El miércoles 3 de mayo, la Procuraduría General de la Nación sostuvo que hay un hueco superior a los 4 billones de pesos para la indemnización de las víctimas del conflicto armado, reconocidas en la jurisdicción de Justicia y Paz.
Durante su intervención, en el Encuentro por el reconocimiento de los derechos de las víctimas, en Bogotá, Margarita Cabello, jefa del Ministerio Público, aclaró que esa fue la cifra presentada por el órgano de control ante la Corte Constitucional al solicitar la declaratoria del estado de cosas inconstitucional.
En ese sentido, la procuradora señaló que es urgente la articulación de las instancias del Estado comprometidas con la materialización de esas medidas de reparación para la víctimas del conflicto armado.
“El estado de rezago en la indemnización de las víctimas reconocidas en la jurisdicción de Justicia y Paz constituye hoy un problema estructural, situación que supone una vulneración masiva y generalizada de las víctimas”, manifestó Cabello Blanco en el encuentro.
A su vez, la funcionaria sostuvo que el reducido rubro, asignado para la Unidad para las Víctimas, para el pago de las indemnizaciones de las víctimas “constituye una prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones, y por eso es importante que el Gobierno nacional disponga del presupuesto necesario para lograr ese objetivo”.
Hay que destacar que en la ley 975 de 2005, o ley de Justicia y Paz, se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y otras disposiciones para acuerdos humanitarios.
Por ejemplo, en el artículo quinto de la ley, que habla de las “indemnizaciones solidarias”, se puntualizó que:
“El Estado reconocerá y pagará directamente a las víctimas, o a los beneficiarios de que trata el presente decreto, a título de indemnización solidaria, de acuerdo con los derechos fundamentales violados”.
En dicha ley quedó estipulado que una persona víctima de homicidio, desaparición forzada y secuestro recibiría una compensación de hasta 40 salarios mínimos mensuales legales, al igual que por lesiones personales y psicológicas que produzcan incapacidad permanente.
Por su parte, víctimas de lesiones personales y psicológicas que no causen incapacidad permanente, tortura, delitos contra la libertad e integridad sexual, reclutamiento ilegal de menores recibirían hasta 30 salarios mínimos mensuales legales.
Antes de finalizar su intervención, Margarita Cabello Blanco aseguró que hay una deuda histórica que debe ser saldada con verdad y con garantías de no repetición, pero también debe ser saldada con indemnización.
“Eso es fundamental, y en ese sentido las víctimas cuentan con la Procuraduría, en su condición de cabeza del Ministerio Público, como garante para apoyar, acompañar y luchar con las víctimas y para las víctimas, tal como ha sido mi ruta desde que me posesioné como Procuradora General de la Nación”, puntualizó la procuradora.
La directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, también participó en el Encuentro por el reconocimiento de los derechos de las víctimas, realizado el miércoles 3 de mayo por la Procuraduría General de la Nación.
Según dijo, adelantar estos procesos de diálogo son necesarios para superar la deuda histórica que recibió en materia de reparación y afirmó que el déficit que hay de atención a las víctimas es inmenso, “así como inmensas son las reformas que entre todas las instituciones del Estado se deben discutir e implementar para cumplir con esa promesa de reparación integral”.
“Esa promesa se cumple con recursos, pues hablar de reparación implica hablar de recursos. Son 301 billones que se requieren para la reparación integral a las víctimas, así como lo han advertido los entes de control en medio de la documentación que le han hecho en medio del seguimiento a la política pública”, mencionó Patricia Tobón en su intervención.
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