Corte Suprema de Justicia eligió nueva magistrada pero continúa sin la terna completa

Durante el jueves 27 de abril la Corte Suprema de Justicia –CSJ– eligió como nueva magistrada de la Sala de Casación Laboral a Clara Inés López, nariñense de nacimiento y abogada de profesión que llegó en reemplazo del togado Jorge Luis Quiroz, quien falleció el 30 de enero de 2022 y cuya posesión se efectuó en 2016.

De acuerdo con el alto tribunal, López se estaba desempeñando como magistrada de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pasto. Previamente, fungió también como togada de los tribunales de Santa Marta y Medellín.

La elección de la magistrada se llevó a cabo ocho meses después de la publicación de la lista de candidatos (agosto de 2022). Incluso, al máximo tribunal le falta por llenar dos vacantes, una en la Sala Civil, anteriormente ocupada por Álvaro Fernando García, y otra en la Sala Penal que dejó Patricia Salazar. Ambos culminaron sus periodos en marzo de 2022. Los listados para encontrar a sus reemplazos se dieron a conocer ese mismo mes y a la fecha no se han nombrado los nuevos magistrados.

De acuerdo con El Tiempo, ambos listados en poder de cada una de las salas; pero si bien están compuestas por 10 nombres cada uno, los magistrados no han logrado ponerse de acuerdo para escoger a un magistrado por instancia. una vez se logre esta fase, le corresponderá a la Sala Plena hacer la votación. Todo este proceso debe realizarse pronto, pues se deben tener en cuenta dos aspectos que podrían dejar más huecos en la Corte.

Por un lado, en 2024 terminan su periodo Luis Alfonso Rico Puerta y Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo de la Sala Civil, mientras que en la Sala de Casación Laboral abandonarán Gerardo Botero Zuluaga, Fernando Castillo Cadena y Luis Antonio Hernández. Por el otro, José Francisco Acuña, de la Sala Penal, saldrá en los próximos días por motivo de edad. En ese orden, esa dependencia solo quedaría con siete magistrados aun cuando debería tener nueve.

El sábado 22 de abril, el alto tribunal determinó que los narcotraficantes que quieran acogerse a la figura de ‘gestores de paz’ y tengan orden de extradición tendrán que pagar sus condenas en los países que los requieren.

Dicha decisión fue tomada tras analizar el caso de Harold Antonio Ayala, capo integrante de la banda Los rastrojos costeños acusado de los delitos lavado de activos y concierto para delinquir.

El narco expuso que quería pertenecer a la política de paz del Gobierno nacional. En ese sentido, buscó las formas para ser avalado como gestor de paz; sin embargo, la Corte rechazó esa pretensión y dejó claro que los colombianos sindicados por narcotráfico no podrán acogerse a esa medida y obligatoriamente tendrán que ir a Estados Unidos (o las naciones que los requieran) si son solicitados en extradición.

De acuerdo con la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, el implicado habría participado junto a otros de sus socios criminales para contrabandear alcaloides y, con el dinero obtenido, participó en otras actividades ilegales. En ese sentido, los juristas estadounidenses le pidieron a la Sala Penal de la Corte Suprema de Colombia para que avale el proceso y que no fuera extraditado. Dicha solicitud ya había sido avalada por la Cancillería, entidad que aseguró que el delincuente cumplía con los requisitos para ser extraditado.