Denuncian nuevo asesinato de un firmante de paz, esta vez en Cali

A través de un comunicado, el Partido Comunes denunció que un firmante de los acuerdos de paz de 2016, identificado como Luis Antonio Piedrahíta, de 32 años, que fue asesinado en la ciudad de Cali.

El crimen ocurrió en la madrugada (5:00 a. m.) del domingo 30 de abril en el barrio Comuneros I, al oriente de la ciudad. El cadáver presentaba heridas con arma blanca y arma traumática. “Con profundo dolor e indignación, denunciamos el asesinato de Luis Antonio Piedrahíta, firmante de paz, que realizaba su proceso de reincorporación en Cali, capital del Valle del Cauca”, señaló la Dirección de Comunicaciones de la colectividad en el documento.

Piedrahíta murió en la Clínica Valle de Lili minutos después del ataque, a pesar de la oportuna reacción de las unidades de socorro. Entre tanto, las autoridades no han dado con los responsables de lo sucedido, pero se iniciarán las investigaciones correspondientes.

Por lo pronto, el Partido Comunes rechazó vehementemente los actos de violencia y envió un mensaje de condolencias a la familia del firmante fallecido. De igual forma, le pidió al Gobierno nacional proteger la integridad de los firmantes de paz en la región y en todo el país. “La paz requiere garantías para la vida y la seguridad de quienes decidieron dejar las armas y volcarse a la construcción de un país diferente”, escribió el partido en su comunicado.

Además, señaló que se requieren “acciones urgentes y efectivas por parte el Estado, así como la solidaridad del pueblo colombiano”. “Nuestra solidaridad y abrazo fraterno a familiares y seres queridos de Luis Antonio Piedrahíta”, concluye la colectividad.

Aquí puede leer el documento emitido por el Partido Comunes para rechazar la muerte violenta que sufrió el firmante de paz Luis Antonio Piedrahíta en la ciudad de Cali:

Piedrahíta fue el noveno firmante de paz asesinado en lo que va de 2023 y desde que se firmó el acuerdo, han asesinado a más de 350 firmantes y 1.400 líderes sociales, de acuerdo con Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz).

Tras cinco años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, los asesinatos y atentados contra excombatientes y firmantes de esos acuerdos, no cesan. Por ello, en diciembre pasado, el partido político Comunes, que conforman los integrantes del antiguo grupo armado, exhortaron al Gobierno a tomar medidas urgentes.

Esta solicitud se conoce luego de que se conocieran nuevos atentados contra algunos exguerrilleros que trabajan en la implementación de lo acordado en La Habana, Cuba. Varios de ellos, como Franklin González Ramírez, que es enlace de reincorporación, son comparecientes en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Además, recientemente, se confirmaron los atentados de dos firmantes más: Danna Michelle Lozada, miembro de la Asociación de Mujeres Huilenses por la Paz y Jeison Fabián Díaz, ultrajado hace unos días en Neiva, la capital huilense.

En medio de estos violentos sucesos, el partido Comunes, a través de su Consejo Nacional de Reincorporación, le exigió al gobierno del presidente Gustavo Petro que ejecute, cuanto antes, las estrategias para detener las agresiones contra los desmovilizados y se cumpla, a rajatabla, lo estipulado en el acuerdo del Teatro Colón.

Consideraron, además, que los hechos violentos de los que han sido víctimas los excombatientes “atenta contra la construcción de la paz total”, que es la estrategia con la que el Gobierno nacional busca ponerle fin al conflicto armado colombiano que, desafortunadamente, sigue vigente y cada vez más cimentado en el país.

La colectividad denunció, otra vez, que desde que el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos firmó el Acuerdo de Paz, se han asesinado a, al menos, 350 firmantes, por lo que consideraron que, en el llamado gobierno del cambio, se debe propender por la seguridad de quienes acordaron la paz.

Luego de hacerse este llamado al Gobierno central, en Neiva realizaron plantones y manifestaciones para rechazar los atentados contra los citados personajes quienes, según Comunes, salieron ilesos y se encuentran en sus hogares esperando respuestas por parte del Estado.

Varios huilenses llegaron hasta la sede de la Defensoría del Pueblo de ese departamento para exigir acciones en aras de evitar más violencia contra los excombatientes. Una de las que cuestionó lo conocido en las últimas semanas fue Omaira Rojas, quien se conocía como Sonia cuando militaba en las Farc.

En medio de estos plantones, desde la Defensoría de ese departamento anunció una serie de medidas que, en unísono con las autoridades nacionales y departamentales, están implementando para preservar la vida de esa población. “Nosotros venimos haciendo un acompañamiento, nos corresponde identificar los riesgos y en lo concerniente a los firmantes de la paz. Hemos dejado claridad en que existe para esta población un alto riesgo. A quienes les han hecho estudios y les han implementado medidas de protección tienen dificultades porque han sido víctimas de atentados o sus vehículos han sido averiados”, agregó la defensora encargada.