Durante la conmemoración del Día del Niño (29 de abril), la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo hicieron un llamado conjunto al Estado colombianos, para que se fortalezcan los esfuerzos para garantizar los derechos de las niñas y los niños colombianos.
Según los datos brindados por el Ministerio Público, en los dos primeros meses del año fallecieron 78 menores de edad, entre los 0 y 11 años, por causas violentas; mientras que 1.232 fueron víctimas de abuso sexual y 88 murieron por desnutrición, de los cuales 29 eran prevenibles.
“Las actuales dinámicas familiares y sociales vienen generando un aumento de violencias contra niños y niñas, que se materializan en violencia intrafamiliar y sexual, abandono, negligencia y maltrato. Por eso, desde la Procuraduría estamos exigiendo respuestas oportunas frente a las entidades del Estado, no solo en materia de prevención, sino de restablecimiento de derechos”, afirmó la procuradora General Margarita Cabello.
La funcionaria exhortó a las comunidades a vigilar con mayor intensidad a las comunidades indígenas Embera, ubicadas en Bogotá, a los Wayúu de la Guajira, a los Nukak y Jiw en Guaviare y Meta, Embera Dobida en Chocó, pues según la información del organismo son quienes afrontarían peores escenarios de vulnerabilidad.
Finalmente, Cabello aseguró que la Procuraduría se encuentra trabajando en análisis de seguimiento a la nacionalidad del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, así como a la infraestructura educativa, los casos de acoso escolar y la violencia sexual en entornos educativos.
Por su parte, desde la Defensoría del Pueblo, Carlos Camargo habló sobre la importancia de que los niños y niñas cuenten con espacios dignos para el jugo y desarrollo. En el marco de la conmemoración, indicó:
“No sólo se trata de celebrar un día más, sino que además de realizar actividades lúdicas y de esparcimiento, desde la familia, la sociedad y el Estado debemos comprometernos a defender y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes los 365 días del año”.
El 28 de abril, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado de prensa, el 140, en el que se alertó sobre el aumento en las condiciones de riesgo para el reclutamiento forzado en menores de edad.
“Comunicamos a la Representante Especial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que, como resultado del permanente seguimiento a las acciones perpetradas por grupos armados en el país, hemos advertido sobre el alto riesgo en el que se encuentran niñas, niños y adolescentes de ser reclutados, usados y utilizados por los actores violentos. Es una preocupante situación que seguimos evidenciando y que debe tomar relevancia en el ámbito internacional”, reza el documento.
La Defensoría del Pueblo registró 23 casos de reclutamiento en menores, entre lo 13 y 17 años, en los primeros tres meses del año. De los cuales, 13 corresponden a niños y los restantes 10 a niñas. La enorme mayoría se presentó en el Cauca, con 16 reportes, seguido por el Amazonas con 4, Antioquia con 2 y un caso en Arauca.
Lo que más preocupa a la Defensoría es que hay un aumento de los datos frente al mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 15 casos. Esto significa un aumento del 53.3%. Lo que a su vez es testimonio de la expiación territorial de los grupos armados en el territorio nacional.
“Preocupa que la mayor afectación se presenta entre las comunidades étnicas y pobladores de las zonas rurales y rurales dispersas, donde la presencia institucional es escasa y las rutas de atención no cuentan con enfoque diferencial. Por tal razón, mi llamado es a fortalecer los recursos financieros y de personal, la respuesta institucional, que haya una mayor capacitación, mejores equipos tecnológicos y más funcionarios competentes; en especial, que sea promovida la oferta social y educativa como una medida para prevenir la ocurrencia de estos hechos”, subrayó el defensor, Carlos Camargo Assis.
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