Advierten que valorar la gasolina por debajo del precio internacional no soluciona el déficit del Fepc

El Comité Autónomo de Regla Fiscal (Carf) hizo un notable pronunciamiento sobre los proyectos de reforma que plantea el Gobierno de Gustavo Petro. También, sobre lo que sucede con el manejo del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), hecho que produjo el incremento en el galón de gasolina corriente durante los últimos meses y que esté, en promedio nacional, en $11.767.

En relación con el Fepc, el Carf considera apropiado que el Gobierno nacional continúe en su esfuerzo por reducir el diferencial entre el precio de referencia de la gasolina y el precio regulado. Recordó que esto permitirá la reducción del déficit del Fepc, que estaba en $36 billones en 2022, a cerca de $26 billones en 2023, cifra que sigue siendo muy elevada para las finanzas de la Nación y que debe seguir la corrección.

También anotó que los subsidios a los combustibles fósiles son en la actualidad el programa de subsidios más costoso a cargo de la nación y más que duplican la totalidad de las trasferencias directas a los hogares en el país, además de ser regresivos. Por ende, reversar o suspender la política de corrección de precios no sólo pone en riesgo el cumplimiento de las metas del plan financiero y el cumplimiento de la regla fiscal, sino que desviaría recursos fiscales desde otros programas sociales y de infraestructura al pago de estos subsidios.

Adicional, ante la necesidad de acelerar la transición energética, puntualizó que los subsidios indiscriminados a los combustibles inhiben el efecto que deben ejercer los precios sobre el comportamiento de los agentes, para que así éstos enfrenten los verdaderos costos sociales de sus decisiones.

Ante esto, el Carf llamó la atención sobre el hecho de que valorar los combustibles por debajo de su precio internacional no es la solución para el déficit del Fepc, y que, por el contrario, perjudica a la Nación y a Ecopetrol. “Cualquier desviación entre el precio regulado y el precio internacional será asumida por el Gobierno nacional, de una forma u otra, sin importar la forma en que se contabilice”, anotó.

Frente al proyecto de reforma pensional, calificó que este es positivo porque elimina el arbitraje que existe en la actualidad entre regímenes pensionales, disminuye los subsidios a las pensiones altas y amplía la cobertura. Adicionalmente, debido a que incluye un componente solidario financiado con el Presupuesto General de la Nación (PGN), que, si bien incrementará las obligaciones de gasto futuras y la inflexibilidad del gasto público, genera un mayor esquema de protección al adulto mayor.

Sin embargo, el Carf considera de la mayor importancia que por razones de sostenibilidad fiscal se lleven a cabo varias modificaciones. La primera es que se reduzca el umbral del pilar contributivo de Colpensiones a un salario mínimo ($1.300.000). También, que se ahorre el 100% de las cotizaciones que por virtud de la reforma pasan del régimen de ahorro individual a Colpensiones.

Como tercera modificación, que no sea posible utilizar los recursos del Fondo de Ahorro para financiar el pilar semicontributivo, más allá de lo cotizado por los beneficiarios. Por cuarta y última, que se garantice que el Fondo de Ahorro sea administrado por gestores profesionales, con incentivos adecuados para maximizar el retorno de las inversiones.

El mismo anotó que el costo fiscal neto de la reforma depende de manera crítica de la gestión de los recursos del Fondo de Ahorro. Así las cosas, una caída de un punto porcentual en la rentabilidad sobre los recursos acumulados en el Fondo de Ahorro representa un mayor costo de la reforma de hasta 12% del PIB y el fondo se agotaría nueve años antes de lo previsto.

Por otra parte, que dada la extensión de un subsidio en el pilar contributivo a toda la población pensionada, reducir el umbral de tres salarios mínimos mensuales legales vigentes ($3.900.000) a un salario mínimo mensual legal vigente ($1.300.000) representa un ahorro fiscal en el VPN de la reforma cercano al 20% del PIB ($300 billones de hoy), esto sin tener en cuenta los efectos que el riesgo de longevidad causa sobre las estimaciones.

Ante la sensibilidad de los estimativos del costo fiscal de la propuesta de reforma pensional, el Carf instó al Gobierno nacional y al Congreso de la República a que de la mano del Ministerio de Hacienda y Crédito Público revisen de forma detenida los parámetros de la reforma, de tal manera que se limiten los efectos adversos en términos de costo fiscal y arreglo institucional, al tiempo que se obtengan los objetivos de ampliación de la cobertura y de protección a la vejez, en condiciones de equidad y eficiencia.

“Para esta labor deberían ponerse sobre la mesa el análisis de la edad de pensión, el porcentaje de cotización, la tasa de reemplazo y el número de semanas para ser elegible para pensión”, remarcó el Carf.

En cuanto al proyecto de reforma a la salud, señaló que este implicará esfuerzos fiscales adicionales anuales de entre cuatro y siete billones de pesos, según las cifras publicadas por el Gobierno.

Incluso, si estos recursos son programados dentro de los topes de gasto compatibles con la regla fiscal, el Carf identificó cinco riesgos asociados con el proyecto de reforma que se estudia en el Congreso y que puede elevar el costo fiscal de la misma. Son los siguientes:

- El costo de la atención primaria puede superar en forma importante lo inicialmente previsto.

- El esquema de oferta que se propone genera pérdida de capacidad para limitar el costo de los servicios de salud por falta de alineación de incentivos entre quienes prestan el servicio y lo pagan.

- Insuficiente capacidad para la gestión de recursos en las regiones.

- Falta de capacidad para la gestión de riesgos inherentes a la prestación del servicio que asumirá la Nación en el esquema propuesto, previamente compartido con el sector privado.

- Indemnización previa y plena por demandas que aleguen privación de ejercicio de actividad legítima.