Polémica Petro-Barbosa: cronología de los hechos que provocaron una reunión con las altas cortes

“Leo textualmente, artículo 115: el presidente de la República es jefe del Estado, jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa. Por tanto, como jefe de Estado, se debe un respeto por parte de los integrantes del Estado (...) El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena: yo soy el jefe de Estado, por tanto, el jefe de él”. Con esa cita de la Constitución mencionada por el presidente Gustavo Petro inició el fuerte cruce de declaraciones con el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa.

En esa declaración, el mandatario aseguró que era el jefe de la cabeza del organismo judicial, y los pronunciamientos posteriores desembocaron en la cumbre que tendrá, justamente, el jefe de Estado con los máximos representantes de las altas cortes –Consejo de Estado, Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia– el martes 9 de mayo desde la 1:30 de la tarde.

En esa reunión, el tema central será la ratificación de Petro sobre la separación de poderes y la autonomía de la Rama Judicial respecto del Ejecutivo y el poder que le confiere como presidente de la República. Por su parte, el fiscal General de la Nación, quien de acuerdo a información de Presidencia no fue invitado a la reunión del martes, tuvo un diálogo con la Comisión Interinstitucional en la tarde del lunes 8 de mayo. Allí, los togados estuvieron de acuerdo con limar asperezas. En ese sentido, no se inclinaron por uno u otro, sino que insistieron en que ambos deben llegar a acuerdos para beneficio de la institucionalidad.

En total, ocurrieron cuatro momentos en menos de una semana que desembocaron en el duro cruce mediático entre el fiscal y el presidente; pero si bien este último ya reconoció su imprecisión al citar el artículo 115 de la Constitución, se espera que el choque termine con la cumbre que sostendrá con las altas cortes.

Durante su visita de Estado a Portugal, el presidente se refirió a una denuncia acerca de una presunta negligencia en las investigaciones correspondientes a un listado con 200 hombres que habrían sido asesinados por el Clan del Golfo. Al respecto, cuestionó al fiscal General y al funcionario delegado, Daniel Hernández, sobre el avance de estas pesquisas.

Barbosa aseguró que el trino de Petro Urrego puso en riesgo la vida de Hernández, pues en la publicación fijada en Twitter por el mandatario apareció el hijo del fiscal delegado. “Quiero recordarle al presidente, porque parece que se le olvidó, que ese funcionario fue víctima de la masacre de La Rochela porque su padre fue asesinado por paramilitares”, aseguró el fiscal General.

Ante esa afirmación, tanto Barbosa como Petro insistieron en que Hernández debía ser protegido al igual que su familia, debido a la gravedad de lo aseverado en la publicación hecha en primera instancia por La nueva prensa.

En la mañana del 5 de mayo, el presidente volvió a llamar la atención del fiscal Barbosa, a quien señaló de evadir la pregunta hecha en la publicación compartida sobre los presuntos crímenes cometidos por las también llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC–. Incluso, cuestionó si José –Ñeñe– Hernández financió una campaña presidencial al mismo tiempo que integró un grupo criminal sobre el que no fueron emitidas órdenes de captura.

“¿La fiscalía conocía de antemano la lista que la organización a la que pertenecía el “ñeñe Hernández: y que contenía los nombres de 200 futuros asesinados y no hizo nada para prevenir los asesinatos? ¿El ñeñe Hernández financió una campaña presidencial y hacia parte de una asociación de 14 asesinos cuyos nombres con cédula reposan desde hace años en la fiscalía sin ordenes de captura. ¿Es cierto que no existen órdenes de captura?” Preguntó Petro.

Más tarde ese mismo día, hizo la declaración que detonó tanto en las duras respuestas del fiscal como en el contundente llamado de la Corte Suprema de Justicia.

Ese mismo día, el fiscal General de la Nación arremetió en su contra y en rueda de prensa aseguró que estaba desconociendo lo que realmente plantea la Constitución y la ley.

“Gustavo Petro fue elegido presidente de la República, no dictador en Colombia”, dijo al respecto. De paso, dijo que esa aseveración configuraba una afrenta a la separación de poderes y la independencia de la Rama Judicial respecto del Ejecutivo y el Legislativo.

También durante el viernes 5 de mayo, el alto tribunal compartió un enérgico pronunciamiento en el cual recordó que el fiscal General no tiene superiores jerárquicos, pues este también ejerce como magistrado de una alta corte. Al respecto, Fernando Castillo Cadena, presidente del órgano judicial, dijo que el jefe de Estado cayó en una interpretación errónea del artículo 115 de la Constitución de 1991 “porque desconoce la autonomía e independencia judicial, cláusula fundacional de la democracia colombiana y pilar esencial del Estado social de Derecho”.

En menos de 24 horas, pero al día siguiente –sábado 6– Petro Urrego publicó en horas de la mañana una carta en la que reconoció su error. Sin embargo, reiteró que el fiscal debe acogerse a la Carta Magna de 1991 y en ese orden, debe entregar respuestas concretas sobre las denuncias que fueron la manzana de la discordia entre ambos.

“Acepto el llamado de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Respeto y respetaré la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la Nación y todas las ramas del poder público”, dijo el jefe de gobierno en su pronunciamiento. También dijo que pese a su equivocación continuará ahondando en aquella denuncia.

Esa premisa espera ser ratificada en la cumbre del martes 9 de mayo, en la cual se espera un nuevo espaldarazo de Petro a la Constitución, la autonomía de la Rama Judicial y a la separación de los poderes Ejecutivo y Legislativo.