió que visualizar la inflación solo por la vía del aumento de la tasa de intervención es una equívoca política monetaria pública que dejó ya consecuencias negativas en las finanzas públicas y en la desaceleración del crecimiento en la economía, que generarían déficits fiscales cercanos a los $12 billones.
“Sobre este tipo de actuaciones que tanto daño hacen al erario no hay control de advertencia de la Contraloría General de la República, pese a que las cifras son evidentes: la inflación en 2022 creció en 130% y la tasa de interés en 650%”, precisó Amorocho.
Para él, es hora que el control fiscal de gestión y la responsabilidad fiscal se alineen con la evolución de los hechos económicos, sociales y hacendísticos. Lo anterior, para tener un objetivo y efectivo papel del derecho del control fiscal, de la gestión pública y, en particular, de la responsabilidad fiscal de Colombia.