El jueves 27 de abril la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, por el posible incumplimiento de sus responsabilidades legales relacionadas con la obligación de crear, dirigir, organizar, administrar, sostener y vigilar las cárceles, o centros de prisión preventivos, y los casos de hacinamiento registrados en la capital.
Según expresó el ente de control, las investigaciones contra Claudia López se basan en un informe realizado por la delegada para la Protección de los Derechos Humanos tras visitar los centros de detención y evidenciar los hacinamientos que están afectando a las personas privadas de la libertad. La decisión de la Procuraduría General también afectó a los alcaldes de Cali, Ibagué, Riohacha y Valledupar. Sobre la apertura de las investigaciones se pronunció la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).
Por medio de un comunicado, la organización que trabaja, principalmente, en la generación de espacios de diálogo, integración, concertación y colaboración entre las autoridades municipales y nacionales, aseguró:
“No son las únicas autoridades responsables frente a los problemas de hacinamiento en centros de detención transitoria. A pesar de que existen ciudades capitales con recursos para la construcción de cárceles, no han contado con el aval o permisos por parte del Gobierno nacional para avanzar con dichos proyectos. Invitamos respetuosamente a las autoridades competentes a que nos ayuden”, se puede leer en el documento conocido por los medios de comunicación.
A renglón seguido, Asocapitales puntualizó:
“Invitamos al Gobierno nacional, al Inpec y a todas las entidades territoriales a que respondan también en este proceso, teniendo en cuenta el constante esfuerzo adelantado por los mandatarios de las ciudades capitales. La sociedad y la Corte Constitucional esperan medidas a corto plazo para superar esta situación”.
En otro de sus puntos, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales le solicitó al Ministerio Público que revise la sentencia SU 122 de 2022, que ordena a todas las entidades nacionales, departamentales y locales establecer una planeación de fuentes de financiación de gastos que incluya el aumento de cupos a favor de la población procesada bajo detención preventiva.
“También se debe revisar el caso de los condenados que aún permanecen bajo la responsabilidad de las alcaldías y los sindicados que llegan de todos los municipios a las ciudades capitales, cuya competencia debería ser coordinada con las gobernaciones”, solicitó Asocapitales.
En lo que respecta a Bogotá, la investigación involucra a la alcaldesa mayor, Claudia López y al secretario de Gobierno, Felipe Jiménez Ángel porque, supuestamente, no se han brindado las garantías que la ley exige para las personas privadas de la libertad.
“La alcaldesa y su funcionario pudieron incumplir sus deberes funcionales, por lo que se ordenó la práctica de pruebas que permitan el esclarecimiento de los hechos y la situación actual y real de los distintos centros de detención transitoria de la ciudad”, aseguró la Procuraduría en su comunicado.
En cuanto a la situación en Cali, el órgano de control le abrió investigación disciplinaria al alcalde Jorge Iván Ospina Gómez tras encontrar un hacinamiento del 477% en las estaciones de Policía.
En la capital de La Guajira se inició investigación contra el alcalde, José Ramiro Bermúdez Cotes. El Ministerio Público encontró en los centros de detención transitorios un hacinamiento del 242%.
Sobre el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera, el órgano de control logró evidenciar un nivel de hacinamiento del 731%. Respecto al alcalde de Valledupar, Cesar, Mello Castro González, la investigación del ente de control evidenció un hacinamiento del 930% en la Estación de Policía La Permanente.
Tras la apertura de indagación, la Procuraduría solicitó a los mandatarios locales “informar sobre las medidas adoptadas desde que asumieron el cargo, si se han realizado mesas de trabajo para abordar esa problemática, así como señalar los compromisos adquiridos y el grado de cumplimiento”.
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