El martes 3 de mayo, el Tribunal Superior de Bogotá condenó a seis años de prisión en contra del expresidente y representante legal de Cafesalud EPS, Guillermo Grosso, por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer.
El Juzgado 25 Penal de Conocimiento de Bogotá lo declaró responsable de integrar una organización criminal que sobornó a una ex superintendente delegada de Salud para que lo favoreciera a él y a sus socios en trámites que los beneficiaron económicamente.
Para el Tribunal, la defensa por parte de Grosso no pudo controvertir los argumentos del juez de primera instancia.
El juez aseguró que la Fiscalía pudo demostrar en su calidad de expresidente de la extinta Cafesalud, entre los años 2016 y 2018, al menos tres sobornos que Grosso y sus socios, Jhon Alexánder Colmenares Russi y Javier Peña Ramírez, quienes le ofrecieron a la exsuperintendente delegada para la vigilancia Eva Katherine Carrascal, para que desde su cargo tomara decisiones que terminaron beneficiándolos económicamente.
“No se le puede estar pagando, no se le puede estar prometiendo dádivas a una funcionaria por conductas que tienen que ver con su labor. Es ahí donde se configura el concierto para delinquir”, reprochó el juez.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, que acusó formalmente a Guillermo Grosso, el expresidente de Cafesalud habría entregado dos contratos por un valor de 52.600 millones de pesos a un conocido a quien con anterioridad le había propuesto crear y poner en funcionamiento una Institución Prestadora de Salud (IPS) con el propósito de atender 70.000 pacientes en las localidades de Engativá y Suba, en Bogotá.
Según el ente investigador, uno de los contratos se firmó en febrero de 2016 y ascendió a 28.229 millones. El otro se suscribió pocos días después por algo más de 24.400 millones de pesos.
“Ambos tendrían un plazo de ejecución de tres años y contemplaban garantizar servicios de medicina general, odontología, oftalmología, laboratorio clínico, y atención a la primera infancia y a las mujeres gestantes”, advirtió la Fiscalía General.
Los resultados de la investigación, de acuerdo a la fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, arrojaron que por esa posible intervención, Guillermo Grosso habría acordado recibir entre 40 y 50 millones de pesos mensuales y un total de 664 millones de pesos en efectivo, entre mayo de 2016 y junio de 2017.
Durante la audiencia en la que se declaró culpable a Guillermo Grosso, que se realizó el martes 21 de marzo, el juez determinó que el procesado, junto a sus socios: “Su vocación no era salvarlas, sino tener información, una asesoría interna de la Superintendencia de Salud para luego pervertir el sistema y decir mire, yo soy su salvador, y esto es lo que hacía Guillermo Grosso Sandoval”, aseguró el togado.
En otra de las investigaciones que hay en su contra, el ente investigador señaló que el expresidente de la extinta EPS acordaba dádivas del 10% por cada contrato que se adjudicaba para la atención de los pacientes. Los hechos habrían ocurrido hace aproximadamente siete años.
“Entre febrero de 2015 y marzo de 2016, Grosso Sandoval habría acordado con los otros procesados que recibiría el 10% de cada contrato que les fuera asignado para la atención integral de pacientes con cáncer en Bogotá, y municipios de Boyacá, Santander y Cundinamarca”, explicó la Fiscalía General.
Así las cosas, se determinó que por estas actuaciones, que terminaron favoreciendo a los contratistas, Guillermo Grosso habría recibido 2.496 millones de pesos. Los pagos, supuestamente, se hicieron en efectivo y a través de una tercera empresa de servicios de salud.
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