Hace algunos días, mediante un comunicado a la opinión pública, la fiscal Angélica Monsalve denunció una presunta persecución por parte del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Pese a que no sería la primera vez que la funcionaria judicial hace este tipo de afirmaciones, en esta ocasión advirtió que todo se daría por los procesos que hoy día se encuentran en su despacho por corrupción y que relacionan personas poderosas.
De acuerdo con lo detallado por la fiscal, la persecución es evidente debido a la cantidad de procesos que se han levantado en su contra: cinco procesos penales y seis quejas ante la Comisión de Disciplina Judicial en su contra. Tras dar publicar su denuncia en redes sociales, Monsalve habló con el diario colombiano El Espectador, en este espacio señaló que lo que le sorprende es que el fiscal Barbosa se ha referido en varias ocasiones al debido proceso, pero al interior de la institución que lidera no lo respeta.
En los apartados de la entrevista, la fiscal mencionó que, al igual que otras personas, considera que la entidad donde labora está pasando por una crisis a la que se le debe hacer frente, ya que con el liderazgo de Francisco Barbosa no se está siguiendo el mandato que demanda la ley, sino que esta genera una instrumentalización de las funciones de la Fiscalía General de la Nación.
“Para nadie es un secreto que la entidad es manejada como un cuartel en donde unos pocos mandan desde las oficinas del búnker y muchos obedecen. Como si el mandato de impartir justicia no proviniera de la Constitución y las leyes, sino de los intereses de grupos económicos y políticos que, por años, han pretendido instrumentalizar la entidad para obtener prebendas ante la ley. Prueba de ello es que el fiscal me sacó de un caso en el que ya estaba radicada la imputación, para archivarlo. Quiere decir que él sí influye en las decisiones de los fiscales delegados. Si la recusación contra el fiscal es aceptada, él y su ejército de fiscales obedientes en lo que se relaciona conmigo quedarían inhabilitados”, narró la funcionaria que le solicitó a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes que la reconozcan como víctima y la constitución de parte civil, dentro del proceso que se adelanta contra de Barbosa.
A guion seguido agregó que, en su diálogo con el medio anteriormente mencionado, en este sentido, considera que debería en su caso el que debería estar a cargo es otro alto funcionario que sea elegido de forma alterna:
”Habría, entonces, que nombrar a un fiscal ad hoc para que conociera todos los casos que me ha abierto la misma Fiscalía, como ya dije. Y, de esta manera, que se me garantice el debido proceso. Cuando el fiscal se refiere a ese tema, me sorprendo: habla mucho ante los micrófonos, pero hace todo lo contrario en la Fiscalía. Ojalá todos los fiscales que tienen casos documentados sobre lo que ha sucedido en este período tuvieran la valentía de denunciarlo en público y no solo en los pasillos”.
Por ahora, la Comisión no ha dado una respuesta a Monsalve. Sin embargo, la última investigación en su contra se levantó por el llamado caso del “carrusel” de los carros blindados de la Unidad Nacional de Protección (UNP), ya que revivió una investigación que fue archivada en el 2014 debido a que conoció nuevas pruebas, pero en vez de remitir la información nueva a delegados contra la corrupción, asumió ella misma esas investigaciones sin informar, lo que va en contra del debido proceso.
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