Los calabozos –según la creencia popular– hace mucho dejaron de ser centros de tortura, para convertirse en espacios monitoreados, con estrictos protocolos de seguridad. Sin embargo, en Colombia, siguen siendo utilizados, incluso, por las mismas autoridades, para asesinar y golpear brutalmente a quienes son detenidos.
Este es el caso del ciudadano estadounidense Junior Vanegas a quien, a mediados del 2022 habrían golpeado hasta la muerte, en una celda de la estación de Policía de Teusaquillo, luego de ser capturado por, presuntamente, mostrarle sus genitales a una mujer en el Parque Simón Bolívar.
Desde entonces, el caso poco ha avanzado y, de acuerdo con su hermana, Cindy Vanegas, la familia de Junior y quienes llevan la investigación, ahora, son blanco de amenazas: “La Fiscalía no nos ha ayudado en nada. Nosotros como familia estamos clamando justicia y estamos pidiendo que por favor nos ayuden. Mi hermano falleció en las instalaciones de la estación de policía. Fue torturado. Grito”, comentó en entrevista para el matutino, Arriba Bogotá.
Según mencionó, aunque le caso está en manos de la Fiscalía, no han avanzado en la investigación, por lo que, llevados por la desesperación, tomaron la decisión de contratar a un investigador privado que recolectara material contundente, sobre quienes estarían detrás de la muerte de su hermano.
“Decidimos contratar a un investigador privado y a un abogado, quienes nos han ayudado muchísimo y tienen elementos contundentes, los cuales han presentado a la Fiscalía para que el caso se pueda desarrollar. Pero la Fiscalía nos deja en visto, la Fiscalía no nos atiende en sus instalaciones. La Fiscalía no nos ha ayudado”.
Y, desde entonces, han recibido mensajes de texto y llamadas intimidantes para detener la investigación que llevan por cuenta propia. Las amenazas más contundentes fueron en contra de ella, el investigador privado y el abogado de la defensa, y, por supuestos, sus familiares, sobre quienes recaería la intimidación, que va desde actos de tortura, hasta el asesinato.
El relato de la fiscalía y de quienes custodiaban aquella noche la estación de Policía no coinciden con los testigos que lograron contactar y que, durante el linchamiento de Junior, habrían escuchado todo.
“Estamos pidiendo, por favor justicia. Sucedió en una estación de Policía, en donde se supone que hay controles. Donde hemos tenido versiones de la Fiscalía en las que dicen que no escucharon nada. Mi hermano gritó. Tenemos testimonios y personas que nos quieren ayudar que informan que mi hermano los despertó por la brutal golpiza”.
Y añadió que ya tienen cómo comprobarlo: “Ya más allá de todas las pruebas y los elementos que el investigador y el abogado reunieron en su excelente trabajo. Es pedir ayuda para que avance el caso de mi hermano y se esclarezca el tema de lo que está sucediendo en todas las estaciones de Policía y centros penitenciarios”.
Su intención, dice, más allá de comprobar o no la inocencia de su hermano, es entender por qué al interior de instalaciones monitoreadas siguen presentándose casos de asesinato, de los que nadie da razón alguna.
“No queremos que esto siga impune. En junio cumple un año mi hermano y no pasa nada. Al igual que con muchos casos no sucede nada ¿por qué mi hermano llegó esposas?, ¿por qué llego con muerte cerebral?, ¿por qué se da al frente de Policías?, ¿por qué no nos ayudan? (…) nosotros queremos entender un poco. Sabemos, conocemos que muchas autoridades saben sobre las extorsiones al interior de las cárceles. Pedimos justicia. Simplemente queremos que mi hermano descanse en paz”.
Y culpó a quienes llevan el caso, de no haber logrado mayores avances hasta el momento: “Es un caso que ya está prácticamente desarrollado por parte del investigador. Es un caso al que solo hace falta que le preste atención la Fiscalía”.