Hace unos días, el presidente Gustavo Petro y el fiscal general de la Nación Francisco Barbosa comenzaron una discusión que puso en el debate público si la rama ejecutiva tenía poder sobre la judicial. Todo comenzó debido a que se hizo pública una investigación periodística de Gonzalo Guillén, en la Nueva Prensa, donde señaló que, presuntamente, el fiscal Daniel Hernández habría omitido una investigación a 14 supuestos miembros del Clan del Golfo y no impidieron que fueran asesinadas unas 200 personas, pero esto, además, habría sido omitido por el mismo fiscal general.
En primer momento, el presidente pidió al Misterio de Justicia que se encargara de hacerle seguimiento a las acusaciones, pero luego el mandatario señaló desde España: “Yo soy el jefe de Estado, por tanto, el jefe de él (Francisco Barbosa)”.
Tras su afirmación le llovieron críticas al presidente desde diferentes sectores políticos, judiciales y sociales, ya que su afirmación, para muchos, daba a entender que desconocía la independencia de las ramas del poder colombiano. Incluso, la Corte Suprema de Justicia le llamó la atención al mandatario y mencionó que el fiscal “no está subordinado a funcionario”, pero que sí lo está a la Constitución, es decir, en medio de su función sí debe hacer rendición de cuentas y regirse por la ley.
Ante el pronunciamiento, el presidente aceptó lo mencionado, ratificó su respeto por la independencia de poderes, pero ratificó su preocupación por las acusaciones en contra del organismo judicial y sus funcionarios.
“Acepto el llamado de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Respeto y respetaré la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la Nación y todas las ramas del poder público. Pero como Presidente de la República no guardaré silencio frente a estas gravísimas denuncias”, anotó el presidente en un comunicado a la opinión pública.
Pese a todos los puntos de vista, este 8 de mayo, en medio de una entrevista que dio el exfiscal Eduardo Montealegre al medio CM&, el exfuncionario mencionó que existen casos en los que el presidente puede ejercer como el jefe del fiscal.
“El presidente de la República tiene la razón. Existen tres casos en la Constitución en los cuales el presidente puede darle órdenes a un fiscal general: en materia de información sobre la lucha contra el crimen organizado, en el manejo de la paz y del orden público”, puntualizó el también abogado.
En este sentido, Montealegre fue más allá y explicó que, de acuerdo con su criterio, en este proceso en el que el fiscal se ha negado a dar cuentas sobre las denuncias de violaciones masivas a los derechos humanos, debe exigírsele sobre este asunto, ya que ni siquiera ha respetado lo consagrado en la Constitución.
“Aquí, quien ha subvertido la Constitución, el orden jurídico y el marco legal es el fiscal general, quien se niega a cumplir las decisiones legítimas basadas en la Constitución y la ley, dictadas por el presidente”, dijo el exfiscal y agregó que este debate podría ser una estrategia del fiscal general para evadir tajantemente las denuncias que manchan a varios funcionarios: “No nos dejemos engañar, estamos frente a cortinas de humo del señor fiscal general, quien quiere tapar, con un supuesto escándalo y enfrentamiento, la bancarrota moral y ética de su nefasta administración”.
Por ahora, en medio de las tensiones crecientes entre ambos funcionarios, la Fiscalía sacó un comunicado defendiendo a sus miembros, en el que menciona que los homicidios corresponden a otras fechas y que continúan indagando sobre el asunto: “La Fiscalía General de la Nación continúa con la indagación. El caso cuenta con seguimiento, impulso y mesas de trabajo a instancias de las dependencias misionales respectivas, a efectos de que se adopte la decisión que en derecho corresponda, de conformidad con la ley los medios de prueba recaudados”.