Desde Boston, Estados Unidos, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, informó que el ente de control citó al ministro de Defensa, Iván Velásquez, y a otros funcionarios, para que expliquen los supuestos sobrecostos del contrato de compra de vehículos 8X8.
Dentro del convenio, conocido por la revista Semana, se evidenciarían sobrecostos por más de 17 millones de dólares que, en pesos colombianos, equivaldrían a 1.3 billones de pesos, con los que el Gobierno nacional buscaría dotar a las Fuerzas Militares de nuevos medios de transporte.
En su intervención, Francisco Barbosa aseguró que, luego de haber recogido algunos elementos materiales y de estudiar la publicación del medio de comunicación, “se ha tomado la determinación de citar a declarar bajo la gravedad juramento a varios funcionarios de ese ministerio”.
En ese sentido, serán escuchados, además del ministro de Defensa, el viceministro de Estrategia y Planeación, general (r) Ricardo Díaz; Javier Mondragón, director de proyección de capacidades e innovación; Yenni Mora, asesora de contratación estatal; los coroneles Óscar Melo Muñoz, gerente del proyecto de fortalecimiento de capacidades operacionales del Ejército Nacional para la defensa de la frontera de los vehículos 8×8; el coronel Carlos Luque Ochoa, director de la Escuela de Infantería; y el sargento viceprimero Andrés Aldana, integrante del Comité Técnico del proyecto vehículos 8×8.
Sobre este presunto caso de corrupción, el jefe del ente investigador puntualizó que:
“Las publicaciones conocidas en los últimos días indican que se habrían presentado actuaciones ilícitas, por lo que le asiste a la Fiscalía General de la Nación el deber constitucional de asumir las investigaciones y actuar conforme a sus competencias de encontrar alguna actuación que constituya algún delito contra la administración pública”.
En el informe de Semana se aseguró que habrían ocurrido algunas anomalías en esa contratación, que se hizo bajo el sistema Incoterms DPU, en la que se estipuló que la empresa que provee esos implementos a Colombia pagaría el envío de los vehículos, el almacenaje, unos manuales de funcionamiento, entre otros aspectos. No obstante, eso no pasó y fue a la cartera a la que le tocó asumir esos costos, según denunció la revista nacional.
Entre esos y otros elementos que no pagó la compañía extranjera suman los 17 millones de dólares de más que tuvo que pagar el Ministerio de Defensa. Semana aseguró que los altos mandos del Ejército Nacional, así como el viceministro de Estrategia y Planeación, el general (r) Ricardo Díaz, se habrían molestado tras esas revelaciones.
La citación de la Fiscalía General para los funcionarios del Ministerio de Defensa quedó programada para el lunes 8 de mayo, y allí deberán explicar cuáles fueron las circunstancias del tiempo, modo y lugar de lo denunciado.
“Ya nosotros podremos ahondar en las hipótesis que tenemos. Yo creo que la Fiscalía, con sus elementos, puede adelantar adecuadamente los trabajos para tener una respuesta concreta, porque también hemos venido observando un aumento de denuncias alrededor de estos hechos”, agregó Barbosa desde Estados Unidos.
El ente investigador también señaló que un equipo conformado por fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, realizará los actos investigativos tendientes a recopilar la información y elementos suficientes para conocer con detalle los hechos relacionados con el proceso de contratación. “Estos son los casos que generan mucha molestia por parte de algunos sectores también del país”, apuntó Barbosa.
“Vamos a indagar exactamente en qué consisten todos estos hechos y es muy importante que estos funcionarios vayan para que nos muestren cuáles son las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Incluso, hubo unas reuniones que se señalaron por parte del medio de comunicación, y lo importante es que nosotros actuemos con resultados rápidos”, concluyó el fiscal
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