En Buenaventura el conflicto armado no desaparece. Sus habitantes viven entre la zozobra y el miedo por el actuar de los grupos armados ilegales.
Indígenas y comunidades afros están a merced de las bandas herederas del paramilitarismo y del narcotráfico. Además de la extorsión, pobreza, desempleo, reclutamiento forzado, homicidios, abusos sexuales y desapariciones que rondan en los barrios del puerto más importante del Pacífico colombiano.
Dos de las bandas ilegales que hacen presencia en Buenaventura son Los Shottas y Los Espartanos, que desde meses atrás acordaron una tregua en sus actividades, la cual fue suspendida porque alias Super, que hace parte de Los Shottas y lideraba el pacto de no agresión, desapareció el 9 de abril.
Sin embargo, la oficina del Alto Comisionado para la Paz emitió un comunicado, el miércoles 26 de abril, en el que señaló que ambos grupos ilegales renovaron “el Pacto por la vida en Buenaventura”.
“Con mucha esperanza anunciamos que, el día de ayer (25 de abril), el alto nivel de los grupos armados Shottas y los Espartanos renovaron el Pacto por la Vida acordado en septiembre del 2022″, inició así el comunicado compartido.
De acuerdo con la entidad nacional, ambos grupos llegaron a los compromisos de no matar, no desaparecer, no torturar y evitar confrontaciones armadas con la fuerza pública.
“Ratificaron también el Pacto por la Vida, que implica la no agresión entre los miembros de ambos grupos y la eliminación de las fronteras invisibles entre barrios, que se habían vuelto a imponer en las últimas semanas en la ciudad e impedían el libre tránsito de los ciudadanos”, agregó la entidad que está en cabeza de Danilo Rueda.
A renglón seguido, la oficina del Alto Comisionado para la Paz reconoció el valor de algunas personas privadas de la libertad que, siendo ajenas a los grupos armados, han apoyado la propuesta del Pacto por la Vida en Buenaventura.
“Facilitando así la renovación del compromiso de Espartanos y Shottas a lo largo del proceso de refrendación de este Pacto por la Vida estuvieron organismos multilaterales y miembros del cuerpo diplomático acreditado en Colombia en calidad de testigos”, se lee en el comunicado.
En el comunicado también se señaló que el presidente Gustavo Petro ha impartido órdenes precisas para acelerar la intervención integral del Gobierno nacional en Buenaventura, “enfrentando con programas institucionales las raíces de la profunda desigualdad que históricamente ha sometido a la comunidad bonaverense” se destacó en el texto.
En Buenaventura, el Registro Único de Víctimas de la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas (UARIV) da cuenta de 296.685 víctimas durante el conflicto armado, de estas 2.180 serían de desapariciones forzadas. El Centro Nacional de Memoria Histórica, en el informe “Buenaventura un puerto sin comunidad”, registró 475 personas desaparecidas forzadamente entre los años 1996 y 2013.
Todas esas estadísticas quedan en meros subregistros. Números que no dan cuenta de la guerra que viven las comunidades negras del país.
Por último, la Oficina del Alto Comisionado de Paz anunció que seguirá presente de manera permanente en la ciudad, apoyando el fortalecimiento del trabajo comunitario y haciendo las consultas diagnósticas que permitan informar la formulación de políticas públicas que vayan de la mano con los sueños de vida que tienen los habitantes de Buenaventura.
“El logro del día de ayer alimenta la esperanza y nos acerca a la ciudad en paz que todos y todas queremos. En las próximas semanas se instalarán los mecanismos de participación en el proceso de paz urbana y el espacio de discusión socio-jurídica para la paz que posibilitarán la reconstrucción del Estado social y ambiental de derecho en Buenaventura”, enfatizó la entidad.
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