Durante la conmemoración del 72° aniversario del Comando General de las Fuerzas Militares, el presidente Gustavo Petro se refirió a la política de seguridad del Gobierno nacional y los principales objetivos de esta en materia de lucha contra el narcotráfico, protección del campesinado y atención de problemas medioambientales.
En ese sentido, sugirió la convocatoria de una cumbre con mandos territoriales para hacer precisiones de la política denominada ‘Seguridad humana’ y el énfasis que tendrá en las labores de interdicción contra grupos criminales dedicados a la elaboración y comercialización de estupefacientes.
“Yo creo que sería bueno hacer una reunión de generales y oficiales con mando territorial para aclarar estos aspectos de una nueva política de seguridad que cada vez van a ser más intensos, con esos grupos que sabemos que están girando al rededor de economías ilícitas”, propuso el jefe de Estado.
A su vez, cuestionó si se pueden hacer acuerdos de paz, negociaciones jurídicas o buscar una salida pacífica al desmantelamiento de esos grupos ilegales. En ese sentido, si la respuesta a esos interrogantes es afirmativa, entonces que las labores de la fuerza pública deben generar un impacto tal que los integrantes de esas estructuras no tengan otra salida que la de parar sus actividades ilegales.
“(...) Que se dificulte tanto poder enriquecerse con la economía ilícita que haya otro camino como desmantelarla pacíficamente en una negociación jurídica con jueces y fiscales”, aseveró el jefe de Estado.
Sobre la política de seguridad, el primer mandatario reiteró que las operaciones de las Fuerzas Militares y de Policía deben ser contundentes contra las economías ilícitas atacando a los grandes capos de drogas como la cocaína, pues son ellos “los que compran las armas y pagan para organizar ejércitos” y resolvió que hasta los actores insurgentes integran filas de guerrillas no para defender una ideología, sino por plata.
En ese sentido, señaló que se deben atacar las rentas generadas por el narcotráfico y que tanto Policía como Ejército, Armada y la Fuerza Aérea deben organizarse para afectar esas fuentes de ingresos. Resaltó la destrucción de dragas ilegales e incautaciones de cocaína, pero dijo que esos esfuerzos no eran suficientes, pues uno de los objetivos de las autoridades es duplicar las cifras de decomiso de sustancias ilegales.
“La estrategia contra la economía ilícita tiene que ser político militar”, advirtió de forma tajante el presidente.
Sobre los grupos dedicados al narcotráfico, el presidente precisó que con ellos no puede haber negociación política y dijo que a través de una orden suya deben atacar a quienes acaparan las grandes rentas “desde su cúpula”. Mencionó que las fuerzas del Estado no se pueden quedar quietas ante las negociaciones que haga el actual Gobierno con esas estructuras ilegales.
“¿Cuál es su actitud, quedarse quieto? ¿Esperar? Si se queda quieto y espera la economía ilícita prospera y entonces tendrá más fusiles y hombres armados en el territorio atacando (...) La función de la fuerza pública es 1A, orden del presidente de la República: destruir la economía ilícita en donde toca”, determinó Petro.
También precisó que los ceses al fuego no pueden ser entendidos como una tregua ante las operaciones de interdicción sino que son esos operativos permitirán que esos agentes ilegales contemplen la opción de someterse a la justicia.
Finalmente, Petro Urrego manifestó que espera discutir a fondo ese tema con los generales y mandos territoriales de la fuerza pública; indicó que ese encuentro es necesario pues ”la confusión no debe existir” a la hora de implementar una política de seguridad como la de la actual administración, centrada en no atacar al campesinado sino a los cabecillas de grupos centrados en el narco.