El debate que se ha presentado entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, ha levantado la opinión de varios sectores políticos que cuestionan la posición que han tomado ambos. Uno de los que opinó sobre el tema fue el precandidato a la alcaldía de Bogotá y exdirector del Dane, Daniel Oviedo.
El político señaló sobre este asunto en medio de una entrevista que sostuvo con la revista Semana, que el tema responde a una cortina de humo para evadir el debate sobre los verdaderos temas de relevancia que, según él, son los proyectos de reforma que ha dado a conocer el Gobierno nacional.
“Para nosotros, este debate entre el presidente y el fiscal es un elemento distractor de la esencia que nos debe convocar a la hora de pensar el futuro del cambio en nuestro país. No podemos bajar la guardia en tener un debate muy abierto, muy informado, sobre las reformas de salud, pensional y laboral, que siguen estando en curso y que verdaderamente son un elemento crítico para el futuro de Colombia. No solo como economía, sino también como sociedad. Desafortunadamente, nos quedamos en la pequeñez del conflicto entre el presidente y el fiscal”, aseguró Oviedo en el espacio periodístico.
Además, aprovechó para mencionar que, desde su punto de vista, en lo que lleva Gustavo Petro como gobernador ha mostrado varias fallas que podrían traer consecuencias negativas para la sociedad colombiana.
“Tal vez, de lo que se ha dado cuenta el país a lo largo de estos nueve meses es que ejecutar este cambio con improvisación y con polarización puede ser muy costoso para la sociedad y para la economía”, agregó el precandidato y a guion seguido señaló que sus posturas parten de escuchar a las personas y sus necesidades: “Por consiguiente, nosotros nos ratificamos en que la oferta que le queremos ofrecer a Bogotá es una oferta de cambio, pero con preparación y, sobre todo, con escucha de las necesidades de la gente para que ese cambio también sea pertinente y reconocedor de lo que hemos avanzado en las últimas décadas”.
Recordemos sobre la discusión de los funcionarios que comenzó debido a que se hizo pública una investigación periodística de Gonzalo Guillén, en la Nueva Prensa, donde señaló que, presuntamente, el fiscal Daniel Hernández habría omitido una investigación a 14 supuestos miembros del Clan del Golfo y no impidieron que fueran asesinadas unas 200 personas, pero esto, además, habría sido omitido por el mismo fiscal general. Es importante aclarar que según el organismo jurídico, los casos suman solo el 10% de la cifra señala por Guillén.
En primer momento, el presidente pidió al Misterio de Justicia que se encargara de hacerle seguimiento a las acusaciones, pero luego el mandatario señaló desde España: “Yo soy el jefe de Estado, por tanto, el jefe de él (Francisco Barbosa)”.
Tras su afirmación le llovieron críticas al presidente desde diferentes sectores políticos, judiciales y sociales, ya que su afirmación, para muchos, daba a entender que desconocía la independencia de las ramas del poder colombiano. Incluso, la Corte Suprema de Justicia le llamó la atención al mandatario y mencionó que el fiscal “no está subordinado a funcionario”, pero que sí lo está a la Constitución, es decir, en medio de su función, sí debe hacer rendición de cuentas y regirse por la ley.
Ante el pronunciamiento, el presidente aceptó lo mencionado, ratificó su respeto por la independencia de poderes, pero ratificó su preocupación por las acusaciones en contra del organismo judicial y sus funcionarios.
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