El Gobierno de Gustavo Petro, por medio de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, anunció que se instalará una mesa de diálogos con las estructuras armadas ilegales de Medellín y el Valle de Aburrá, luego de que estas anunciaran su intención de sumarse a la política de Paz Total y un cese de hostilidades, confrontaciones o disputas en la capital antioqueña para desescalar la intensidad de la violencia urbana en la capital antioqueña. Según los cálculos del Gobierno nacional, estas estructuras tienen bajo su mando entre 12.000 y 14.000 personas.
“Desde el Gobierno nacional vimos la vocación que tenían algunos grupos armados que operan en Medellín y el área metropolitana, de ser parte de la Paz Total. Se ha empezado a concretar una expresión más madura para acercarnos hacia una fase dialógica”, dijo el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda.
El alto comisionado también confirmó que la mesa será instalada, a más tardar, en una semana, mientras se definen los protocolos para su desarrollo, para esto, Rueda afirmó que él y su equipo han sostenido encuentros con los voceros de estos grupos armados ilegales, que están recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí, como alias Tom, Carlos Pesebre y Duglas.
“Esta mesa está prevista para su instalación en ocho días, si se logra definir un protocolo de garantías para su desarrollo. En él participarán entidades locales, regionales, la sociedad civil y los delegados designados por el presidente”
Rueda también dijo, en entrevista con El Colombiano, que se ha logrado que más del 90% de las bandas que operan y se disputan el control del área metropolitana de Medellín se sumen a la iniciativa de Paz Total, que según cifras del diario antioqueño, son 350 bandas de crimen organizado, que se aglutinan en 17 grandes estructuras; por lo que el funcionario anotó que con la instalación de esta mesa de diálogo con las estructuras armadas ilegales en Antioquia será la prueba piloto de la estrategia de paz urbana que el Gobierno nacional quiere replicar en otras ciudades del país.
“Podemos hablar de un número aproximado de 12.000 a 14.000 personas vinculadas. Independientemente del marco jurídico, hay aportes importantes en verdad extrajudicial que nos va a permitir como Gobierno desarrollar acciones para el desmonte”, explicó Rueda, que también dijo que estas estructras “asumen un cese de acciones y confrontaciones violentas entre ellos y empiezan a desarrollar acciones muy concretas frente a lo que se conoce como las hostilidades”
El alto comisionado también explicó, en El Colombiano, que “la siguiente fase es una etapa pública de conversaciones con la que esperamos desmovilizar esos grupos para llevar paz a las comunas y los territorios de la ciudad”.
Esta mesa estará conformada por la excomisionada de la verdad y experta en conflicto armado Lucía González; la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta, y el exsecretario de Gobierno de Antioquia y exasesor de Paz Jorge Mejía Martínez.
Estructuras armadas ilegales del Valle de Aburrá anunciaron cese de hostilidades
A través de un comunicado que publicó en Twitter la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, las estructuras armadas ilegales de Medellín y el Valle de Aburrá, como firmaron la carta abierta al público, anunciaron, no solo su intención de sumarse a la política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro, sino que también dijeron que cesarán las hostilidades, confrontaciones o disputas en toda el área metropolitana de Medellín.
“Reiteramos nuestro apoyo al propósito del Gobierno nacional del señor presidente Gustavo Petro Urrego de construir la Paz Total, un anhelo que requiere del concurso de todos los colombianos; sin distinción alguna, pues de por medio está la suerte de las generaciones actuales y venideras. La violencia no puede seguir siendo una opción para resolver conflictos o para generar las oportunidades de desarrollo que el Estado está en la obligación de propiciar para crear el bien común de todo el país”, se puede leer en el primer punto, de cinco, del comunicado de las estructuras armadas ilegales de Medellín.
En el comunicado, que ventila las intenciones de los voceros de estos grupos armados ilegales que están presos en la cárcel La Paz de Itagüí, también se puede leer que las consecuencias de la declaración de la suspensión de “todo tipo de hostilidades, confrontación o disputas” serán evidentes y verificables por la ciudadanía y las autoridades. Señalaron, además que “tales efectos se han empezado a evidenciar en la reducción de algunos indicadores significativos en la inseguridad del territorio”, advirtiendo que este cese de hostilidades “habrá de impactar en el comportamiento de fenómenos como los homicidios y el desplazamiento forzado interurbano”.
En otro punto del comunicado reiteran su disposición “para coadyuvar en la lucha contra amenazas sobre toda la sociedad, como la producción, comercialización y consumo de drogas químicas como el fentalino y la heroína”. Sobre esto último aclararon que, “nada tenemos que ver con su presencia en nuestro medio”.
El comunicado concluye con un llamado a las autoridades para que “con nuestro concurso prevengamos el involucramiento de los menores, niños, niñas y adolescentes de Medellín y el Valle de Aburrá en estructuras ilegales y actividades delincuenciales”.