“El Gobierno no ha tenido ni tiene y espera no tener ninguna fricción con el poder judicial”, fue una de las conclusiones que entregó el ministro de Justicia Néstor Osuna luego de la reunión que sostuvo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura.
Durante una rueda de prensa, el ministro aseguró que la cita con las altas cortes “fue una reunión amable, muy cordial, muy franca”. Osuna aclaró que el Ejecutivo daba por terminada la polémica por la presunta violación a la división de poderes que Gustavo Petro desató tras asegurar que, en su calidad como jefe de Estado, el fiscal general de la nación era su subordinado.
La rueda de prensa se realizó en la JEP, luego de que el ministro Osuna asistiera a este organismo para expresarles apoyo a sus magistrados, después que fueran amenazados por el Clan del Golfo. Allí, Osuna aclaró que el Ejecutivo daba por terminada la polémica por la presunta violación a la división de poderes que Gustavo Petro desató tras asegurar que, en su calidad como jefe de Estado, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, era su subordinado.
“En el respeto de la autonomía, la independencia de la Rama Judicial, y que (el Gobierno) está atento por supuesto a escuchar a todos los jueces de la República” y a los magistrados de las altas cortes del país, declaró el ministro y agregó:
“Si alguna pequeña fracción de coyuntura de la semana pasada pudo causar alguna llamarada de la opinión pública, está completamente superada”, anunció el funcionario del presidente Petro.
Aunque el fiscal Barbosa no participó del encuentro en el Palacio de Justicia porque estaba en el exterior, el ministro Osuna dio a conocer que, por ahora, no se tiene fecha para que este se reúna con el primer mandatario. Sin embargo, aclaró que “el presidente y todo el Gobierno tiene permanente disposición para escuchar y reunirse, tanto con las altas cortes, con el fiscal general, con los jueces y con los sindicatos de jueces”, agregó.
Inclusive, además de la declaración conjunta que entregaron los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo Cadena; del Consejo de Estado, Jaime Enrique Rodríguez Naas; Corte Constitucional, Diana Fajardo; y Consejo Superior de la Judicatura, Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, Osuna reveló otros pormenores de lo que se acordó en esa comentada cumbre.
“Sí quedó claro que de parte del presidente de la República hay absoluta disponibilidad de escuchar, de conversar, de conciliar, de avanzar en la construcción de un Estado Social de Derecho cada vez más fuerte y de fortalecer los mecanismos de lucha contra la impunidad, de fortalecimiento de la autonomía independencia y robustez del poder judicial; precisamente porque este gobierno del cambio necesita como aliado en contra de la impunidad al poder judicial”, indicó el ministro de Justicia.
Por su parte, desde las altas cortes reafirmaron que, luego de su almuerzo con el presidente Gustavo Petro, se acordó que se respetará la división de poderes y la autonomía de la Rama Judicial respecto del Ejecutivo y el Legislativo.
“Coincidimos con el señor presidente de la República en la necesidad de mantener el firme compromiso de encauzar las diferencias a través de los mecanismos institucionales, dentro del respeto irrestricto a la autonomía e independencia judicial”, indicó el alto tribunal en un pronunciamiento posterior a la cumbre. Asimismo, invitaron a todos los actores sociales, políticos e institucionales para afianzar la cooperación entre las ramas del poder público “para el efectivo cumplimiento de los fines esenciales del Estado”, expresó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo.
Las demás cabezas de la Rama Judicial exhortaron a los dirigentes políticos, actores institucionales y sociales para que acompañen “el propósito común de avanzar dentro del estricto marco de sus competencias, en la colaboración armónica entre las distintas ramas del Poder Público para el cumplimiento efectivo de los fines esenciales del Estado, así como a preservar un diálogo franco, directo y constructivo”.