En la mañana del sábado 6 de mayo se conoció la captura de Jorge Pretelt, exmagistrado de la Corte Constitucional, quien quedó a disposición de agentes del CIT, de la Fiscalía General de la Nación, cuando estaba en la capital cordobesa Montería.
Tras su aprehensión, las autoridades ratificaron los seis años de prisión que deberá pagar por el delito de concusión, cuya decisión se tomó por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que fue la que les ordenó a los investigadores del CTI emprender el operativo que se adelantó en la vivienda del extogado.
“En el expediente quedó probado que el 18 de octubre de 2013, el entonces magistrado Pretelt solicitó al abogado Víctor Pacheco, apoderado de FIDUPETROL, la suma de $500′000.000, con el fin de adelantar gestiones al interior de la Corte Constitucional para sacar «airosa» una acción de tutela promovida por FIDUPETROL contra un fallo dictado en su contra por la Sala de Casación Penal”, aseveró el alto tribunal en un comunicado donde reiteran los años que deberá afrontar el sujeto tras las rejas.
“Al ordenar su captura como responsable del delito de concusión, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 6 años y medio de prisión contra el exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt”, señaló el alto tribunal.
Los hechos por los que Pretelt irá a parar en una cárcel, de acuerdo con lo afirmado por los magistrados de la Sala de Casación, ocurrió en el apartamento del entonces funcionario de la Corte Constitucional, quien vivía en Bogotá para el momento del polémico encuentro.
Así las cosas, los togados evidenciaron que, luego de varios años de estudio a este caso, se comprobó que Pretelt sí tuvo participación en este entramado de corrupción y por eso los próximos seis años de su vida deberá pagarlos en alguna de las penitenciarías del país, así como su restricción para ejercer la función pública por un tiempo.
“La decisión, adoptada por unanimidad con la participación de cuatro conjueces, ratifica la pena de prisión en centro carcelario impuesta por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, pero modifica la pena de multa, fijándola en el equivalente a 56,25 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de ocurrencia de los hechos y reduce la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas en el término de 64 meses y 15 días”, señaló el escrito de la Corte.
Para su orden de captura y la imposición de los citados correctivos, los cuatro conjueces de la menciona célula judicial se pusieron de acuerdo y ratificaron que Pretelt buscaba “echar por tierra” la condena que la Corte Suprema había emitido en contra de una empresa a la que él intentó ayudar.
“Pretelt le presentó a PACHECO RESTREPO una «fórmula» u hoja de ruta para el éxito de la gestión, que incluía que FIDUPETROL contratara los servicios profesionales del exmagistrado de la Corte Constitucional RODRIGO ALONSO ESCOBAR GIL para que continuara el trámite de la acción de tutela, en ese momento en revisión ante la Corte Constitucional, y supuestamente entregar prebendas a personas que integraban el núcleo familiar del magistrado a cargo del asunto”, señala el alto tribunal.
Así las cosas, los togados evidenciaron que el exmagistrado, hoy capturado, sacó provecho de su investidura como funcionario de la Corte Constitucional dado que “con abuso del cargo de Magistrado de la Corte Constitucional, realizó solicitud indebida para viabilizar un resultado positivo en el trámite de revisión de la acción de tutela promovida por FIDUPETROL”, aseveró la Corte Suprema en la sentencia CSJ SP154–2023.
Pretelt llegará a Bogotá, donde un juez determinará la prisión nacional en la que iniciará a pagar por “concusión implícita”, como lo ordenó el tribunal.