¿Hay quiénes aún defienden al presidente, Gustavo Petro, tras declararse jefe del Fiscal General de la Nación?

Aunque la opinión pública se volcó en un rechazo generalizado a la controversial afirmación del mandatario, por ser lesiva a la separación de poderes, también surgieron voces de apoyo

La cumbre entre el presidente de la República y el fiscal general se llevó a cabo en Casa de Nariño en la mañana del lunes 30 de enero. Presidencia

No todos la emprendieron en contra del presidente de la República, Gustavo Francisco Petro, luego de que declarara que al ser jefe de Estado, también lo era del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, luego que la cabeza del ente acusador le reclamara por poner en riesgo a Daniel Hernández, funcionario de esa entidad, al hacer eco de un artículo del periodista Gonzalo Guillén quien lo señala de ‘engavetar’ una investigación para evitar que 200 personas fueran asesinadas por 14 miembros del Clan del Golfo.

Uno de quienes defendió al mandatario fue exfiscal General Eduardo Montealegre quien sostuvo, en una entrevista en el informativo de televisión Noticentro Uno CM&, que la premisa de Petro estaba a lugar en unos casos puntuales.

“Tiene razón. Existen tres casos en la Constitución, en los cuales el presidente puede darle órdenes a un fiscal General: en materia de información sobre la lucha contra el crimen organizado; en el manejo de la paz, y del orden público”, aseguró.

También sostuvo que por el contrario, lo que Barbosa trata de hacer es evadir su responsabilidad de llevar las investigaciones por crímenes de lesa humanidad que tiene que realizar dentro de sus deberes constitucionales.

“Aquí, quien ha subvertido la Constitución, el orden jurídico y el marco legal, es el fiscal General, quien se niega a cumplir las decisiones legítimas basadas en la Constitución y la ley, dictadas por el presidente. No nos dejemos engañar, estamos frente a unas cortinas de humo (de la cabeza del ente acusador), quien quiere tapar con un supuesto escándalo y enfrentamiento, la bancarrota moral y ética de su nefasta administración”, expresó.

En otra entrevista que le hicieron en Red Más Noticias, Montealegre reiteró que Petro fue acertado en su petición a Barbosa, porque la omisión en la investigación que denunció Gonzalo Guillén puede tener consecuencias en la justicia internacional.

“Es legítima y aquí lo que sucede es que si el fiscal no investiga, tiene que asumir las consecuencias frente a la Corte Penal Internacional”, aseguró.

En agosto de 2022, antes de que Petro se posesionara como presidente, Montealegre formó parte del equipo jurídico que asesoró la construcción de la política de Paz Total del gobierno Nacional, pero posteriormente se retiró por diferencias irreconciliables con ellos.

“Me parece que es equivocado que todo el proyecto de desmantelamiento de organizaciones al margen de la ley quede en manos de la Fiscalía General de la Nación”, sentenció en su momento en la emisora Blu Radio. Asimismo, comunicó cuál era su propuesta: “La creación de un modelo nuevo, a través de un alto comisionado contra el crimen organizado y por eso mi desacuerdo”.

Montealegre también fue cuestionado al salir del organismo investigador por unas presuntas irregularidades en contrataciones dentro de esa entidad.

Aliados de Petro

Como era de esperarse, los políticos de los partidos de la coalición de Gobierno respaldaron al presidente, Gustavo Petro, entre ellos el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero.

“(Barbosa habla) de separación de poderes, cuando viene aquí al Congreso a amedrentar (...) para que voten en contra de los proyectos del Gobierno (...) Viene a dar clases de autoridad, de separación de poderes, cuando presiona, como nos lo han dicho los congresistas, con posibles amenazas en procesos”, citaron de sus declaraciones en Noticentro Uno CM&.

Y reiteró el cuestionamiento del jefe de Estado a Barbosa de que se denunciara esa presunta omisión de dar curso a la investigación con la que se buscaba prevenir el homicidio de 200 personas a manos de 14 miembros del Clan del Golfo.

“Hay una denuncia muy grave y es participación, posible colaboración, posible encubrimiento de la Fiscalía (...) Creo que es ahí donde debemos llevar la discusión”, agregó.

El senador Iván Cepeda, quien forma parte de la mesa de diálogos de paz con la guerrilla del ELN, también respaldó al presidente y calificó de ‘agitador’ al fiscal General.

“Gustavo Petro es el Jefe de Estado. Francisco Barbosa no es el jefe de la oposición. Si persiste en su intención de ser agitador político, mejor que renuncie y permita que alguien ejerza su cargo de manera digna e imparcial”, señaló.

León Valencia, excombatiente del ELN y analista político, consideró acertada la petición del presidente de revisar ese caso que involucra al fiscal Daniel Hernández, pero consideró una torpeza que Petro se hubiera declarado jefe del fiscal General.

“El fiscal Barbosa obedecía dócilmente a (Iván) Duque y a (Álvaro) Uribe, ahora que Petro -con ligereza y poca sensibilidad por la división de poderes- proclama que es su jefe, monta en cólera y llama dictador al presidente con el aplauso de la oposición y muchos medios (sic)”, afirmó en su cuenta de Twitter.

Ni el presidente, ni el fiscal tienen razón, según algunos exmagistrados

Para el reconocido profesor universitario y exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional Rodrigo Uprimny ninguno de los dos altos funcionarios tiene razón.

“Es constitucionalmente absurdo que el presidente diga que, como es jefe de Estado, entonces es jefe del Fiscal General. A diferencia de otros países como Estados Unidos en que el Fiscal o Attorney General es subordinado del presidente, en Colombia el Fiscal General es independiente y hace parte de la rama judicial. No tiene entonces jefe”, explicó inicialmente.

Agregó que esa tesis de Petro era absurda y peligrosa porque bajo ese argumento entonces también podría declararse el superior jerárquico de las Cortes, el Congreso y todos los órganos del Estado. Y aconsejó al mandatario rectificarse por esa afirmación.

No obstante, también fue crítico sobre Barbosa y que calificara de dictador al presidente porque lo cuestionó por un asunto muy grave en el interior del ente acusador.

“El presidente puede solicitar información sobre investigaciones penales que tengan relevancia para el orden público porque es responsable del orden público. Es más, el Fiscal General, según art 251 de la CN, debe suministrarle esa información. Pero claro el presidente debería hacer esa solicitud con la prudencia y en los términos respetuosos propios del principio de colaboración entre órganos del Estado (sic)”, afirmó.

Y agregó que esto fue aprovechado por Barbosa, que en vez de haber pedido esa prudencia, pareciera estar en campaña porque enseguida calificó al jefe de Estado de autócrata y señaló que se sentía amenazado.

En el mismo sentido opinó el también destacado catedrático y exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández.

“En este caso los dos están equivocados. A la luz de la Constitución ni el presidente de la República es el jefe del Fiscal General de la Nación, ni el Fiscal General de la Nación ejerce funciones de control político o jurídico sobre el (mandatario). Son independientes”, expresó en Red Más Noticias.